El 24 de octubre se realizó el encuentro de voceros y voceras de los defensores de derechos humanos y ambientales del Perú, quienes fueron elegidos como parte del I Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras. Este espacio tuvo como objetivo evaluar los encuentros macroregionales de defensores, así como articular e intercambiar propuestas con los representantes del Estado para impulsar medidas de protección de personas defensoras de derechos humanos.
Entre los ponentes, destacó la participación de Raquel Hilianova Soto Torres, directora general de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y Manuel Zapata, especialista en la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA), ambos representantes del Ministerio del Ambiente expusieron sobre las competencias del sector, el rol de la UNIDA y su función como impulsores en la formulación de políticas públicas para garantizar la defensa y amparo de los defensores ambientales.
En ese sentido, señalaron que el MINAM tiene capacidad técnica para ayudar a los defensores a comprender el Procedimiento de Alerta Temprana (PAT) y cuentan con materiales académicos dirigidos a defensores ambientales. “Se está priorizando la línea de defensores, dada su fuerte relación de vulnerabilidad frente a los problemas y delitos ambientales que viene atravesando nuestra Amazonía”, precisó la representante del MINAM.
Por su parte, Guillermo Julio Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y Ángel Antonio Gonzales Ramirez, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, explicaron las normas para la protección y medidas de prevención en torno a los defensores de derechos humanos. En ese sentido, brindaron un reporte de los casos atendidos, los que aún se están gestionando y los percances que vienen atravesando.
Asimismo, dieron a conocer que el Ministerio del Interior es el único que falta implementar el protocolo o lineamiento para hacer frente y efectiva la atención sobre vulneración de derechos de los defensores, indicando que se debe a falta de presupuesto y logística.
En la misma línea, se contó con la participación de Pedro Francke, economista y político peruano, quien realizó un breve repaso sobre la economía peruana, indicando los métodos y plazos referentes a la solicitud de presupuesto de 2023. Asimismo, determinó que “con relación al presupuesto del próximo año, es importante que en estos meses, se puedan generar espacios de reunión con la Comisión de Presupuesto del Congreso a fin de dar a conocer y priorizar la necesidad de destinar presupuesto en algunos sectores, debido a que por mandato constitucional se debe de aprobar antes del 30 de noviembre”. En esta etapa es más accesible poder hacer cambios sobre la destinación de presupuesto, ya que se puede negociar con el Ejecutivo y el Congreso”.
La participación de los defensores y defensoras
Los y las defensoras de las macroregiones (sur, centro, norte y Amazonía) demandaron la necesidad de requerir apoyo técnico-legal porque son constantemente estigmatizados, criminalizados e investigados. Además, enfatizaron que se debe incluir una mayor intervención por parte del Estado en las zonas afectadas por el derrame del petróleo y las invasiones a tierras de comunidades.
Por su parte, Lino Curitima, representante de la Comunidad Nativa Emanuel Varadero de Tibilo (Loreto) sostuvo que: “como defensor territorial y ambiental me he enfrentado a situaciones de desprotección y criminalización. En mi rol como defensor he ayudado a mi comunidad en hacerles conocer sus derechos para vivir en un medio ambiente sano, para poder acceder a la justicia ambiental y participar en las diferentes decisiones políticas que puedan beneficiar a mi comunidad“. Del mismo modo, enfatizó que el Estado tiene que garantizar la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente y territorio; también solicitó mayor presencia del Estado en sus territorios y en otras comunidades que atraviesan la misma problemática por el avance de actividades ilegales. Por último, señaló la importancia de ratificar el Acuerdo de Escazú para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Finalmente, las personas defensoras evidenciaron la necesidad de contar con una mayor protección legal hacia sus labores de defensa territorial y ambiental frente a las actividades extractivas e ilegales que ocurren en sus comunidades nativas y campesinas. De esta manera, realizaron propuestas para impulsar la asignación de presupuesto para atender situaciones de riesgo.