Escribe: Aída Gamboa Balbín
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Según las últimas encuestas, nuestro Congreso tiene una desaprobación entre el 88% (IPSOS) y 90% (IEP). Siete de las nueve bancadas del Legislativo, con crisis de representación, aprobaron, con nueve votos a favor y tres en contra, el dictamen que archivó la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, el pasado 20 de octubre en la Comisión de Relaciones Exteriores. Así se rechazó la posibilidad de que Perú cuente con un tratado internacional enfocado en promover los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el cual pronto entrará en vigor en los Estados parte de América Latina y el Caribe.
Los nueve opositores de la mencionada comisión fueron parte de los 105 congresistas que colocaron al Gobierno ilegítimo de hace unas semanas, algunos de ellos investigados por el Ministerio Público, en el pasado y en la actualidad, por varios delitos, incluso ambientales. Argumentaron falacias sin soportes técnicos, jurídicos ni políticos como la afectación a la soberanía, pérdida de la Amazonía, injerencia de organismos internacionales o traba a las inversiones, cada una fue desmentida por diversos actores y por el propio contenido del Acuerdo. Tuvieron el apoyo, de gremios como Confiep, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, AmCham, quienes también respaldaron vía comunicados públicos al exgobierno y su gabinete, en el que algunos de sus ministros fueron abiertamente detractores del tratado.
La crisis política y las graves violaciones de derechos ocurridas durante las protestas pacíficas pasadas ponen al descubierto a quienes actúan en contra de los intereses del país y de los derechos humanos, avalando la represión. Son los mismos que rechazaron el Acuerdo de Escazú, por eso orquestaron una campaña en contra de un instrumento que justamente pretende fortalecer el sistema de justicia, promover mayor transparencia, reducir la conflictividad social, respetar la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación, y proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos ambientales ante las amenazas y muertes impunes. Este acuerdo pone en riesgo sus beneficios pues previene el atropello contra el medio ambiente y las personas vulnerables.
El Gobierno de transición tiene el reto de impedir que traten de arrebatarnos nuestros mínimos derechos conseguidos y de continuar el debate con la ciudadanía sobre la importancia del Acuerdo de Escazú. La próxima legislatura podrá debatir su ratificación, pero los derechos que Escazú tutela seguirán en peligro sin una reforma de actores políticos que apuesten por el derecho a la vida y no por anular a todo aquello que contradiga su visión limitada sobre los derechos humanos. A través de la alianza de las juventudes, organizaciones indígenas y sociedad civil, quienes respaldaron el Acuerdo, se abre una oportunidad para contener la flexibilización del marco normativo de derechos y estándares socioambientales.
Necesitamos justicia, participación, acceso a la información, vida digna. Los derechos humanos no son negociables, los intereses privados no deben prevalecer a la vida de los y las peruanas.