Paloma Cotrina – Programa Amazonía
La influencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe ha sido estratégica para la implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura, así como en el apoyo a políticas, planes y programas. En los últimos 5 años se han implementado 497 proyectos enfocados en reformas y modernización del Estado, por un monto de US$ 60,135.74 millones[i].
De esta manera, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento de América Latina y el Caribe. Su participación contribuyó considerablemente para combatir la crisis sanitaria y social generada por la pandemia, ya que ha desembolsado US $16.88 miles de millones en 274 proyectos en la región, que beneficiarán al sector público y privado, siendo la institucionalidad y la salud los principales sectores priorizados. En cuanto al Perú, ha recibido financiamiento para implementar 13 proyectos en el marco de la pandemia, obteniendo un monto que asciende a los US $815 millones.
En esa línea, el BID también ha venido cumpliendo un rol importante en la implementación de proyectos que se realizan en el marco de tratados internacionales, como el Pacto de Leticia por la Amazonía. Este pacto fue suscrito en 2019 por nuestro país en conjunto con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam como resultado de la Cumbre Presidencial convocada por Colombia y Perú ante la grave situación ambiental provocada por los incendios producidos en la región amazónica en agosto del mismo año. Así, se busca fortalecer la lucha contra la deforestación y establecer los mecanismos para enfrentar a las bandas criminales transnacionales que arrasan con la selva amazónica[ii].
Por acuerdo de los países, el BID es el principal financista de los proyectos que se realizan en los países de la Amazonía ya que formula, implementa y administra la Iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible y Bioeconomía para la Amazonía y su instrumento financiero, el Fondo Multidonante.
Cabe resaltar que los países miembros señalan que buscan fomentar proyectos de desarrollo sostenible, promoviendo la conservación y adoptando medidas de prevención de delitos en la Amazonía. Sin embargo, el Pacto no ha sido elaborado tomando en cuenta la participación de los pueblos indígenas, quienes habitan y protegen la Amazonía, por lo que no es una garantía para el respeto de derechos indígenas y no recoge la situación actual de la Amazonía.
Por todo ello, desde su posición de principal financista, el BID debe proponer e impulsar que en el marco del Pacto se tomen en cuenta a las comunidades indígenas, la comunidad científica y a la sociedad civil, mediante espacios de participación para la toma de decisiones y construcción de procesos conjuntos. Además, debe supervisar la correcta aplicación de sus salvaguardas ambientales y sociales, sobre todo las referidas a pueblos indígenas. De lo contrario, se seguirán ejecutando proyectos que atenten contra los derechos humanos.
Finalmente, debemos recordar que la protección, conservación y defensa de la Amazonía está en nuestras manos. De nosotros depende impulsar a nuestras autoridades a cumplir con la legislación nacional e internacional e implementar las buenas prácticas para lograr acciones de desarrollo sostenible que sean favorables para todos los sectores.
[i] Banco Interamericano de Desarrollo. Proyectos del BID. Disponible en: https://www.iadb.org/es/proyectos
[ii] Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (2021). Documento Informativo de la Sociedad Civil sobre el Pacto de Leticia por la Amazonía.