Escribe: Doménica Villena.
El World Resources Institute[1] advirtió que 33 países enfrentarán un estrés hídrico severo para el año 2040, siendo uno de ellos nuestro país. En concordancia con ello, un estudio de Nature Conservancy[2] recoge la primera base de datos global de estrés hídrico en más de 500 ciudades, bajo la consideración de infraestructura hidráulica de las ciudades, encontrándose la ciudad de Lima entre las veinte ciudades del mundo con mayor estrés hídrico.
Si a esto, le agregamos que uno de los principales factores de contaminación en las fuentes de agua (superficial y subterránea) se debe a la descarga directa de las aguas residuales sin previo tratamiento[3]; nos encontramos ante un problema latente de sostenibilidad del recurso hídrico, que pone en riesgo la salud y vida de las presentes y futuras generaciones.
Nuestro país, no dispone de los recursos adecuados para gestionar sus aguas residuales de forma eficiente y sostenible. Existen distintas barreras de carácter institucional, financiero y normativo que impiden al Gobierno acelerar el ritmo. Pese a ello, en materia de planificación, se están trazando metas importantes para construir una visión en materia del tratamiento y reúso de sus aguas residuales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) y las metas de universalización del servicio de agua y saneamiento.
Los primeros instrumentos que visibilizan esta problemática –como una de las más graves que enfrentamos– son el Plan Bicentenario[4] y el Plan Nacional de Acción Ambiental (PNAA)[5]. Ambos documento advierten del nulo, insuficiente y deficiente tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico e industrial, lo que compromete el abastecimiento de agua, altera los hábitats e intensifica la pérdida de especies. Por ello, se ha planteado que para el año 2021, el 100% de las aguas residuales urbanas serán tratadas y el 50% de ellas se reusarían.
El Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)[6], enmarcado por la Política Nacional del Ambiente y la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos (PENRH), describe el problema de la calidad del agua e identifica sus causas: la gestión informal de vertimientos, deficientes sistemas de tratamientos de aguas residuales industriales y domésticas; y el limitado control de vertimientos. Proponiendo como ejes de intervención el uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas, y la investigación y aplicación de tecnologías para su uso eficiente.
En ese contexto, Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos[7] propone entre sus líneas de acción, la recuperación de la calidad de los recursos hídricos. Esta estrategia identifica las siguientes tareas:
- Formalizar, mediante procedimientos articulados y eficientes, a los usuarios de agua de actividades productivas y poblacionales que vierten aguas residuales no autorizadas. Así, para el año 2021, el 50% de vertedores en las cuencas del Titicaca serán formales; mientras que en las cuencas del Atlántico y Pacífico, lo serán el 30%. Porcentajes que al 2025 deberán llegar al 100% y 50%, respectivamente.
- Formular e implementar, a nivel de unidades hidrográficas, programas y proyectos integrales sostenibles de tratamiento eficiente de aguas residuales, priorizando su reúso. Proyectándose para 2021, un incremento del 35% en los proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales implementados, la cual aumentaría al 2025 en un 50%.
Atendiendo al carácter multisectorial en la institucionalidad de la gestión del agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó el Plan Nacional de Saneamiento[8]; cuyos alcances determinan la necesidad de promover el uso de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental del Agua (ECA Agua), evitando la contaminación del recurso hídrico.
Recordemos que estos instrumentos de planificación se sustentan en el derecho humano al agua. Además están alineados hacia el cumplimiento del sexto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas[9] (ODS), que traza como meta el vertimiento cero y la reducción a la mitad de aguas residuales sin tratamiento para el año 2030.
Somos conscientes que la calidad del recurso hídrico es un problema que requiere soluciones inmediatas. Por ello, recomendamos al Gobierno implementar políticas para la gestión integrada del recurso hídrico y trabajar en programas que permitan su recuperación en las cuencas hidrográficas.
El sector privado debe invertir en nuevas tecnologías para una gestión eficiente de aguas residuales con el objeto de generar el menor volumen de vertimientos. Por su parte, la sociedad civil debe mantener el rol vigilante sobre las decisiones que se toman al respecto, asimismo, generar propuestas basadas en la recuperación de la calidad del recurso hídrico.
*Este artículo se escribió en el marco del proyecto “Inversiones Sostenibles y la gobernanza del Agua (vertimientos y calidad de agua)”, con el apoyo de la Fundación Avina y COSUDE.
