En el marco de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en la región de América Latina y el Caribe y la 20° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), llevó a cabo el evento paralelo “Acuerdo de Escazú: mirada desde los pueblos indígenas de la Amazonía” a fin de socializar las propuestas desde los propios defensores y defensoras indígenas para una efectiva implementación de este Acuerdo, y con ello contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.
El coordinador general de la COICA, José Gregorio Díaz Mirabal, hizo un llamado a los gobiernos de América del Sur para que respeten e implementen acciones urgentes para los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos en coordinación con las organizaciones indígenas, y para que las instituciones implementen sistemas articulados para la implementación del Acuerdo. “Para nosotros esta parte es clave, porque la COICA considera que la implementación del Acuerdo de Escazú es un reconocimiento a la vida de los defensores y defensoras ambientales, a quienes en los últimos 30 años se les ha violado sistemáticamente los derechos al territorio y a la vida. Tenemos un gran reto que es consensuar con los Estados, con las instituciones de Justicia de América del Sur, la implementación de este Acuerdo. Pedimos voluntad política a la justicia de nuestros países, a nuestros asambleístas y presidentes de los Estados de América”, indicó.
Recordemos que el Acuerdo de Escazú es el primer y único tratado internacional que contiene entre sus disposiciones la obligación de los Estados partes de garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales (artículo 9). Sin embargo, a pesar de la relevancia de este Acuerdo para la cuenca amazónica, hasta el momento sólo doce países lo han ratificado, habiendo sido únicamente ratificado por tres países de la cuenca amazónica (Ecuador, Bolivia y Guyana), señaló Aída Gamboa (Coordinadora del Programa Amazonía de DAR).
Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores y las defensoras de derechos humanos en materia ambiental. “Ya no se puede tolerar estos asesinatos por la defensa de los territorios. Atacar a nuestros defensores es como atacar a nuestra Amazonía en sí misma”, enfatizó Claudette Labonté, coordinadora del área de Mujer y Familia de la COICA. La implementación del Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para responder a la realidad que viven los y las defensoras indígenas de la región, más aún en un contexto donde la criminalización ha aumentado en los países de la cuenca amazónica. Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC y representante del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA, señaló que se han perpetuado en la cuenca amazónica 202 asesinatos, cifra que representa el 77% del total a nivel de América Latina en el 2020. “Cada dos días muere un defensor de la cuenca amazónica”, acentuó Daza. Por ello, y en representación de las juventudes de AIDESEP, Jhomar Maynas recalcó que “la lucha es continua, aún en los momentos difíciles de la pandemia, no podemos permitir que estos atropellos aún persistan. Esperamos que nuestras voces puedan ser incluidas”.
Desde COICA se ha alertado sobre esta grave situación y se está impulsando el fortalecimiento del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, con el objetivo de desarrollar mecanismos para la atención inmediata y efectiva de los líderes y lideresas indígenas que se encuentren bajo situaciones de amenaza, violencia, criminalización y persecución en un escenario de vulneración de sus derechos y sus territorios. En ese sentido, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA, instó a “que se reconozca, por parte de los Estados, el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA en cada uno de los países, para que sea representado a través de las organizaciones miembros de COICA”.
Por su parte el representante de la CEPAL, José Javier Gómez, resaltó la importancia de los aportes de las organizaciones indígenas para la adecuada implementación del Acuerdo, y señaló que el primer esfuerzo debe ser obtener mayor número de ratificaciones de la cuenca amazónica e instó a las organizaciones indígenas a impulsar desde sus países la ratificación del Acuerdo. De esa manera el tratado tendrá mayor fuerza y se facilitará a las organizaciones el uso de los mecanismos de participación ahí contenidos. Asimismo, señaló José Javier Gómez, que ahora se abre un período de un año para la Conferencia de las Partes (COP) que tendrá a su cargo definir la implementación a futuro. Al respecto, el miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Freddy Condo, indicó que parte de los retos de la implementación será crear la institucionalidad para su ejecución al interior de los Estados, pero que es importante iniciar. “Si retrasamos más la implementación de este acuerdo lo único que estamos haciendo es favorecer los intereses económicos de las transnacionales”, concluyó.
Finalmente, José Gregorio Díaz Mirabal reiteró el llamado a las autoridades para hacer cumplir el Acuerdo, y señaló que desde las organizaciones indígenas estarán atentos a exigir que se cumplan los espacios de diálogo estipulados en el tratado. Recalcó que la Defensoría del Pueblo debe ser garante de estos espacios. “Es clave y urgente la construcción de los protocolos para defensores y defensoras ambientales. Necesitamos que haya un plan de emergencia para al menos iniciar la discusión de los protocolos propios de los pueblos indígenas con los responsables de la justicia, con las autoridades que tienen cada uno de nuestros países, como Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y todos los entes que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos.”, enfatizó.