El 21 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó por unanimidad que los delitos ambientales más graves, conocidos como “ecocidios”, sean condenados por la legislación de la Unión Europea, con lo que se pretende que estos sean incluidos en la Directiva de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, de tal forma que, los 27 países miembros de la Unión Europea, adopten en sus legislaciones el delito de ecocidio.
El “ecocidio” de acuerdo al texto aprobado por el parlamento europeo, es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente. Es decir, un acto u actos que causen un grave daño al ambiente, que sea extenso en territorio y/o duradero, ya sea irreversible o necesite muchos años para ser corregido. No se refiere a cualquier delito ambiental, sino que tiene un grado mayor de daño.
En el Perú, el caso Repsol, encaja perfectamente en el concepto de ecocidio. Una misión de expertos de Naciones Unidas calculó que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central de seis a diez años, por lo que ha sido catalogado como el “peor desastre ecológico” de este siglo en nuestro país.
Si bien cada país tiene sus propios retos, a todos nos une el desafío que traspasa fronteras y nos toca a todos superar: el desafío ambiental. Al igual que ocurrió con el genocidio y con los crímenes de lesa humanidad en el siglo anterior, la comunidad internacional hoy enfrenta a una amenaza grave, un tipo de daño que transgrede las legislaciones existentes y que afecta a todos los que habitamos este planeta.
Es la primera vez que el parlamento europeo acuerda la inclusión de una definición de este tipo en un texto legislativo. Pero aún falta que el Consejo Europeo y la Comisión Europea, estén de acuerdo con la propuesta realizada por el Parlamento. En los próximos meses, representantes de cada una de las tres instituciones entablarán un proceso de consulta conocido como las negociaciones del “Trílogo”, para acordar su inclusión en la Directiva de la Unión Europea sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal.
El reconocimiento del “ecocidio” a nivel europeo tendría una importancia mundial, ya que, todos los Estados miembros de la Unión Europea estarían obligados a incorporar este nuevo delito en su legislación nacional y, dado que los mismos constituyen más del 20% de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional, sería un paso decisivo hacia el reconocimiento internacional del crimen de “ecocidio”.