- América Latina concentra el 82% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo. En Perú, 35 líderes indígenas han sido asesinados desde 2020 y más de 590 enfrentaron situaciones de riesgo. En este contexto, representantes de ocho países advierten que el crimen organizado está avanzando en sus territorios y plantean medidas urgentes para frenar esta crisis.
El avance del crimen organizado no solo se registra en las ciudades, sino también en los territorios indígenas de América Latina, donde los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes frente a esta problemática, alertaron líderes indígenas reunidos en Lima durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió a representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
En los últimos años, los pueblos indígenas enfrentan el recrudecimiento de la violencia en América Latina, que concentra el 82% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo. Según el reporte anual de Global Witness de 2025 (Raíces de Resistencia)[1], que identifica a la región como la más peligrosa para defender el ambiente. Se trata de una crisis que ya no es local, sino regional, y que afecta de manera sistemática a los territorios indígenas.
En Perú, 35 defensores indígenas han sido asesinados desde 2020, de acuerdo con datos de AIDESEP. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)[2] ha registrado más de 590 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Según esta entidad, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.
“La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino en las estructuras criminales que están detrás. El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades”, advirtió Carlos Quispe, representante de la Secretaría Técnica de ALADTI y Líder de Proyecto de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR.
Por su parte, la representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y líder indígena de Guatemala, Dina Juc, señaló: “Para nosotros hay un crimen organizado bien estructurado. Sus tentáculos no solo están en la explotación de nuestros territorios, bosques y la extracción de sus recursos, sino que muchas veces no se persiguen ni se investigan estas actividades, e incluso existe complicidad desde distintos niveles”.
Limitaciones del Estado y respuestas desde los territorios
El avance del crimen organizado ocurre en contextos donde la presencia del Estado es limitada o insuficiente. En el Perú, si bien existe el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, este presenta serias limitaciones debido a que se concentra en la dimensión individual de la amenaza, dejando de lado los aspectos estructurales que son aquellos que resultan determinantes para estar ante un caso que queda impune o alguno que puede representar cambios efectivos (seguridad jurídica sobre los territorios, acceso a la justicia ambiental).
De acuerdo con el informe de DAR “Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana” (2025) [3], el mecanismo muestra avances formales, pero mantiene fallas estructurales que reducen su eficacia. Entre ellas, el bajo impacto de las mesas regionales, la falta de los lineamientos de actuación policial para implementar medidas de protección y su débil marco normativo, al no ser vinculante para todos los niveles del Estado.
Ante este escenario, los pueblos indígenas han desarrollado sus propios mecanismos de protección, como guardias indígenas, rondas nativas y sistemas de vigilancia territorial. “Estamos construyendo herramientas para la autoprotección, pero no podemos reemplazar al Estado. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad de nuestros pueblos”, señaló el apu Jamner Manihuari, líder indígena peruano y vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Asimismo, denunció que, ante situaciones de emergencia, las autoridades muchas veces no logran intervenir por falta de recursos o limitaciones operativas. “Nosotros estamos asumiendo una labor que le corresponde al Estado. Lo hacemos para que se escuche el clamor de nuestros pueblos y nuestros territorios puedan seguir en equilibrio con la naturaleza”, agregó.
Propuestas frente a una crisis regional
Frente a este escenario, los líderes y lideresas indígenas plantearon medidas concretas para fortalecer su protección. Entre ellas, elevar el mecanismo intersectorial a rango de ley, establecer competencias claras entre niveles de gobierno y crear obligaciones vinculantes en materia de prevención, protección y acceso a la justicia. También se propone articular los sistemas de protección indígena con el sistema estatal, a fin de generar respuestas más eficaces.
Asimismo, considerando la participación de diversos liderazgos procedentes de países latinoamericanos en donde las situaciones de riesgo en contra de las personas defensoras son elevadas, se formularon propuestas colectivas que visibilicen el trabajo y las demandas indígenas, y que impulsen la cooperación multilateral de los Estados. El principal espacio identificado ha sido la COP4 del Acuerdo de Escazú, que se realizará en abril próximo, y en donde se propondrán medidas tales como la creación de un grupo de trabajo sobre asuntos indígenas.
“Sin una colaboración multilateral entre los representantes de los Estados, y sin escuchar las voces de quienes enfrentan en el territorio el avance de las economías criminales, será muy difícil defender los bosques y la vida de millones de personas estará en grave riesgo. Los ejemplos abundan: hay estudios que reportan casos de contaminación de ríos con mercurio[4] que afecta directamente la salud y la vida de las personas”, explicó Carlos Quispe de DAR.
Estas preocupaciones y propuestas fueron trasladadas a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El principal desafío, coincidieron los participantes, es si los Estados podrán responder a una crisis que ya no es local, sino regional, y que pone en riesgo la vida de quienes defienden el territorio.
El encuentro fue organizado por la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), a través de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en su rol como Secretaría Técnica; y fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Francia y la Unión Europea. Este espacio permitió intercambiar aprendizajes, conocimientos y estrategias de autoprotección impulsadas en el propio territorio indígena de Latinoamérica.
Fuentes:
[1] Reporte Anual 2025 de Global Witness https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/roots-of-resistance/
[2] Información estadística sobre situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos del MINJUSDH: https://sidehri.minjus.gob.pe/sidehri-frontend/#/ciudadano
[3] Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana” (2025) https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/11/DEFENSORES-DOCUMENTO-DE-ANALISIS-DIGITAL.pdf
[4] Mercurio en Loreto: Exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica https://cincia.org/wp-content/uploads/Reporte_-Mercurio-en-Loreto_-Exposicion-humana-y-en-peces-.pdf
Contaminación por mercurio de la minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) en Madre de Dios https://cincia.org/wp-content/uploads/Reportes-Madre-de-Dios-Contaminacion-por-MAPE.pdf