Diálogo Multiactor por la Protección de la Amazonía y las personas defensoras ambientales y del territorio

Organizaciones indígenas de Junín, Ucayali, Huánuco y Loreto, con el apoyo técnico de DAR, presentaron ante el Estado, la cooperación internacional, el sector privado, la Iglesia católica y la sociedad civil ocho propuestas para proteger a las personas defensoras frente a amenazas como la minería ilegal y otras economías ilícitas.

El jueves 5 de noviembre, la sede de la Delegación de la Unión Europea en el Perú acogió el diálogo multiactor “Minería ilegal y economías criminales en la Amazonía: del territorio a la cadena del delito”, en el cual participaron líderes y lideresas indígenas de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) de Junín; de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) con presencia en Ucayali, Huánuco y Loreto; y de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) de Loreto.

Con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), las delegaciones expusieron la situación de sus territorios y un conjunto de propuestas ante funcionarios del Estado peruano, representantes de las embajadas de países de la Unión Europea, del Reino Unido y de Canadá, el sector privado, la Iglesia católica y la sociedad civil.

El encuentro hizo un llamado a sumar esfuerzos frente al incremento de los delitos ambientales y economías criminales en los territorios amazónicos, encabezados por la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. El Excmo. embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, señaló: “La Unión Europea cree firmemente que escuchar a los territorios desde la diversidad de los actores es indispensable. Las comunidades no sólo denuncian el problema, también están construyendo respuestas. Nuestra tarea, como socios, es ayudar a que esas respuestas no queden aisladas, sino conectadas entre sí y con instituciones eficaces, con justicia accesible y con compromisos concretos. Porque proteger a quienes defienden la Amazonía no es solo proteger a personas en riesgo. Es defender la legalidad y el futuro de un territorio decisivo para el Perú y para el mundo”. 

A este mensaje se sumó Aleisha Arnusch, gerente del programa política-economía de la Embajada de Canadá: “Destacamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades estatales para hacerle frente a las economías ilegales: nuestro apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos ha permitido implementar el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y fortalecer al sector justicia en materia de investigación criminal”.

Un riesgo con base económica

Entre 2019 y septiembre de 2026, el Registro sobre situaciones de riesgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) contabilizó 639 situaciones que involucraron a 934 personas defensoras. El 68% de ellas está vinculado a economías ilícitas, principalmente la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico(1). Se trata de economías de gran escala: según el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, el oro ilegal, la cocaína, el contrabando y la tala ilegal generarían en el país alrededor de USD 7,500 millones al año, de los cuales unos USD 4,600 millones corresponderían solo al oro ilegal (2).

A ello se suma la impunidad. De 40 casos de asesinato de personas defensoras ambientales ocurridos entre 2013 y 2024, solo 7 cuentan con sentencia condenatoria, incluidas las dictadas en 2026 por los crímenes de Quinto Inuma Alvarado y Roberto Carlos Pacheco, ambas en primera instancia (3).

Las demandas de los territorios

Las delegaciones indígenas detallaron las demandas específicas de sus territorios:

• CARE (Selva Central, Junín): alertó sobre la expansión del narcotráfico en la cuenca del río Ene y pidió instalar y fortalecer con urgencia una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Satipo, una zona que, según recordó la organización, lleva más de 20 años en estado de emergencia por el narcotráfico.
• ORAU (Ucayali, Huánuco y Loreto): sostuvo que la seguridad jurídica del territorio no es un trámite administrativo, sino una condición para la protección: “no hay protección de defensores si no defendemos el territorio”. Pidió presupuesto estatal para titular de inmediato a las comunidades ubicadas en zonas de riesgo y que no se otorguen concesiones ni permisos forestales superpuestos a sus tierras.
• CONACCUNAY (cuenca del Nanay, Loreto): advirtió que el avance de la minería ilegal expone a contaminación por mercurio a cerca de medio millón de personas que dependen del río Nanay, principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos. Pidió medidas de protección para quienes enfrentan amenazas y un control estricto para no otorgar más concesiones mineras en sus ríos. Recordó, además, que la vigilancia de sus Organizaciones Locales de Vigilancia (OLV) ha logrado frenar la minería ilegal en algunas comunidades.

Una respuesta estatal que necesita articularse

Uno de elementos del diagnóstico sobre la atención a los defensores y defensoras fue la fragmentación de la respuesta estatal: el MINJUSDH, las fiscalías de derechos humanos y contra el terrorismo, las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y las fiscalías contra la criminalidad organizada (FECOR) suelen operar como “ventanillas aisladas”, sin compartir información desde el inicio de la investigación. Ante este diagnóstico, representantes de distintas entidades expusieron sus avances y desafíos:

• Ministerio Público: la representante de las fiscalías ambientales reconoció la complejidad de investigar a organizaciones criminales y destacó que, desde mayo de 2025, funciona un grupo de fiscales coordinadores encargado de diseñar estrategias conjuntas entre las fiscalías especializadas y de abordar la conexión entre los delitos ambientales y otros delitos.
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: destacó la coordinación con los Ministerios del Ambiente, Interior y Desarrollo Agrario; además, explicó que el Mecanismo Intersectorial se implementa de manera descentralizada mediante mesas regionales en Ucayali, Amazonas, Junín y Huánuco, con la entrega de kits de seguridad y equipos de comunicación. 
• Poder Judicial: mencionó el impulso de una comisión para coordinar estrategias con las FEMA. Señaló que estos esfuerzos serán insuficientes sin juzgados especializados en materia ambiental en regiones críticas como San Martín y Madre de Dios, y destacó los planes piloto desarrollados en Huánuco para establecer criterios de protección.

