Por Vanessa Cueto La Rosa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Hablar de la institucionalidad ambiental y, por ende, del derecho a un ambiente sano, siempre ha sido un tema relegado para nuestras autoridades. Por ello, ha sido una lucha de pocos impulsar y hacer respetar los estándares ambientales en el marco del desarrollo de proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo en la última década, en que la idea impuesta por el sector privado y actores políticos ha sido que lo socioambiental -que llamaron “tramitología”- no deja avanzar las inversiones, por lo que debe flexibilizarse.
En ese marco se dieron los paquetazos ambientales, que bajo la dirección del MEF y firmados por todos los sectores, significaron el debilitamiento de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; la agonía del ordenamiento territorial; presiones por reducir los plazos de los instrumentos de gestión ambiental – IGA, sin un sustento técnico y dejándole la responsabilidad a los funcionarios públicos, cuando muchas veces las consultoras ambientales contratadas por las empresas son las que presentan EIA de baja calidad; la creación de instrumentos débiles como los ITS, con su posterior impacto negativo, entre otros.
Esto no fue todo, ya que dichos paquetazos vinieron de la mano con constantes incumplimientos de las empresas (privadas y públicas) de las acciones de remediación y mitigación ambiental en la Amazonía, así como del incumplimiento del pago de las multas impuestas, muchas de las cuales incluso siguen impagas, dado que se elevan al Poder Judicial.
A ello se sumaron las presiones del sector privado para no pagar el aporte por regulación al OEFA, siendo que la propia institución debió salir a defender dicho aporte para poder disponer de fondos para realizar acciones de vigilancia de los proyectos extractivos. Ello para que al final, a través de sentencias totalmente incoherentes como la dada por el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley 30230 (Exp. 003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC), basándose en un análisis superficial, señalara que no existió un debilitamiento a la institucionalidad ambiental generada por el artículo 19 de dicha norma.
Ahora, tras el desastre de Ventanilla, podemos ver que lo poco construido era una ilusión: no pudimos reaccionar con rapidez; la empresa no fue transparente, a pesar de pertenecer a la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI, espacio internacional que promueve esta buena práctica.
Asimismo, el derrame contó con un plan de contingencia inadecuado, no preparado para un desastre de estas características. Este no es un caso aislado, ya que durante décadas de derrames de petróleo en la Amazonía se pudo ver también la pésima calidad del plan de contingencia de PETROPERÚ S.A., que hasta la fecha sigue usando un instrumento antiguo como el PAMA, sin contar con un EIA.
Algo que tiene que quedar claro es que este tema es intersectorial y que las inversiones que lleguen al país tienen que ser responsables con el ambiente y con la salud de las personas, y no solo las empresas privadas, sino también para las nacionales. Ahora se señala también que hay que fortalecer y promover inversiones en hidrocarburos, pero ¿cómo podemos hablar de eso frente a la incapacidad demostrada para llevar a cabo operaciones en la Amazonía? con derrames no remediados, con multas no pagadas, con incumplimientos de medidas administrativas, correctivas, entre otros.
Entonces, ¿qué queda? Para el caso concreto del derrame, primero, mitigar y contener, ¿lo hará la empresa a corto plazo? Pues no, se necesita que el Gobierno peruano coordine a la brevedad con instancias internacionales. Segundo, se tiene que hacer una revisión de los estándares y cumplimiento de las empresas sobre el acceso a la información; para ello la ratificación del Acuerdo de Escazú en Perú es clave, ya que la transparencia es fundamental no solo para saber cuánto presupuesto dedican las empresas a temas ambientales y sociales, si no también transparentar rápidamente la información ambiental.
Lamentablemente, frente al contexto político actual, vemos que se acerca el desastre para la institucional ambiental, ¿queremos entrar a la OCDE? En este momento el Perú no tiene lo necesario, ya que no cumple aún con varias de las recomendaciones en el ámbito ambiental, tales como implementar efectivamente políticas y marcos legislativos ambientales; tomar medidas frente a las debilidades en la información ambiental; mejorar la coordinación intersectorial y la dificultad para equilibrar medidas de promoción de inversiones con políticas de protección del medio ambiente que sean eficaces y eficientes; evaluar los efectos ambientales de las inversiones públicas, fortalecer el licenciamiento ambiental y la ampliación sistemática de las evaluaciones ambientales estratégicas.
Para lograr todo ello, necesitamos tener una institucionalidad ambiental fuerte y con suficiente capacidad técnica, de la cual el país hoy carece.