DAR Participó en el proceso conducente al Acuerdo de Escazú, y actualmente trabaja por su ratificación por parte del Congreso de la República peruano.
Escribe: Aída Gamboa Balbín.
Fotos: CEPAL y DAR
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe, aprobado el 4 marzo de 2018. Este Acuerdo desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Al desarrollar esos tres derechos, se apunta a promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región.
Este tratado incorpora varios elementos innovadores. Primero, tiene una disposición específica sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental, sin precedentes en la región. Segundo, incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Tercero, también integra el espíritu de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en las actividades que realizan.
Fue el trabajo arduo y paciente de sociedad civil, lo que hizo la diferencia. Luego de casi 6 años de negociaciones, se logró comprometer a los 24 Estados firmantes a: publicar registros de contaminantes y difundir información sobre riesgos, evaluación e impactos ambientales; asegurar la participación desde la etapa de planificación de cualquier actividad de explotación de los recursos naturales; integrar los traductores de otras lenguas y garantías de gratuidad para asegurar el acceso a la justicia, entre otras disposiciones. Además, se incluyeron los principios retroactivo, precautorio y el de no discriminación, y el último día de la negociación se eliminó la posibilidad de que algún país firmante pueda hacer reservas a los artículos del Acuerdo. No fue todo lo que quisimos conseguir, pero fueron grandes pasos hacia adelante, sin duda.
Asegurando un estándar mínimo ambiental para la gobernanza ambiental
Sociedad civil, entre ellos DAR, participó en el proceso de negociación del Principio 10 a través del Mecanismo Público Regional, donde más de 2000 personas naturales y jurídicas se registraron para recibir periódicamente información sobre el proceso y participar en las reuniones presenciales y virtuales. En 2015, primero lo hicimos de forma virtual y luego desde 2016 formando parte también de las reuniones presenciales. En marzo de 2015, todos los que estábamos inscritos votamos en la elección de los representantes para el Mecanismo Público de manera electrónica, dos principales y cuatro suplentes, que fueron electos por un período de dos años, con derecho a participar en las reuniones del Comité de Negociación y de los grupos de trabajo u otros espacios que pudieran establecerse. Aunque los representantes de sociedad civil no participaron con voto en las decisiones, en la práctica el nivel de incidencia de la sociedad civil fue muy alto, se logró llevar a la mesa las propuestas recogidas y consensuadas previamente entre un gran número de organizaciones de la región, logrando influir en las posiciones de muchos de los delegados y exponiéndolas en las reuniones. Esta modalidad de participación ha sido reconocida internacionalmente como un estándar de participación en negociaciones internacionales.
Posteriormente, se logró institucionalizar una red de más de 30 organizaciones participantes del proceso en la red LAC P10, con apoyo y participación de la red Iniciativa de Acceso (The Access Initiative –TAI), que impulsaron desde el inicio el proceso. Esto se produjo por un estrecho trabajo de articulación entre sociedad civil y los representantes elegidos. La red de organizaciones hizo comentarios y observaciones a todos los artículos del texto propuesto por CEPAL, y también a las siguientes versiones que fueron cambiando durante las negociaciones. En cada país, los puntos focales de sociedad civil se reunían periódicamente con funcionarios de su respectivo gobierno para fortalecer la articulación nacional.
Foto: DAR.
Este proceso ha dejado lecciones aprendidas que sociedad civil utilizará para los procesos de ratificación nacionales que están en marcha y que contó con apoyo internacional, por ejemplo, los relatores de las Naciones Unidas se pronunciaron a favor de la pronta firma y ratificación del Acuerdo e hicieron una llamada a todos los países de la región para que lo realizaran. Ahora, es necesario que 11 países ratifiquen el Acuerdo para que este pueda entrar en vigor.
La primera tarea será sumar a la mayor cantidad de organizaciones de base, activistas, movimientos sociales locales y organizaciones indígenas en este nuevo proceso. Esto con dos objetivos muy claros: promover la firma del Acuerdo por los gobiernos de los 17 países que aún no lo han hecho y la ratificación por las legislaturas de los 16 países que hasta el momento han firmado el Acuerdo. Asimismo, sociedad civil plantea poder armar una estrategia que sirva para identificar las necesidades a futuro para la implementación efectiva del Acuerdo, que sirva para empezar a revertir la situación de vulnerabilidad que viven miles de afectados por actividades extractivas y por la criminalidad ambiental.