Adicionalmente, Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, subrayó que el Estado y la sociedad civil deben partir por escuchar y creer en las propuestas que nacen desde los territorios, no solo al diseñar propuestas normativas, sino también desplegar mecanismos participativos y permanentes para implementarlas. Reafirmó, además, el acompañamiento permanente de DAR a CARE, ORAU y CONACCUNAY, organizaciones que constituyen “la primera línea de defensa” frente al avance de las economías ilícitas.

Ocho propuestas para una respuesta articulada

Para avanzar hacia una protección efectiva de las personas defensoras, las delegaciones y DAR presentaron ocho propuestas técnicas y normativas, desarrolladas en el documento de trabajo que sirvió de base al diálogo (4):

1. Protección colectiva con rango de ley: dar rango de ley a un sistema de protección preventivo, colectivo y territorial, con financiamiento multianual y plazos de atención en horas ante riesgos inminentes.
2. Persecución articulada: establecer un criterio de articulación entre las fiscalías de derechos humanos y contra el terrorismo, FEMA y FECOR, con intercambio de información desde el inicio de la investigación, para seguir la logística y el dinero de las redes criminales.
3. Marco normativo y formalización minera: evaluar los efectos de las Leyes Nos 32108 y 32138 sobre la persecución del delito, garantizar el cierre del REINFO al 31 de diciembre de 2026 e incorporar en la futura Ley MAPE salvaguardas territoriales y la trazabilidad de toda la cadena del oro.
4. Información interoperable: cruzar el Registro de situaciones de riesgo del MINJUSDH con GEOBOSQUES, el catastro minero, el REINFO y las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para anticipar el riesgo, con reserva de la identidad de quienes denuncian.
5. Vigilancia indígena reconocida: reconocer normativamente a las guardias y comités de vigilancia comunitaria, con respaldo logístico, un protocolo para recibir y valorar la evidencia que recogen y garantías frente a su criminalización.
6. Seguridad jurídica territorial: asignar presupuesto específico para la titulación y el saneamiento físico-legal de comunidades en zonas de alto riesgo, sin otorgar derechos a terceros sobre territorios en trámite.
7. Justicia que llega al territorio: aprobar los lineamientos policiales de protección de personas defensoras, pendientes desde 2021; habilitar despachos y juzgados itinerantes con intérpretes, y crear canales de denuncia seguros para mujeres defensoras.
8. Control político y transparencia: conformar un grupo de trabajo parlamentario sobre economías ilícitas en la Amazonía, dar seguimiento al presupuesto del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos y transparentar el origen de los fondos en el financiamiento político, para prevenir la infiltración de capitales ilícitos.

La amenaza contra una persona defensora rara vez es un hecho aislado; por el contrario, es la señal visible de una economía ilícita que ya opera en el territorio. Proteger a las personas defensoras exige, por eso, algo más que medidas individuales. Exige pasar de una respuesta reactiva a una preventiva, colectiva y territorial, y exige pasar de una persecución, que suele  detenerse en el eslabón más débil de la cadena ilegal y pasar a una que siga la logística y el dinero de las redes criminales. DAR y las organizaciones indígenas participantes incorporarán los aportes recibidos en este diálogo multiactor a fin de fortalecer el mencionado documento de trabajo; y continuarán el diálogo con cada sector para que estas propuestas se traduzcan en decisiones concretas y en políticas públicas implementadas que impacten positivamente en los territorios, en la protección de las personas defensoras y del ambiente. 

 

Referencias: 

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026). Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, corte a septiembre de 2026.
2. Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y Empresarios por la Integridad. (2025, junio). Estimación de ingresos de economías ilegales y capacidad de financiamiento de campañas electorales. Ventas anuales estimadas: oro ilegal, USD 4,600 millones; cocaína, USD 2,200 millones; contrabando, USD 600 millones; tala ilegal, USD 78 millones.
3. ABA Centro de Derechos Humanos. (2026, junio). Informe sobre el monitoreo de las situaciones de violencia y asesinatos contra defensores del medio ambiente en Perú (2013-2024). American Bar Association; Ministerio Público. (2026, 24 de agosto). Ministerio Público logra condenas de hasta 35 años por asesinato de líder indígena Quinto Inuma Alvarado; Mongabay Latam. (2026, septiembre). Perú: dictan cadena perpetua para cuatro personas por crimen de defensor ambiental, pero la pena aún no será efectiva.
4. Quispe, C. (2026). Economías ilícitas y personas defensoras en la Amazonía peruana: diagnóstico territorial, factores agravantes y propuestas técnicas para una respuesta estatal articulada. DAR.