Por Diego Saavedra Celestino
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
En las últimas semanas, se dio a conocer que 32 de los 43 partidos políticos habilitados para las elecciones del 2026 fueron observados por el RENIEC por haber presentado irregularidades en las firmas en sus procesos de inscripción. Esto se agravó con revelaciones de afiliaciones indebidas, confirmadas por los propios ciudadanos. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones ha trasladado la información al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
A esto se suma una reciente encuesta de IPSOS para el diario Perú 21, donde el Poder Ejecutivo obtiene una aprobación de solo 2% a nivel nacional. Y, finalmente, los informes de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre enero y marzo de 2025, que registran que entre el 70 a 65% de la población tiene poco o nulo interés en la política, y en marzo, se indica incluso que en las regiones amazónicas el 41% se tiene interés nulo. En estas regiones habitan el 95% de los 55 pueblos indígenas identificados en el país.
Estos tres datos profundizan la necesidad de ampliar el debate sobre la viabilidad del modelo democrático en el Perú. Además, evidencian una enorme brecha entre la representación política y los incentivos para un ejercicio pleno del derecho a la participación política de la ciudadanía. De manera específica, si estos son los datos generales, ¿cómo impacta esto a poblaciones como los pueblos indígenas en el Perú?
En los últimos 25 años solo siete personas que se han identificado como parte de un pueblo indígena, han sido elegidas congresistas de la República; de ellas, solo una pertenecía a un pueblo amazónico.
Y en 15 años de existencia del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana; de 13 viceministros, solo 2 han sido indígenas, ello cuando la normativa electoral vigente exige una cuota de 15% de representantes indígenas para las elecciones municipales y regionales.
Sin embargo, estas candidaturas son colocadas al final de las listas. Por ejemplo, aunque en la región Huánuco hay 322 comunidades indígenas, hasta 2022 ningún alcalde o gobernador regional ha sido indígena.
Ello evidencia que, si bien el mecanismo de la cuota puede pensarse como incentivo para la participación política indígena en elecciones regionales y municipales, esto no refleja un incremento de la representación efectiva a través de autoridades electas, especialmente a nivel regional. En este devenir de desconfianza en la política institucional e indicadores concretos donde la participación de los pueblos indígenas es casi nula, ¿cómo promover la participación y el involucramiento en las decisiones que les afecta? ¿Cómo combatir el desinterés en la política, sobre todo, en sectores vulnerables de la población?
Según el censo del 2017, el 26% de la población nacional pertenece a un pueblo indígena, esto supone que deban existir políticas efectivas para salvaguardar los derechos de la cuarta parte del país. En esa línea, ¿cómo incentivar la participación política activa de los sujetos de estos derechos?
Una de las propuestas de AIDESEP pasa por tener 32 curules especiales. Dicha propuesta está basada en el número proporcional de 5’972.606 personas que se autoidentificaron como pertenecientes a un pueblo indígena en el Censo Poblacional del 2017. El Congreso se compone de un número de 130 representantes desde las elecciones del 2011, con dos curules especiales para peruanos en el extranjero desde la última elección.
Atender ello implicaría actualizar y adecuar la normativa electoral regional y municipal para fortalecer no solo la participación, sino promover el acceso efectivo a cargos de representación a nivel subnacional. Para tales fines, considerando que la brecha de representación es mayor en Consejos Regionales, el artículo 8 de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales, podría precisar que las consejerías asignadas a la cuota indígena sean ocupadas exclusivamente por candidatos indígenas, de acuerdo a la cantidad de votos válidos obtenidos por los mismos, y de la aplicación diferenciada de la cifra repartidora, en los casos que corresponda.
El Jurado Nacional de Elecciones, en 2017, presentó el proyecto de ley N° 2098/2017-JNE, “Proyecto de Ley para promover la Participación Indígena en Elecciones Regionales”, como resultado del consenso alcanzado con las organizaciones indígenas nacionales en el marco del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas. Sin embargo, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República archivó el proyecto.
Existe una propuesta común de AIDESEP y CNA que contempla la creación de una circunscripción electoral para los pueblos indígenas u originarios, a través de la modificación del artículo 21 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, considerando además que el sistema electoral deberá adecuarse a la Ley Nº 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, por lo cual resulta necesario contar con mecanismos para garantizar la representación efectiva de los pueblos en ambas cámaras del Poder Legislativo.
Bajo estas condiciones, el Senado estaría conformado por 60 escaños, de los cuales 27 corresponden a representantes de cada circunscripción electoral existente, y el resto sería elegido en distrito electoral único nacional, favoreciendo así a las zonas urbanas con mayor población, especialmente a Lima Metropolitana, lo cual se traduciría en una falta absoluta de representación de los pueblos indígenas en esta importante cámara.
Estos elementos sugieren un panorama preocupante para la democracia peruana, caracterizado por: Un electorado cada vez más apático y desconectado de los procesos políticos. Una creciente disposición a respaldar medidas autoritarias en busca de soluciones rápidas a problemas como la inseguridad.
Un camino es enfocarse en reconstruir la confianza pública mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de políticas que respondan efectivamente a las necesidades de la población. Las regiones con mayor presencia de economías ilegales, según informes de instituciones como DEVIDA u otros informes son amazónicas, donde precisamente la mayoría de la población es indígena. Su inclusión está amarrada a fortalecer el ejercicio de su derecho a la participación política.