Escribe: Rodrigo Orcotorio
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
La crisis que atraviesan diversos países de todo el mundo tiene como principal causa la aparición de una nueva enfermedad, el coronavirus[1] o COVID-19. Ante esto, surgió la necesidad de implementar medidas especiales, debido a la rápida propagación de esta; con la finalidad de evitar mayores contagios y salvaguardar la economía. El Gobierno Peruano no ha sido ajeno a esta pandemia[2] y para ello ha dispuesto, de igual manera, un paquete de normas con el objetivo de mejorar las capacidades económicas e institucionales de varios ministerios y organismos públicos (Decreto de Urgencia N° 025-2020 y 026-2020); así como restricciones a la libre circulación y circulación ambulatoria de las personas en el territorio con excepciones para aquellas actividades indispensables que garanticen la convivencia durante el Estado de Emergencia (Decreto Supremo N° 044-2020 modificado por el Decreto Supremo N° 046-2020) y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por un plazo de 28 días. Sin embargo, ante el actual contexto, existen grupos sociales que se encuentran en una posición de alta vulnerabilidad y que serán afectados gravemente en caso no se toman las previsiones necesarias.
Este es el caso de los pueblos indígenas y su larga historia, la cual ha tenido un común denominador, caracterizado por constantes vulneraciones hacia sus territorios con la finalidad de realizar grandes proyectos extractivos (minería, hidrocarburos, entre otros) y obras de infraestructura; lo que ha traído consigo, la contaminación de los recursos naturales que utilizan para sobrevivir. De manera adicional, otro factor que ha generado una gran disminución de la población indígena, a lo largo del tiempo, es la propagación de enfermedades infecciosas. En efecto, entre los años 1528 y 1529, durante la conquista del imperio incaico, los colonos españoles trajeron consigo múltiples enfermedades desconocidas, como la viruela y el sarampión (Quirós, 1996), las cuales facilitaron los procesos de dominación y esclavitud. A inicios del Siglo XX se comenzaron a registrar, también, casos de Malaria[3] o Paludismo que afectaron a una gran cantidad de pobladores indígenas amazónicos y puso al borde de la extinción a la Tribu Machiguenga[4] en 1934.
Sin dejar de lado a los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento Voluntario y situación de Contacto Inicial (PIACI), la situación es aún más crítica, ya que son considerados un grupo de alto riesgo y vulnerables a cualquier tipo de contacto debido al aislamiento en el que viven; el cual, en muchos casos, ha sido producto de las afectaciones territoriales (desplazamiento forzado), además de que sus sistemas inmunológicos se han enfrentado a innumerables enfermedades extrañas (malaria, hepatitis A y B, entre otras) o han sufrido las consecuencias de las actividades extractivas, como afecciones estomacales o respiratorias por los altos niveles de contaminación a los que han sido expuestos; disminuyendo así el número de habitantes que conforman los PIACI. Ante la pandemia actual por la COVID-19, el Grupo de Trabajo Internacional sobre PIACI en la Amazonía y el Gran Chaco (GTI PIACI) ha mostrado una gran preocupación sobre las medidas que los gobiernos deberán tomar para que estos pueblos no se vean expuestos ante esta nueva amenaza viral[5].
Actualmente, de acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del Ministerio de Cultura (MINCU), en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios[6] de los cuales 4 se ubican en zonas frías (Andinos) y 51 en climas tropicales (Amazónicos), por lo que son una población importante en nuestro país. En el presente artículo daremos a conocer las medidas de los Gobiernos en el marco de la COVID-19 para salvaguardar las inversiones mineras e hidrocarburíferas. Tal ejercicio nos servirá para mostrar las verdaderas preocupaciones y cómo aquellas afectan a los pueblos indígenas dejándolos, nuevamente, en una situación de incertidumbre ante esta nueva amenaza sanitaria.
