Escribe: Rodrigo Orcotorio Figueroa.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Los países en vías de desarrollo, que pertenecen a la cuenca amazónica[1], se encuentran en la necesidad de mejorar sus índices de productividad y competitividad en vista de la urgencia por abastecer la demanda de bienes y servicios públicos (energía, transporte, etc.) directamente relacionado con el aumento de la densidad poblacional según los índices de crecimiento demográficos que experimenta la América Latina con miras al año 2020.
Tabla 1:
Población total de los países de la cuenca amazónica, en miles de personas a mitad de año (Período 2016-2020)
Fuente: CEPAL (2016). Elaboración propia.
La búsqueda por marcos de común acuerdo que faciliten el intercambio comercial e integración de las fronteras es un deseo latente en América Latina, dada las grandes oportunidades para realizar actividades extractivas y construir grandes obras de infraestructura de acceso en sus territorios (puertos, hidrovías, trenes, aeropuertos, etc.). Pero, estas proyecciones han adolecido de un liderazgo real y genuino por parte de los mismos países.
Por ello, se han visto en la necesidad de formar alianzas comerciales con otras potencias de mayor capacidad de financiamiento e influencia en la región (EE. UU. y China) a través convenios de cooperación o tratados de libre comercio (TLC) situados, particularmente, en un contexto de lucha dinámica de poder por los territorios amazónicos[2]. Sin embargo, las políticas económicas de carácter internacional que surgen de dichos marcos no consideran cuestiones relativas a la protección de los pueblos indígenas, esencialmente, ni medidas específicas sobre sus tierras, territorios y el medio ambiente.
En ese sentido, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se enmarcan como una estrategia global que busca fortalecer e implementar políticas públicas en favor de los grupos vulnerables, la integración de todos al desarrollo y la protección del planeta. Y, en igual sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) trabaja de manera conjunta para ofrecer mejores alternativas en la construcción de dichas políticas sectoriales para cada una de las naciones que deseen pertenecer a dicho organismo. En ese sentido, la OCDE establece determinados requerimientos, entre ellos: La existencia plena del respeto a los derechos humanos en el territorio. Esto es posible a través convenciones y reformas de política nacional en sectores económicos de manera estructural. Por ello, la incorporación del Estado peruano a la OCDE podrá otorgar mejores herramientas para una planificación basada en los derechos de los pueblos indígenas y el diagnóstico de inversiones potenciales en los territorios que habitan.
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y pueblos indígenas en el Perú
El ingreso del Perú a la OCDE reflejaría un panorama de mejora en el bienestar económico y social a través de políticas públicas enfocadas en el respeto y protección de los derechos humanos en materia de inversión pública-privada, y del cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 (A/70/L.1), como un plan de acción internacional para determinados sectores vulnerables.
Contrario a ello, el estilo de vida y libre desarrollo de los pueblos indígenas, que habitan territorios amazónicos, se encuentra en constante amenaza por la defectuosa planificación de los proyectos extractivos que afectan sus derechos colectivos. A esto se suma, los casos de contaminación y la vulneración a los estándares internaciones de protección de derechos humanos.
Los instrumentos políticos de derechos humanos y la OCDE
El fortalecimiento de los derechos humanos es parte esencial dentro de los requerimientos de la OCDE. El Estado peruano, como parte de sus deberes ante los organismos internacionales, viene elaborando políticas específicas que pretenden poner en agenda nacional la verdadera naturaleza de los impactos que tienen las actividades empresariales sobre los derechos humanos, específicamente en el territorio de los pueblos indígenas, y las medidas necesarias para contrarrestar sus consecuencias negativas (reparación y/o remediación).
La implementación de los estándares internacionales actuales para la protección de los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales es un compromiso del Estado peruano y para ello viene elaborando el Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos. De esta manera, dicho proceso se convierte en una gran oportunidad para establecer espacios de diálogo y participación a favor de los pueblos indígenas. Además permitirá hacer efectivos sus reclamos, necesidades y demandas dentro de una política pública nacional.
La promoción de la transparencia y el acceso a la información ambiental de las actividades extractivas de alto impacto –en el marco de una mejora de la gobernanza ambiental que logre la efectiva participación de la ciudadanía y los grupos vulnerables (pueblos indígenas) en la toma de decisiones y elaboración de medidas sectoriales en favor de sus derechos– es una de las recomendaciones (N° 66) que la OCDE ha especificado al Estado peruano.
Esta recomendación viene siendo implementada a través de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) mediante el nuevo estándar que exige mostrar la información ambiental relacionada con los pagos y gastos sociales de las empresas, la actividad legislativa del Estado peruano y datos cualitativos de los instrumentos de gestión ambiental (IGA), así como sanciones impuestas por el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Aporte por Regulación (APR). A esto se suma, la elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2020-2021 que debiera representar una clara oportunidad para contrarrestar las brechas y desigualdades generadas por anteriores experiencias.
Conclusiones
El cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS exige de los Estados, que desean pertenecer a la OCDE, mejorar sus políticas públicas sobre empresas y derechos humanos. Además, fortalecer los marcos normativos para la integración de las poblaciones vulnerables y no dejar nadie atrás, bajo el enfoque de desarrollo sostenible que se pretende implementar en América Latina.
Sin embargo, la relación dinámica entre EE. UU. y China para facilitar la implementación de proyectos extractivos y de infraestructura en los territorios amazónicos ha escalado hasta el ámbito internacional, inclusive estos últimos han empezado a ejercer una enorme influencia en el seno de las Naciones Unidas (ONU), pudiendo condicionar las capacidades de los Estados al cumplimiento de medidas económicas en desmedro del marco de protección que propone la OCDE y los ODS de la Agenda 2030.
El Gobierno peruano se ha visto muy influenciado por el financiamiento internacional que se ha diversificado en distintos ámbitos y sectores productivos llegando a establecer un perfil de políticas económicas en favor de propuestas internacionales que perjudican las capacidades de control y fiscalización y elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Finalmente, las próximas elecciones parlamentarias 2020 ofrecen un abanico de oportunidades para quienes deseen lograr cambios estructurales. Para ello, es necesario que exista una adecuada representación política y una agenda clara que identifique las principales necesidades de los pueblos indígenas puesto que sus derechos colectivos, territoriales y/o ancestrales se han visto disminuidos por las dinámicas económicas antes expuestas.
[1] La cuenca amazónica se encuentra conformado por Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Surinam, Guyana y Guyana Francesa.
[2] Véase: EEUU, cerca de firmar acuerdo con Lima para contrarrestar influencia china: funcionaria Perú y China proyecta invertir hasta US$ 30,000 millones en América Latina.