En Perú, estamos trabajando para que la ciudadanía y las organizaciones indígenas como AIDESEP y sus bases regionales conozcan sus contenidos a nivel nacional y local. Además, hemos tenido reuniones con funcionarios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, así como con congresistas involucrados en el proceso. Nuestro país firmó el Acuerdo en septiembre pasado y esperamos que prontamente el Ministerio de Relaciones Exteriores remita a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República el informe final sobre el Acuerdo de Escazú para que este pueda ser examinado y luego de ello que el pleno pueda discutirlo y ratificar el Acuerdo. Lo mismo está sucediendo en otros países, buscando dialogar con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los avances que se vienen realizando son distintos en cada país: en Argentina, por ejemplo, se ha avanzado un poco más y ya tiene un proyecto de ley de ratificación, Costa Rica, por su parte, ya indicó públicamente que va a ratificar el Acuerdo.
Foto: CEPAL.
Próximos retos y nuevos avances
Este Acuerdo va a ayudar a garantizar los derechos de los defensores ambientales una vez que pueda ser implementado integralmente en cada país. No obstante, se necesitará más que un acuerdo internacional para garantizar efectivamente los derechos de los defensores del medio ambiente. Es importante que cada país pueda avanzar en iniciativas que permitan en el futuro implementar el Acuerdo con mayor facilidad.
En Perú, tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en 2018, instrumento que se engarza con el Acuerdo de Escazú, ya que dispone varios procedimientos para la protección de defensores, tales como un protocolo para la protección de defensores en derechos humanos que incluye un registro nacional de denuncias y un sistema de alerta temprana, además de implementar un plan nacional específico sobre empresas y derechos humanos. Muchos de estos puntos están contemplados no solo en el Acuerdo de Escazú sino también en planteamientos que han realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas instancias de las Naciones Unidas.
Otro elemento importante va a ser el trabajo del Poder Judicial en cada país. En Perú, el Poder Judicial viene realizando diversas iniciativas para fortalecer la justicia ambiental, como programas de capacitaciones en temas ambientales, congresos internacionales en justicia ambiental, la implementación de un Observatorio de Justicia Ambiental (sobre delitos ambientales) y la puesta en marcha del Pacto de Madre de Dios (firmado por organizaciones de sociedad civil y entidades públicas) que tiene entre sus compromisos establecer juzgados especializados en materia ambiental. El proceso de implementación del Pacto de Madre de Dios ha comenzado en las regiones amazónicas, donde hay un alto número de delitos ambientales e integrarán elementos de interculturalidad.
En suma, hay muchos mecanismos que los países pueden ir implementando para cumplir con lo que demanda el Acuerdo de Escazú, para identificar quiénes son las personas y pueblos que padecen violaciones de derechos humanos, hacer un seguimiento, tomar medidas preventivas y sancionadoras ante las amenazas que enfrentan, así como difundir la perspectiva de derechos humanos en el sector empresarial. Un iniciativa que es importante presentar es la elaboración e implementación de un Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de la Cuenca Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Este programa combina documentación, capacitación de líderes, incidencia en organismos regionales e internacionales de derechos humanos y defensa jurídica de defensores criminalizados. En ese sentido, esperamos que las recomendaciones que salgan del Programa y otros similares sirvan para la implementación del Acuerdo.
El Acuerdo de Escazú es un aliento para reducir las amenazas y asesinatos que enfrentan los defensores del ambiente y la Amazonía reportados en los últimos años por distintas organizaciones internacionales. Por ello, será fundamental la articulación regional y nacional, entre diferentes actores para incidir en los Estados y lograr el apoyo necesario hacia la ratificación, así como las campañas comunicacionales y el fortalecimiento de capacidades de sociedad civil para dirigir este proceso. Desde DAR, apostamos por este proceso y esperamos que el Congreso de la República peruano pueda ratificar este Acuerdo muy pronto.
Foto: DAR.