Nelly Aedo dijo que este tratado, al ser de derechos humanos, no implica pérdida de soberanía.
Lima, 28 de agosto de 2020.- La Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, aseguró que el Acuerdo de Escazú no genera nuevos derechos, sino que garantiza los ya establecidos en nuestra Carta Magna. Así, destacó que garantiza la participación de los pueblos indígenas y la obligatoriedad de transparentar la información para arribar a consensos y garantizar el desarrollo sostenible del país.
“No estamos hablando de derechos nuevos, sino que deben ser cumplidos, y acuerdos como el de Escazú los garantiza. Un tratado en materia de acuerdos humanos como este no implica pérdida de soberanía. Este acuerdo es totalmente coherente con los derechos a la participación, identidad cultural y transparencia pública que deben tener los organismos en general ya establecidos en nuestra Constitución Política”, señaló en la primera emisión del espacio vía Facebook Live #AmazoníaEnVIVO que abordó el tema “Los defensores y defensoras indígenas ante el nuevo coronavirus: COVID-19 y sus implicancias” organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Aedo instó al Congreso de la República, específicamente, a la Comisión de Relaciones Exteriores a aprobar el tratado para luego pase al Pleno.
“El Congreso tiene una importante tarea con este documento. Sabemos que el Ejecutivo ya se los remitió. Nueve países ya lo han ratificado, pero se necesita ser once (porque así lo señala el acuerdo) y el Perú puede ser uno de ellos, más aun teniendo una gran responsabilidad para con las comunidades indígenas”, acotó.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en países de América Latina y el Caribe. Nace del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyas nueve negociaciones culminaron en marzo de 2018 con la adopción de su contenido por 22 países, incluido Perú, bajo la gestión de la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.
Comunidades indígenas y COVID-19
Durante el espacio informativo, Aedo reveló que, según data oficial, al 19 de julio, había 10 000 indígenas afectados con el coronavirus, “pero la cifra puede ser mucho mayor al no haber tenido un registro desde el inicio, considerando además que el Estado aún no ha llegado a ciertas comunidades”. “En el caso de Loreto, al 15 de julio, había casi 3000 contagiados; y en Ucayali, casi 2300 contagiados al 21 de julio”, detalló la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
Lamentó que esta información no sea de acceso público y, ante esta traba para el trabajo defensorial, han comenzado a supervisar microrredes de salud en aquellas zonas donde hay más población indígena. Así, han encontrado establecimientos de salud cerrados por contagios de su personal.
“En el caso de Amazonas había 17 centros de salud cerrados; en Loreto fueron 15; en Ucayali, 2; y pedimos se tomen las medidas correctivas. El único caso positivo estuvo en Cusco, en La Convención, donde todos los centros sí estaban operativos. Las mismas organizaciones han ido recogiendo su data y hay que valorar el trabajo de los líderes indígenas en favor de su población”, dijo.
Recién a partir del Decreto Supremo 005-2020-MC, publicado el 30 de mayo, se aprobó los lineamientos para incorporar la variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la COVID-19.
Además, el Ejecutivo aprobó una Resolución Ministerial del Ministerio de Salud, definiendo un ámbito de atención en las regiones de Amazonas, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, con un presupuesto de 88 millones de soles para un plan que contempla atender a una población de 862 000 personas, de las cuales 368 mil son ciudadanos indígenas.
Son 4036 profesionales del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) que están atendiendo a los pueblos originarios de todo el Perú.
Deuda histórica
La Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo señaló que existe una deuda histórica y certera de parte del Estado respecto a la atención de los derechos de los pueblos indígenas.
En el caso del derecho a la salud, la Defensoría había alertado en 2015, reiterado en 2017 y a fines de 2019, que solamente seis de cada diez comunidades –entre nativas y campesinas– contaban con un establecimiento en su territorio. Dijo que antes de la pandemia, ya había una deficiencia en infraestructura, carencia de vehículos de emergencia como hidroambulancias en el caso de la Amazonía o puentes aéreos para sacar a los pacientes más graves de zonas remotas.
Sobre el Documento Nacional de Identidad (DNI), Aedo añadió que hay un gran número de personas indígenas, pertenecientes a comunidades nativas y campesinas, que todavía no cuentan con el mismo. “De las 187 000 personas registradas, según el último Censo en 2017, que no contaban con ningún documento de identidad, más de 30 000 son indígenas o tienen como lengua materna una lengua indígena”, reveló.
A nivel de educación, Aedo lamentó que por lo menos 300 comunidades nativas y campesinas no cuentan con servicios educativos dentro de su territorio. Y ello dificulta que sobre todo las adolescentes indígenas culminen su educación básica. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, menos del 50% de adolescentes indígenas logra concluir la educación secundaria.
Además, más del 72% de comunidades no tiene acceso a ninguna forma de conectividad, sea internet o telefonía. “Antes de la pandemia, esta era la realidad de las comunidades indígenas y ahora con este contexto se ha visto enfatizado”, puntualizó.
Cabe mencionar que “#AmazoníaEnVivo es una nueva apuesta virtual de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) para conversar sobre los principales temas que afectan a la cuenca amazónica. Estén atentos a una nueva edición.