Escribe: Greta Román Clemente.
El 25 de noviembre se reunieron, en el hemiciclo del Congreso de la República, los líderes de las organizaciones indígenas, sociedad civil y representantes políticos para debatir el Proyecto de Ley N° 3937/2014-CR, sobre la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena. Este proyecto de ley supone un importante hito en el Perú ya que surge por iniciativa de los pueblos indígenas e institucionaliza la vigilancia indígena.
Desde hace años, los pueblos indígenas elaboran reportes de control y vigilancia en sus territorios. Con la aprobación del proyecto de ley, la información recogida se tomará en cuenta, formando parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, sirviendo de insumo para diversos estudios como, por ejemplo, los de impacto ambiental.
A pesar de tener una agenda recargada en sus comunidades y las muchas horas en bote, transporte terrestre y aéreo, los representantes de las organizaciones indígenas, Lizardo Cauper (ORAU-Ucayali), Alfonso López (ACODECOSPAT-Loreto), Agilio Semperi (COMARU-Cusco) y Ruth Buendía (CARE-Junín) –junto con representantes de la sociedad civil, entre ellos, Walter Pereda (AMAS-Cusco)–, llegaron a la reunión donde esperaban encontrarse con los 12 congresistas miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE).
Su objetivo era conocer de primera mano los comentarios, posiciones y acciones a tomar de los representantes políticos respecto del proyecto de ley, propiciando un enriquecedor debate. Lamentablemente solo asistieron 4 asesores de la Comisión. La ausencia de estos congresistas genera desazón y plantea dudas sobre el compromiso de quienes deben respaldar las iniciativas normativas generadas por los pueblos indígenas.
Los asesores presentes deberán dar su respaldo a este proyecto de ley, llevando el pedido unánime de los pueblos indígenas de que se debata en la próxima sesión de la CPAAAAE y luego se eleve al Pleno del Congreso para su aprobación, pues se trata de una norma que aporta al desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, la participación ciudadana, la prevención y alerta temprana de potenciales conflictos sociales.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el martes 1 de diciembre de 2015.