Sofía Salas, Programa Sostenibilidad de DAR

En los últimos años, los incendios forestales han mostrado un incremento sostenido, dejando de ser una emergencia aislada para convertirse en una crisis estructural que amenaza nuestra biodiversidad, la salud y los medios de vida de la población. Los análisis de la última década demuestran que los incendios forestales mantienen una preocupante tendencia creciente y que ha significado la pérdida de 2,6 millones de hectáreas a nivel nacional, una extensión equivalente a diez veces el tamaño de Lima Metropolitana (Red Map Biomas Perú, 2025).

Los incendios forestales ahora son más destructivos que hace 20 años. El cambio climático y las anomalías térmicas (como el fenómeno de El Niño y La Niña) provocan sequías más largas y severas, lo que genera que los bosques húmedos se conviertan en material de rápida combustión. Especialmente, el 2024 fue un periodo crítico para la Amazonía: el Perú registró la tercera mayor pérdida de bosques amazónicos a nivel regional, con un área afectada que se aproxima a las 47 574 hectáreas, duplicando las 20 420 hectáreas del 2023. El impacto se ha intensificado durante la época seca, desde septiembre a noviembre, el trimestre de mayor riesgo del año (Sono Alba & Nogueira Do Vale Costa).

Esta situación podría ser un punto de quiebre en el 2026 frente al fuego, dados los impactos del cambio climático, asociados al incremento en la frecuencia y severidad de eventos extremos, como las fuertes sequías desde los últimos años. Según datos oficiales del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2024), el 98% de estos siniestros son provocados por factores humanos, la evidencia señala que en el 2024, cerca del 34% de las quemas ocurrieron en “mosaicos agropecuarios”.  Entre las principales causas destacan la expansión de frontera agropecuaria (agricultura y ganadería), la expansión urbana, la minería ilegal, tráfico de tierras e incluso en ciertas prácticas culturales relacionadas a la presencia de lluvias.

Esta situación no solo describe un problema ambiental, nos plantea preguntas directas sobre la responsabilidad del Estado, la coherencia con las políticas públicas como la del sector agrario y la protección de pueblos indígenas para comunidades locales.

Históricamente, las acciones de las entidades públicas han sido reactivas y débilmente articuladas, con insuficientes recursos para apoyar las acciones de los bomberos voluntarios. Como sucedió en el 2024, donde los incendios forestales dejaron víctimas mortales, el gobierno declaró estado de emergencia en las regiones más golpeadas (Ucayali, San Martín y Amazonas).

Los esfuerzos institucionales se han enfocado en fortalecer la institucionalidad con la aprobación en el 2025, del Plan Multisectorial ante Incendio Forestales 2025 – 2027 (Decreto Supremo N° 010-2025-PCM), que incorpora como parte de los objetivos, la reducción de la vulnerabilidad bajo un principio de prevención. Asimismo, ha logrado avances en el monitoreo para la emisión de alertas tempranas de focos de calor a través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -SIGRID, administrados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres -CENEPRED, así como del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas -SERNANP, que ha implementado brigadas de Guardaparques Bomberos Forestales para una respuesta rápida frente a los incendios forestales en las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

Sin embargo, aún está pendiente abordar aspectos estructurales relacionados, como la normativa que sanciona la generación incendios como único aspecto de atención del problema del uso del fuego como parte de las prácticas locales, dejando de lado la prevención y el manejo integral del fuego. Este último, permitiría integrar las necesidades y conocimientos tradicionales de las comunidades para la prevención comunitaria y también promover alternativas sostenibles al uso del fuego.

Ante la urgencia de acciones concretas, la sociedad civil asume compromisos activamente a través de iniciativas como el Wildfire Action Accelerator Pledge (Compromiso para acelerar la acción contra los incendios forestales) , impulsado por el Fondo de Defensa Ambiental -EDF, en articulación con aliados estratégicos como Derecho Ambiente y Recursos Naturales -DAR, con el objetivo de fortalecer la gobernanza del fuego en regiones tropicales mediante enfoques preventivos. Por ello, desde DAR y EDF compartimos el sentido de urgencia de construir y avanzar con la implementación de una hoja de ruta con pasos claros y concretos para la transición hacia un Manejo Integral del Fuego, basado en el diálogo técnico que recoja los aprendizajes y propuestas que consoliden una herramienta viable para implementar acciones colaborativas en la Amazonía peruana con la meta de abordar soluciones reales integrando experiencias nacionales e internacionales, saberes indígenas y mecanismos de gobernanza multinivel. 

  1. https://peru.mapbiomas.org/2025/10/29/en-el-peru-la-superficie-quemada-en-12-anos- es-diez-veces-mayor-que-la-extension-de-lima-metropolitana/ 
  2. https://peru.mapbiomas.org/2025/10/29/en-el-peru-la-superficie-quemada-en-12-anos-es-diez-veces-mayor-que-la-extension-de-lima-metropolitana/
  3. https://es.mongabay.com/2025/07/incendios-forestales-afectaron-millones-hectareas-amazonia-2024/
  4. https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/74228-recomendaciones-para-evitar-incendios-forestales
  5. https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/619348-el-95-de-los-incendios-forestales-son-provocados-por-causas-humanas
  6. https://www.youtube.com/watch?v=h5Lae64jOf8
  7. https://www.swissinfo.ch/spa/los-incendios-forestales-dejan-21-muertos-desde-julio-en-per%C3%BA/87614417
  8. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7521879/6395418-plan-multisectorial-ante-incendios-forestales-2025-2027.pdf?v=1737500653
  9. https://sniffs.serfor.gob.pe/monitoreo/incendiosforestales/?view=hotspots
  10.  El Código Penal peruano en su Artículo 310, establece la sanción a los delitos contra los bosques con penas de 4 a 6 años de cárcel por provocar incendios, y según el Artículo 310-C, la condena puede elevarse de 8 a 10 años si el fuego afecta Áreas Naturales Protegidas o territorios indígenas. El Artículo 273 del mismo código castiga hasta con 10 años de prisión a quien genere un peligro común para la vida de las personas.
  11. https://www.edf.org/media/environmental-defense-fund-and-partners-launch-wildfire-action-accelerator-pledge-more