Los mercados económicos mundiales ante la nueva amenaza del coronavirus
Los acontecimientos históricos han significado siempre la afectación de varios sectores sociales y/o económicos de los países a nivel mundial. El caso de las enfermedades contagiosas suele enfrentar directamente los sistemas de salud pública de todos los gobiernos y la COVID-19 no ha sido la excepción; ya que viene diezmando, además de las muertes y contagios, el ejercicio libre de actividades económicas esenciales, por la imposición de cuarentena y el aislamiento social obligatorio.
Con la finalidad de evitar una catástrofe económica mundial, diversos estados (Italia, España y Estados Unidos, principalmente) han implementado medidas para fortalecer los sectores financieros, de capitales y monetarios[7]; y que también protejan los ahorros de las personas desempleadas durante la posible crisis[8]. Lo que llama la atención de todas estas medidas, es el nivel de intervención pública en los sectores privados[9] (banca, salud privada, extractivas, etc.) considerando que dichos gobiernos responden a una visión capitalista que determina las proyecciones de inversión en los países de América del Sur y deja de lado el factor ambiental y la protección de los pueblos indígenas.
Además, el estado de emergencia como la limitación de derechos fundamentales, ha sido adoptado por varios gobiernos, como la restricción de información relacionada con la pandemia actual[10] como pretende realizar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, que decidió suspender la presentación de solicitudes de acceso a la información relacionada con la COVID-19 desde el 23 de marzo hasta el 17 de abril[11] o en el caso de Brasil, con las restricciones a la Ley del Derecho a la Información a través de una norma que el 27 de marzo ha sido derogada debido a la incidencia de diversos actores[12].
Sin embargo, son estos momentos donde el acceso a información oficial sobre la emergencia sanitaria y la cantidad real de contagiados o víctimas es clave para generar confianza en la ciudadanía y puedan establecerse mejores decisiones de política pública. En la misma línea se sitúan las medidas de recortes presupuestarios en más de 50% al personal laboral que promueve LATAM Airlines para sus operaciones en América del Sur[13].
Minería, hidrocarburos y pueblos indígenas ¿privilegios sin reflexión social y ambiental?
La COVID-19 está afectando diversos sectores productivos, esenciales para la ciudadanía y no solamente al sistema de salud de varios países. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú “es uno de los países menos preparados para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, pese a las estrictas medidas que ha implementado el Gobierno”[14]. Se estima que la capacidad del sistema de salud nacional sería alrededor de 34.4% y 39.9%. Con todo ello, el día 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció diversas medidas, para evitar una honda crisis en el territorio nacional, a través del DS N° 044-2020 que contiene restricciones al derecho de libertad de tránsito (art. 4) y exceptuó determinadas actividades asistenciales y económicas, consideradas esenciales ante dicha situación. Preliminarmente la minería no se encontraba dentro del listado de actividades esenciales.
Sin embargo, luego del pronunciamiento del Presidente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó que la industria minera no puede detenerse. De igual manera, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) indicó que los trabajos en minería no se podían paralizar[15]. Luego de ello, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) estableció, a través del Oficio 023-2020-MEM/DM, que la minería se sitúa dentro de las actividades esenciales que deben ser ejercidas aún en cuarentena para asegurar mínimas operaciones, pero sin afectar la integridad de los trabajadores y las comunidades. Asimismo, el presidente comentó que: “No hay presión y, si la hubiera habido, no lo permitiríamos. (…) Si no está el operador que opera el relave, éste se puede embalsar y generar un daño ambiental”[16].
Si bien el objetivo pretende ser el correcto, no deja de presentar ciertas ambigüedades relacionadas con la protección ambiental. Más aún cuando los trabajadores mineros tienen una gran movilidad en los campamentos[17] y el contagio del virus aumenta en las zonas aledañas. Por otro lado, es verdad que la COVID-19 ha ofrecido un panorama donde el aislamiento de las personas alivia la carga que la industria minera produce en el medio ambiente; pero también es cierto que el historial de las empresas mineras se destaca por constantes impactos al ambiente (contaminación al suelo por derrames o emisiones de gases tóxicos a la atmósfera), infracciones administrativas con multas elevadas y la comisión de delitos desde años antes al fenómeno de la COVID-19; además de consecuencias graves para la salud de los habitantes[18]. El 26 de marzo se conoció un caso en la operación minera Cerro Verde[19] ¿qué medidas tomará el gobierno ante esta situación?
