En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del debate por la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso, en la madrugada del 9 de agosto se tuvo conocimiento de un hecho de violencia entre las fuerzas policiales y comuneros indígenas de Loreto que provocó el deceso de 3 hermanos indígenas y 10 heridos en inmediaciones de la empresa Petrotal del lote 95. Según dirigentes indígenas, los comuneros se acercaron a los directivos de la compañía para poder iniciar el control territorial y coordinar el establecimiento de una mesa de diálogo por la necesidad de medidas urgentes de atención frente a los impactos de la COVID-19. Pero fueron recibidos con armas de fuego por los efectivos policiales, una situación que exige una investigación inmediata para determinar responsabilidades de Estado.
De acuerdo al comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), “los hermanos indígenas se acercaron sin armas de fuego, solo portando lanzas y flechas, que son herramientas tradicionales y ancestrales, usadas como símbolo de indignación y rechazo frente al abandono histórico que sufren los pueblos indígenas”. Sin embargo, la Policía Nacional habría hecho uso de la fuerza de manera desproporcional contra los indígenas, quienes hacían uso a su derecho a la protesta para exigir salud pública, luz eléctrica por 24 horas, agua, entre otras demandas. Por eso las organizaciones indígenas como ORPIO, AIDESEP y COICA exigieron al Gobierno el cese de la represión.
En medio de la emergencia sanitaria, se registraron muertes de comuneros no necesariamente por la COVID-19, sino también por conflictos vinculados a la defensa de derechos humanos. Este nuevo hecho, aún en investigaciones y con versiones distintas sobre el enfrentamiento, pone de manifiesto la necesidad y urgencia de implementar herramientas de protección que, como el Acuerdo de Escazú, permitan un mejor diálogo nacional sobre cómo se planifican y se extraen los recursos naturales, incorporando a los diversos actores que participan en estos procesos, justamente como los pueblos indígenas.
Y es que el Acuerdo de Escazú, además de ser el primer tratado regional para la protección de los y las defensoras indígenas, promueve los derechos al acceso a la información sobre los impactos y proyectos de inversión en los territorios indígenas, como los territorios de las comunidades de Loreto del entorno del lote 95, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales y una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la explotación de recursos en sus territorios; con lo cual se evitan conflictos sociales y se promueve un clima de diálogo. El contexto actual no solo del Perú sino de la cuenca amazónica exige su ratificación urgente a fin de realizar un monitoreo sobre las decisiones que toman los Gobiernos para que el día de los pueblos indígenas no termine siendo un día sin nada que celebrar.