Escribe: Liliana Leonor Loayza Reyes.
La consulta previa de la Hidrovía amazónica, la primera en proyectos de infraestructura, ha sido un proceso con elementos por mejorar, pero sobre todo con acuerdos y buenas prácticas que elevan el estándar de la implementación de este derecho y que sirven de precedente en otros procesos.
La consulta del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto, si es que se encuentran nuevas afectaciones, es uno de los acuerdos más importantes, pues abre la posibilidad de consultar el documento que cuenta con mayor información sobre los impactos de la hidrovía. De esta manera, la oportunidad de la consulta ya no se restringiría a un solo momento en el ciclo del proyecto, que es a donde se debe apuntar para garantizar la correcta implementación de este derecho.
También se han dado pasos importantes para hacer de la consulta un verdadero proceso de diálogo intercultural donde el Estado reconoce la cosmovisión y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas (PPII). Por ejemplo, en el EIA-d se identificarán los impactos culturales y espirituales del proyecto abordando la relación especial que tienen los PPII con el río y el equipo multidisciplinario encargado de elaborarlo contará con la participación de mínimo 3 sabios indígenas.
Asimismo, se logró el reconocimiento del Programa de Vigilancia Indígena Independiente por parte del Ministerio de Cultura y la capacitación de sus miembros, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esto asegura a los PPII el control sobre suterritorio y, a la vez, el Estado tendrá un aliado para prevenir conflictos sociales durante los 20 años que dura la concesión.
Acerca de las buenas prácticas en este proceso, a diferencia de otros, se dieron aportes al contrato de concesión en materia ambiental y de derechos laborales, solo está pendiente que ProInversión lo publique con los cambios incorporados. También se conformó un Grupo de Trabajo Multisectorial para abordar las propuestas de los PPII no vinculados a las medidas consultadas. Su creación se oficializó con resolución ministerial del 19 de octubre y lo integran 11 ministerios, gobiernos regionales (Loreto y Ucayali) y organizaciones indígenas (CORPI-SL, ORPIO y ORAU).
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno, el miércoles 11 de noviembre de 2015.