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La consulta previa es un derecho, no un mero trámite para adquirir un permiso, por lo cual no puede reducirse, en tanto afectaría las condiciones de diálogo intercultural.
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Gabinete liderado por Pedro Cateriano no obtuvo voto de confianza, pero las medidas propuestas para destrabar y acelerar inversiones continúan en cartera y varias en implementación.
Foto: Congreso de la República
Lima, 5 de agosto de 2020.- Este último martes, el Congreso de la República negó la confianza al gabinete de ministros liderado por Pedro Cateriano tras un discurso lleno de propuestas dirigidas a acelerar procedimientos administrativos y normativos en el sector extractivo para reactivar la economía, entre ellas, reducir por lo menos en seis meses los procesos de consulta previa para los pueblos indígenas.
“También resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso, reafirmando además el compromiso del Estado con nuestros pueblos indígenas”, afirmó Cateriano en el marco de sus anuncios en minería e hidrocarburos.
Frente a ello, la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que hoy más que nunca, es necesario priorizar la vida, y pensar en la salud de todos. En ese sentido, toda política, y con mayor razón las dirigidas a una reactivación económica deben ajustarse a la lucha contra la COVID-19, y a la protección de los derechos de todos, y en este caso, de los pueblos indígenas. Virtualizar la consulta es continuar instrumentalizándola para no cumplirla, pensando y priorizando proyectos de inversión y no un plan de inversión para atender, proteger y mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas frente a esta pandemia. Esto último, ausente en el discurso del gabinete.
Asimismo, el marco legal sobre consulta previa, a través de su ley y reglamento, ya establece una duración de 120 días para una consulta previa. En los ocho años en que se viene implementado consultas previas en nuestro país, aún existen pendientes y limitaciones sobre la cantidad y calidad de información que se entrega en las etapas informativas. Existen también desafíos para que el diálogo y la facilitación arriben a acuerdos, y para que se monitoree y logren cumplir. Por todo ello, el recorte de tiempo propuesto representaría una seria limitación adicional para el cumplimiento del derecho a la consulta y demostraría nuevamente que se busca “agilizar” inversiones sin un análisis real de la problemática de la consulta previa en el Perú.
“El derecho a la consulta previa hay que fortalecerlo, no debilitarlo. Al proponer su reducción en tiempo, se consolida la idea de la consulta como un trámite más para obtener un permiso, y no como un derecho. Se deben fortalecer e invertir en condiciones metodológicas y políticas para propiciar un diálogo intercultural real, en igualdad de condiciones, y que se cumplan plenamente los acuerdos y todo lo incluido en el acta final. Sin embargo, desde el gobierno, el mensaje es el contrario”, destaca Diego Saavedra, especialista de DAR.
Otra vez la consulta
Cabe recordar que apenas unas semanas atrás la Ministra de Economía planteaba realizar consultas previas virtuales en la misma línea de agilizar trámites, a pesar de que dicha modalidad no permitiría cumplir con el criterio de interculturalidad que debe tener este proceso. Y sin tomar en cuenta las grandes brechas digitales que afrontan las comunidades amazónicas y campesinas, dando el Ejecutivo marcha atrás en esta propuesta tras diversos pronunciamientos y acciones de organizaciones indígenas nacionales rechazando dicha propuesta.
La consulta incompleta
Lejos de resquebrajar este derecho, el nuevo Gabinete que se elija no debe permitir que haya excepciones para la aplicación de este derecho, tales como la excepción de consulta en servicios públicos, como carreteras, establecida en la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta previa.
El nuevo Gabinete no debe asumir el derecho a la consulta como un simple trámite para la obtención de permisos, sino implementarlo como el derecho fundamental para los pueblos indígenas, y una oportunidad de diálogo intercultural pleno. Diálogo, que en estos tiempos de emergencia es fundamental para dar viabilidad a las iniciativas de atención y reactivación con derechos, en todo los sectores de la sociedad.