Lima, 11 de marzo de 2022.- Diversos especialistas se dieron cita este martes 22 de febrero en el Diálogo Interregional sobre la implementación de los mejores estándares en transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos naturales, organizado por International Senior Lawyers Project (ISLP), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabue (ZELA).
Lee DeHihns, miembro del directorio internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y voluntario en ISLP, abrió el conversatorio dando un contexto general sobre la situación de las industrias extractivas y refiriendo que, ante los impactos que suelen generar sobre todo en los países en desarrollo, es fundamental entender cómo funciona el Estado de Derecho en cada país, la institucionalidad que lo sostiene y si está adecuadamente gestionado; así como reconocer el derecho de la ciudadanía a interponer quejas ante un Tribunal que se ciña a dicho Estado de Derecho.
A su turno, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional del EITI, dio cuenta de los desafíos urgentes para el Perú vinculados a esta iniciativa, tales como culminar la elaboración del Octavo Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas, para asegurar la continuidad de Perú en la Iniciativa.
Asimismo, Cueto resaltó que se “requiere una metodología para hacer públicos la información y los gastos del Estado y empresas en la gestión y uso de los recursos hídricos, así como aquellos vinculados al cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. Con ello se facilitaría la vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales, y la calidad de los mismos”.
“Por otro lado, como se ha corroborado en el caso del reciente derrame de petróleo que afectó la costa peruana, es urgente que el Estado y las empresas transparenten de manera oportuna y eficiente la información ambiental y social en situaciones de emergencia, ya que ello permite una mejor y más rápida respuesta”, agregó Cueto.
Además, Joyce Machiri, de ZELA, destacó de la experiencia de Zimbabue la importancia de que este país haya planteado tener un registro de beneficiarios reales (referidos a transparentar la identidad de quiénes se encuentran a cargo de las empresas extractivas), aunque -precisó- que su principal desafío es que actualmente no es público, excepto exista una orden judicial o un pedido de inteligencia financiera.
Frente a ello, Machiri subrayó que si el registro fuera público se facilitarían los pedidos de rendición de cuentas en casos de corrupción en el sector. Además, hizo un llamado al Estado de Zimbabue y a las organizaciones de la sociedad civil para lograr la adopción de la iniciativa EITI en dicho país.
Por otra parte, Gloria Majiga – Kamoto, de CEPA (Center for Environmental Policy and Advocacy) presentó la experiencia del EITI en Malaui, donde el inicio de la minería de Uranio trajo controversia en la ciudadanía, asì como el interés por generar mecanismos de participación y rendición de cuentas. En ese contexto surgió EITI como una herramienta para promover dichos principios, en el marco de la cual se empezaron a producir informes de conciliación donde se transparenta información del sector extractivo. “Ahora acabamos de producir un informe que cubre el periodo 2018-2019 y las informaciones fiscales del 2020, que es un paso adelante muy importante para nosotros”.
Frente a los desafíos que enfrenta la transparencia en el sector extractivo, los Estados y empresas deben abrirse a ampliar cada vez más el rango de información que hacen pública, en particular la referida a temas socioambientales, en aras de construir y fortalecer la confianza de la ciudadanía y lograr un sector cada vez más sostenible.