Escribe: Aída Gamboa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Columna “Amazonía y Buen Gobierno”
El Acuerdo de Escazú, primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe, fue aprobado en 2018 por 24 países. Este Acuerdo desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Busca asegurar acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, así como proteger a las y los defensores ambientales. Al desarrollar esos pilares, se promueven democracias con un clima de inversiones sostenibles en cada país.
Sin embargo, grupos económicos y políticos han emprendido una campaña en su contra, que lejos de informar a la ciudadanía y a los gobiernos subnacionales sobre sus beneficios para el país, afirman una serie de falacias que demuestran el real interés detrás: reactivar una economía atropellando los derechos de la población.
Perú empujó el proceso, con Costa Rica y Chile liderando. Durante 6 años de negociación del tratado, nuestro país demostró su destacado rol en política exterior, que lejos de atentar contra la soberanía nacional, le permitió fortalecer su diplomacia multilateral. No solo hemos ratificado convenios símiles, como el de Diversidad Biológica o el Acuerdo de París, otros dentro Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos (ONU y OEA), sino también TLCs y ninguno ha concedido nuestro territorio a externos.
Ciertos grupos temen que los ciudadanos tengamos mejores condiciones para participar en la definición de las políticas, decisiones y proyectos de inversión que se implementen. Que seamos esa masa proactiva y crítica que los interpele con nuevas ideas de jóvenes actores. Escazú evitaría más escándalos de corrupción como en los que muchas empresas y políticos siguen envueltos (Lavajato y Odebrecht) pues promueve mayor transparencia.
Escazú permitirá al país crecer con adecuadas condiciones socioambientales para los inversionistas, dotar a los gobiernos regionales de mayores herramientas de planificación, reducir las amenazas y asesinatos a las personas defensoras del ambiente, cumplir con nuestros compromisos frente al cambio climático y, sobre todo, fortalecer el derecho de los peruanos y peruanas a informarnos, participar e incidir en las políticas.