Por Hugo Che Piu
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El Gobierno y el Congreso buscan aprobar el presupuesto público más grande de la historia del Perú. Esto nos haría pensar que prevé destinar más recursos públicos, incluido para los temas ambientales. Sin embargo, esa no es la realidad para instituciones claves como el SERFOR y el OEFA, que verán el 2024 sus presupuestos reducidos en comparación con el 2023. Por ello queremos llamar la atención de todas y todos los peruanos, en especial, los Congresistas de la República, a fin de asegurar que el presupuesto responda coherentemente a la necesidad de conservar sosteniblemente el ambiente.
A pesar que el presupuesto del 2024 también muestra el mayor incremento nominal, pasa completamente lo contrario con el presupuesto del sector agrario, pero peor aún el presupuesto del ente rector del sector forestal y de fauna silvestre: el SERFOR.
Los bosques y la fauna silvestre fueron apenas mencionados por el MIDAGRI en su exposición ante el Pleno del Congreso de la República. A pesar que la visión del sector agricultura presentada menciona la “resiliencia al cambio climático”, los bosques (sector clave en la lucha peruana contra el cambio climático) afrontan el mayor recorte presupuestario de todo el sector.
Según la presentación del MIDAGRI se prevé una reducción de presupuesto de 18% del SERFOR, pasando de 151 millones de soles de 2023 a solamente 109 millones para el 2024. En el mayor presupuesto público de la historia del Perú, el presupuesto del ente rector del sector forestal ni siquiera crece por inercia, sino que muestra la mayor reducción de todo el sector agrario. No hay forma de ser resilientes al cambio climático, si debilitamos al ente rector del sector involucrado principalmente con la mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero, asignándole un menor presupuesto.
Parte de esa incomprensión del sector también se vio en la intervención del Defensor del Pueblo, quien manifestó su preocupación por los cultivos alternativos al sembrío de coca, diciendo que 200 mil agricultores no podrían exportar a la Unión Europea, haciendo alusión a un proyecto de ley que pretende decir que la deforestación ilegal no fue deforestación ilegal, y así intentar burlar la regulación europea, que solo permitirá la importación de los productos obtenidos en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
Es muy preocupante que en la discusión del presupuesto nacional el Defensor del Pueblo abogue por una norma que pone en riesgo no solo los bosques sino la imagen del país, ¿queremos ser recordados como el país que modificó sus leyes para pretender decirles a los europeos que la deforestación no es deforestación?
Durante la presentación del MINAM se señaló que para el 2024, a pesar de tener previsto “efectuar modificaciones presupuestales para incrementar el número de Entidades supervisadas”, se esperaba reducir la meta de entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental.
Así, la meta se reduce a 1 825, una reducción en comparación con lo previsto para el 2023: 1,981. Ello guarda relación con la reducción de presupuesto de apertura del OEFA para el 2024 a 252 millones (según la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo), lo que es una reducción de 15 millones de soles, en comparación con los 267 millones que tuvo al empezar el 2023 (de acuerdo con la información del portal Consulta Amigable de transparencia económica del MEF).
Paralelamente a esa reducción de presupuesto y posible accionar en la supervisión y fiscalización ambiental, se proyecta un incremento en la ambición de la meta de compromisos de inversiones como consecuencia de las certificaciones de instrumentos de gestión ambientales emitidos por el SENACE para el 2024: 8 089 millones de US$, que es casi un 25% más ambiciosa que la meta del 2023, que fue de 6 010 millones de soles. Y eso sin considerar que en lo que va del año, según el propio MINAM, ya ha superado los 21 471 millones de soles. Y para eso sí hay un aumento al SENACE, que iniciaría el 2024 con un presupuesto de apertura de 49 millones de soles, superior en comparación con los 43 millones que tuvo el 2023.
En conclusión, si queremos promover inversiones sostenibles, no basta con tener la capacidad de evaluarlas correcta y oportunamente, también hay que incrementar la capacidad para supervisarlas y fiscalizarlas de manera efectiva y eficiente. Con mejores y mayores capacidades tanto en la certificación, supervisión y fiscalización, se pueden resolver los casos de manera más rápida y con mayor calidad, pero lo más importante, sin menoscabo del derecho a un ambiente sano.
Señores y señoras congresistas, aún estamos a tiempo.