- El Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras reunió a 27 participantes de la macroregión sur (Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica y Moquegua), 13 de la macroregión Amazónica (Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín), 28 del Norte (Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes) y 15 del Centro (Ayacucho, Lima, Junín y Pasco) , con un total de 93 participantes.
- Representantes de las organizaciones indígenas CORPI-SL, CARE y ORPIO exigieron justicia para sus comunidades nativas.
El 15 y 16 de junio se realizó el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales del Perú, con el apoyo de veinte instituciones de la sociedad civil. Este evento, contó con la participación de defensores indígenas de las macro regiones sur, centro, norte y amazónica.
El objetivo principal fue analizar y conocer la situación actual de los defensores y las defensoras del Perú, tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales y sus propias experiencias. De igual manera, evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas para elaborar una agenda conjunta y desarrollar acciones de incidencia política.
La situación de los defensores y las defensoras es alarmante en todas las regiones de nuestro país, ya que enfrentan amenazas contra su vida e integridad física; lo que genera como consecuencia una situación de riesgo por los enfrentamientos que sostienen con agentes económicos legales o ilegales por el acceso y control sobre sus territorios.
Lino Curitima Caritimari, representante de la comunidad Emanuel Varadero de Tibilo (Loreto) , exigió a las autoridades competentes de Loreto que realicen la debida titulación de su comunidad, ya que se encuentra en total desprotección y actualmente hay invasores que depredan los bosques ancestrales de los kukama kukamiria.
Por su parte, Arthur Cruz, jefe de la comunidad Centro Arenal, manifiesta que hasta el mismo Estado viola su propia normativa, al no hacer consulta previa en las carreteras que construyen; situación que actualmente vive su pueblo murui buee, que no ha tenido un proceso de consulta previa para la construcción del tramo 1 y 2 de la carretera Bellavista – Mazán – Salvador – El Estrecho.
Entre las actividades de incidencia, resaltaron las entrevistas en medios de prensa nacional, un acto cultural en la Plaza San Martín y una movilización hacia el MINJUSDH y el MININTER para solicitar una mesa intersectorial que permita la coordinación e intervención sobre violación de derechos a personas defensoras.
Las principales demandas que se exigieron al gobierno es implementar un presupuesto suficiente al Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras (D.S. N° 004-2021-JUS), así como la debida titulación y catastro de las comunidades campesinas y nativas. Además, solicitaron al Congreso de la República que se ratifique el Acuerdo de Escazú, tratado regional que establece medidas de protección para las personas defensoras del medio ambiente y territorio.