Entonces, justificar la continuidad de las actividades mineras con la protección del medio ambiente, resulta erróneo cuando la realidad ha demostrado lo contrario. Quizás debieran sincerar la afectación de los precios de los minerales (plata y cobre)hoy en día, y la baja de las exportaciones, como uno de los problemas a solucionar, además de la COVID-19, para sostener la economía peruana a corto plazo, luego de la pandemia[20].
Y ¿qué sucede con las actividades hidrocarburíferas y la protección de los pueblos indígenas amazónicos en el contexto actual? Es considerada como una de las fuentes principales de ingresos para el Producto Bruto Interno (PBI), al igual que la actividad minera, pues ha representado el 10% durante los últimos 10 años y el 60% de las exportaciones totales en el Perú, según la SNMPE. En el caso de la exploración y producción en el sector de hidrocarburos, se han generado regalías, durante el 2014 – 2018, superiores a 4991 millones de dólares y 3300 millones en inversiones, lo que daría como resultado que, en palabras de Seferino Yesquén (presidente de Petroperú): “La promoción del sector hidrocarburos favorecería inversiones por 4 000 millones de dólares en el período 2019 – 2023 y elevaría la producción a 100 000 barriles diarios de petróleo (BDP)”.[21]
¿Es cierta dicha expectativa? Respecto a los niveles de producción de BDP, de acuerdo a la BP Statistical Review of World Energy 2019, Perú ha venido aportando desde el 2008 hasta el 2018, más de 100 000 BDP por cada año lo que significó, finalmente, el 0.2% de la cantidad producida a nivel mundial (Ver “Tabla 1”) a comparación de Brasil (2.8%), Venezuela (1.6%), Colombia (0.9%), Argentina (0.6%) y Ecuador (0.5%).
Entonces, las cifras demuestran que por la producción de BDP, el Perú se ha encontrado a la baja, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017; a excepción del 2018, donde tuvo una mayor producción a comparación a años anteriores, aunque fuera ligera. Aunado a ello, el consumo de petróleo como fuente energética para el Perú, a comparación con los demás países de América del Sur (período 2017 – 2018), se ha mantenido estable (“Tabla 2”).
Respecto de la crisis actual relacionada con la COVID-19, los expertos indican que los precios cayeron hasta 30% – el mayor desplome luego de la Guerra del Golfo en 1991 -, así como la baja de las bolsas mundiales durante la propagación del nuevo virus; pero que luego fueron “reanimadas” por medidas económicas y fiscales[22]. Entonces, ¿cómo afectaría a los países de América del Sur?, los países más afectados serían Venezuela, Colombia y Ecuador porque la mayoría de sus ingresos provienen de las exportaciones de crudo. A diferencia de lo que pudiera creerse, dicho fenómeno no provocaría una crisis tan grave en Brasil, Argentina y Perú ya que la diversificación de sus mercados soportaría aún más la pandemia. Especialmente en el Perú que, como se vio líneas atrás, una de sus principales fuentes de ingresos es la minería, en la actualidad.
Sin embargo, las empresas petroleras han pedido la postergación, por un período de 3 meses, del pago de regalías e impuesto a la renta por la caída de los precios[23]. Tal como se indicó en la Tabla 2, el consumo de energía proviene del uso de petróleo y para ello, el MINEM tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de hidrocarburos mediante Resolución Viceministerial N° 014-2020-MINEM-VHM[24]. Si bien la provisión energética es esencial para mantener a niveles mínimos el servicio público eléctrico, esto debe ir con medidas estrictas de respeto a los derechos y protección al medioambiente. No se pueden flexibilizar estándares socioambientales como pretexto de salvaguardar la economía.
