Escribe: Isabel Gonzales.
Tanto las políticas públicas como las actividades económicas concurren en un territorio. Pero pocas veces los pueblos indígenas y la población local del área implicada participan en la toma de decisiones de tales políticas o inversiones, o se vinculan en sus procesos de implementación.
La activa participación de estas poblaciones para garantizar el uso adecuado del territorio y recursos naturales no solo es un derecho sino una necesidad para su supervivencia. Esto debido al relacionamiento entrañable entre su identidad con el territorio que contribuye a la conservación del ambiente y recursos, como nuestros bosques amazónicos.
El Estado –a través del OEFA, OSINFOR, DIGESA, ANA– monitorea, vigila y supervisa las actividades extractivas. Su tarea es garantizar la calidad ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, sus escasos recursos económicos, técnicos y logísticos, y su poca presencia local, limitan ese trabajo.
Es así como la participación de actores indígenas y locales –organizados en veedurías forestales, promotores legales y de vigilancia, comités de vigilancia, monitores ambientales– es relevante para la prevención y alerta temprana a las instituciones públicas de hechos como la tala ilegal, derrames de petróleo, invasión de tierras. La acción ciudadana nacida desde los pueblos indígenas ayuda al Estado, además, le permite actuar ante la ilegalidad (de acuerdo a sus funciones) y previene los conflictos socio-ambientales e impactos negativos.
Esta articulación Estado, pueblos indígenas y población local contribuyen en la gestión socio-ambiental, y debe continuar fortaleciéndose. Más aún en el contexto actual donde se incrementan las amenazas al territorio y la institucionalidad ambiental del país es débil.
Al respecto, se han generado iniciativas como el Proyecto de Ley 3937/2014-CR y las propuestas de ordenanzas regionales en Ucayali y Loreto que buscan reconocer a la vigilancia de estas poblaciones y articularla al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. De esta manera, se fortalece la conservación de nuestros recursos naturales y se hace efectivo el ejercicio del derecho a la participación en la gestión ambiental.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno el miércoles 8 de junio de 2015.