- Aproximadamente 200 líderes y lideresas de comunidades indígenas de CARE, CORPI-SL y ORPIO fueron fortalecidas en el conocimiento de las herramientas normativas para la protección de personas defensoras; así como en el desarrollo de iniciativas propias de defensa territorial haciendo uso de tecnología para la vigilancia, monitoreo y denuncia ante organismos estatales.
- Se contribuyó con el diseño e implementación de las herramientas estatales para la prevención, protección y acceso a la justicia de personas defensoras, desarrolladas como parte de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
Tras dos años de ejecución, culminó el proyecto “Promoviendo el respeto de los derechos humanos ambientales y la protección de defensores y defensoras ambientales indígenas frente a actividades de grandes proyectos de infraestructura, actividades extractivas y actividades ilegales”, implementado en los ámbitos territoriales de las organizaciones indígenas CARE, CORPI-SL y ORPIO, bajo el liderazgo de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR y el apoyo financiero de la Unión Europea.
Esta iniciativa tuvo como objetivo promover el ejercicio de los derechos de las personas defensoras indígenas y ambientales de la Amazonía peruana ante las presiones territoriales identificadas y asociadas a economías ilícitas, formales y proyectos de infraestructura. Se logró fortalecer las capacidades de dirigentes, líderes y lideresas indígenas, así como la articulación con las instituciones del Estado, contribuyendo con el fortalecimiento del marco institucional y normativo vigente; especialmente, el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2021-JUS; así como el marco que contribuye con su implementación como la Ley 31405, sobre apoyo económico a hijos/as de personas defensoras, en situación de orfandad. También se contribuyó con su especialización, como se refleja en el Decreto Supremo N° 002-2022-JUS, que incorpora a DEVIDA en el Mecanismo, considerando la creciente presencia de focos de amenaza y ataques asociados a contextos de narcotráfico; y descentralización, a través de la creación de Mesas Regionales, como la de Ucayali, creada mediante Ordenanza Regional N° 002-2022-GRU-CR.
En esa línea, se logró impulsar reuniones de trabajo con el Estado, como la Mesa de Trabajo Multisectorial, llevada a cabo el 21 de octubre de 2022 en la sede del Ministerio de Cultura. Una de las propuestas a impulsar versa sobre la creación de una Mesa Regional en Junín sobre personas defensoras, monitoreada por la Defensoría del Pueblo; y, modificaciones normativas que contribuyan con la seguridad territorial de las comunidades nativas que sufren las invasiones asociadas a economías ilícitas.
Bajo lo antedicho, se sostuvo una reunión de aportes y reflexiones donde participaron representantes de organizaciones indígenas como Angel Pedro Valerio, presidente de CARE, y Eliane Shajian Shawit, vicepresidenta de CORPI-SL. Angel Gonzales, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Daniela Forte y Narcisa Vladulescu en representación de la Unión Europea; y, Vanessa Cueto, Iris Olivera y Carlos Quispe, representantes de DAR.
Iris Olivera destacó que uno de los logros del proyecto ha sido el fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas, que permitió no solo el conocimiento del mecanismo estatal de protección a defensores y defensoras, sino también su uso, y el desarrollo de iniciativas propias de autoprotección que buscan articularse con el marco institucional existente. Agregó que “potenciar la participación de mujeres ha sido algo que las organizaciones indígenas han valorado mucho, porque ha significado empoderarlas como lideresas y defensoras de sus pueblos, que constantemente son amenazados por actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala y el narcotráfico”.
Asimismo, Angel Pedro, presidente de CARE, destacó la importancia de la capacitación de monitores ambientales en la cuenca del Ene: “Asistimos a siete comunidades nativas como Unión Puerto Asháninka, Samaniato, Potsoteni, Sherato, Cashingari, Quimaropitari, Shirotiari. El objetivo era que todos aprendan a manejar los instrumentos que nos permitan hacer un buen trabajo, sobre todo nuestros comités de autodefensa, que son los encargados de velar por el territorio, por la tranquilidad de nuestras comunidades, empleando la tecnología para poder hacer llegar sus voces de alerta”.
Esta idea fue compartida por Elaine Shajian de CORPI-SL, quien enfatizó en la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades en el campo: “Pocas personas se animan a ir a nuestras comunidades, a nuestros territorios, pero es ahí en donde se puede notar las verdaderas dificultades y problemas existentes. Las invasiones continúan, sus consecuencias sobre las personas también, por eso hay que trabajar por la seguridad jurídica de nuestros territorios”.
Por su parte, Angel Gonzalez, director del MINJUSDH refirió que desde abril de 2019 hasta fines de octubre de 2022 se han registrado 101 situaciones de riesgo que involucraron a 288 personas defensoras, de las cuales aproximadamente el 94.6% realizaba labores de defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Añadió, en la sección de reflexiones, que se viene evaluando la posibilidad de sumar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones dentro del Mecanismo Intersectorial, ante las evidencias que muestran que existe mayor registro de amenazas y ataques, así como incremento de economías ilícitas, allí donde se impulsan proyectos de infraestructura como carreteras.
Al finalizar, la Unión Europea reiteró su compromiso de seguir contribuyendo en acciones relacionadas con el medio ambiente, la protección de los derechos humanos y las personas defensoras del medio ambiente, especialmente en el contexto actual de incremento de amenazas y ataques, así como de necesarias mejoras para la prevención, protección y acceso a la justicia ambiental.
Avances en las organizaciones indígenas
Como parte de los avances del proyecto, se han fortalecido las capacidades de las bases de las organizaciones indígenas CARE, ORPIO, y CORPI-SL, en especial de mujeres indígenas, realizadas en campo (Satipo, Iquitos, y el Datem del Marañón, respectivamente). Estas acciones se realizaron de manera coordinada con entidades estatales competentes, tales como el Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo, en función a los problemas identificados (actividades ilícitas, extractivas o proyectos de infraestructura).
Por ello, la organización indígena CARE ha fortalecido las capacidades de los monitores ambientales para el uso de herramientas tecnológicas como GPS, que es un instrumento para poder detectar las coordenadas y asimismo, la georreferenciación de los territorios de las comunidades indígenas. Además aprendieron a utilizar los drones, tomar fotos y videos con modernos smartphones.
“Es muy importante haber aprendido a manejar estos instrumentos, porque no podemos contratar ingenieros que cobran caro. Nosotros queremos que se siga fortaleciendo este aprendizaje y que más adelante tengamos otras oportunidades de financiamiento, para que podamos seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros hermanos. La idea no es sólo alertar de manera oportuna, sino también que tenemos que presentar evidencias a la Fiscalía, la Policía Nacional para poder hacer las denuncias”, agregó el Presidente de CARE.
Cabe destacar que este es el tercer proyecto ejecutado por DAR con el apoyo de la Unión Europea. DAR es una institución de sociedad civil comprometida con construir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, busca contribuir con que se garanticen los derechos de las personas defensoras ambientales e indígenas, desde una estrategia de prevención, protección y acceso a la justicia. Para ello impulsa que esta problemática sea incluida en las agendas de las instituciones del Estado, así como, que se desarrollen mecanismos de coordinación con iniciativas propias de los pueblos indígenas, en tanto agentes activos, con agencia (capacidad) para la defensa de su territorio.