Lo que sí debería ser una propuesta, es poder disminuir los precios actuales de los hidrocarburos en el país, para ser consecuentes con la tendencia mundial y además facilitar el mercado y consumo interno. Las actuales regalías, canon y los impuestos en los sectores extractivos deberían usarse en las regiones que cuentan, con menor presupuesto en temas de salud actualmente, para mejorar, por ejemplo, los hospitales en Loreto, Ucayali, Cusco, entre otros. Las medidas deberían de ser una oportunidad para atacar los problemas de fondos de nuestro país y, por ejemplo, erradicar el dengue y malaria además del coronavirus en las regiones más afectadas.
Tal vez el gobierno o los grupos fácticos de poder, vienen tomando ventaja. Es así que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA ha previsto que, de acuerdo al DU N° 026-2020, es necesario suspender los plazos de los procedimientos administrativos en curso y de las solicitudes administrativas; así como las obligaciones de proveer información periódica[25]. Esto resulta alarmante ante las operaciones mineras e hidrocarburíferas que vienen realizando, siendo indispensable estar atentos con cualquier emergencia ambiental durante el tiempo que dure la cuarentena y contener los efectos adicionales a la COVID-19; además de la salud de las comunidades y supervisores ambientales.
La tradición histórica cuenta que los proyectos relacionados con la extracción y producción de hidrocarburos, han tenido graves consecuencias para las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana. Los casos de la contaminación petrolera por más de 40 años en las 4 cuencas sagradas (Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón); los constantes derrames del Oleoducto Nor Peruano que atraviesa la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la provincia del Alto Amazonas, son ejemplo de ello. Esto ha significado el daño irreparable a los cuerpos de agua, derechos sociales, económicos y sanitarios de las comunidades indígenas y sus territorios[26]. Otro ejemplo controversial es el caso del Lote 88 de Camisea y la superposición en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), además de las afectaciones a la salud de los PIACI.
Al igual que con la minería, la industria de los hidrocarburos ha dejado un legado que amenaza constantemente la salud de los pueblos indígenas, quienes siguen siendo atacados por enfermedades como la anemia o desnutrición, las mismas que generan graves efectos negativos en los niños. Que la COVID-19 llegue a dichos pueblos sería un escenario devastador ya que acabaría con la existencia de los mismos[27]. Entonces, medidas adicionales que consideren a los pueblos indígenas como factor principal, deben convertirse en uno de los mayores objetivos del actual Gobierno para contener a la COVID-19 y olvidar situaciones como las pandemias de viruela o sarampión a inicios de la Conquista.
CONCLUSIONES
Ante la crisis sanitaria actual no debe olvidarse que las poblaciones indígenas son vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, la malaria, dengue[28] o hepatitis A y B, han tenido graves estragos en los pueblos ubicados en climas cálidos y zonas tropicales que hasta la fecha no cuentan con acceso efectivo al sistema de salud pública, ya sea porque no tienen protocolos interculturales para una adecuada atención o por las grandes distancias que tienen que recorrer para llegar al puesto de salud más cercano. Adicionalmente, la mayoría de los proyectos hidrocarburíferos se superponen a los territorios indígenas y sus trabajadores transitan por las propias comunidades y ante la pandemia mundial es urgente buscar medidas o políticas de salud que eviten o mejoren el panorama durante y después de la COVID-19, ya que agravaría aún más la situación de las poblaciones indígenas.
Contrario a lo que se cree, las empresas petroleras no tendrían una gran pérdida y prueba de ello es que los precios de los combustibles no han bajado en el Perú drásticamente, caso contrario a la exportación de minerales. No obstante, el verdadero objetivo debería direccionarse, además de la aplicación de exoneraciones de pagos y plazo para la industria, a la provisión de un sistema de salud integral en favor de las poblaciones indígenas; las cuales vienen sufriendo, durante siglos, por los males productos de los derrames de crudo en la Amazonía, las enfermedades tropicales (dengue y malaria) y la decidía de las autoridades. La COVID-19 es una grave crisis que debe ser atendida de inmediato.