Equipo Regional
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Hace un año, más de 11 países de América Latina y el Caribe avanzaron en el camino de lograr un acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental firmando el Acuerdo de Escazú. El pasado jueves, en ceremonia en las Naciones Unidas, cuatro países más dieron este gran paso, sumando 21 países que apuestan por un instrumento que además, protege a los y las defensoras ambientales en nuestra región. Lamentablemente, aún ni Colombia ni Chile suscriben el Acuerdo, a pesar de su activa participación en las negociaciones del contenido del Acuerdo.
Eso no es todo, para que el Acuerdo entre en vigor necesitamos que 11 Estados lo ratifiquen y al cierre de edición se cuentan con 6 ratificaciones. Esperemos que no deban pasar un año más para informar que más Estados han hecho propio y que sus ratificaciones se den a conocer más pronto.
Insistir en la firma o ratificación de Escazú es promover no solo el primer instrumento regional en materia ambiental y el único enfocado en la protección de las y los defensores ambientales, sino la defensa de derechos, ya sea porque apoyen la conservación del ambiente o faciliten el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, nos referimos a un tratado para las personas y su derecho a un ambiente sano, a formar parte de las decisiones que afectarán sus territorios y que por ello no sufran de represalias o actos de criminalización.
La situación de los defensores ambientales es gravísima: según datos a nivel mundial, América Latina y Brasil son, respectivamente, la región y el país más letales para las personas defensoras en número de muertes, incluyendo defensores indígenas de la cuenca amazónica. Según Global Witness (2018), al menos 237 defensores del ambiente y de la tierra, incluyendo líderes indígenas, fueron asesinados en 2017, aunque se calcula que el número de muertes es mayor debido a la falta de información disponible; un 60% de dichas muertes se registró en América Latina.
Por otro lado, en la IV Cumbre Amazónica de la COICA (2018, Macapá en Brasil), se señaló que, anualmente, se calculan alrededor de 400 muertes de defensores y defensoras indígenas por año y que estos no son adecuadamente visibilizados. Frente a este panorama, urgen medidas concretas, por ello el Acuerdo de Escazú representa un importante y necesario instrumento para poder proteger a las y los defensores indígenas y que puedan acceder a la justicia ambiente, frente a los atropellos a los que son sometidos por defender su tierra, territorio y medio ambiente.
En medio de la crisis política en Perú entre el Ejecutivo y el Legislativo, el debate en el Congreso del Acuerdo no debe diluirse. Y en la región este contexto debe alentar a los Estados en asumir un rol más efectivo en la defensa de ambiente y la protección de sus defensores y defensoras. ¿Quién apostará por las personas y tomará el liderazgo en la región para convertir el acuerdo en una realidad?