Escribe: Valeria Urbina Cordano
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
La crisis sanitaria actual que vivimos por la expansión de la COVID-19 a nivel global, nos plantea ingentes retos que debemos asumir y afrontar como sociedad. Uno de ellos es la no exacerbación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres (o lo que se conoce como desigualdades de género) en contextos de diversidad cultural.
En el mundo, antes de la pandemia que hoy enfrentamos, 740 millones de mujeres trabajaban en la economía informal y las brechas de género eran visibles: las mujeres de entre 25 y 34 años tenían un 25% más probabilidad de vivir en pobreza extrema que los hombres; percibían, en promedio, un 16% menos de ingresos; realizaban, en promedio, el tripe del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y la sub-representación de las mismas en espacios de toma de decisiones, continuaba siendo la norma[1].
Esta realidad se tornaba crítica si nos enfocamos en las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas. A diciembre 2017 y pese a avances normativos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reconocía la situación de exclusión y discriminación que aún viven las mujeres indígenas en la Región, así como las brechas de género y/o de etnia que impiden su pleno desarrollo[2].
Estas brechas existían, asimismo, en un contexto en el muchas mujeres indígenas están, en primera línea, en la lucha por la defensa de sus territorios y el medio ambiente. Ello las exponía en muchas ocasiones a situaciones de riesgo y violencia por parte de empresas y otros agentes externos formales e informales; entre las cuales se encuentran: criminalización, hostigamiento, vigilancia ilegal, desapariciones forzadas y asesinatos. Cabe mencionar que según Front Line Defenders, a diciembre 2019, más de 300 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas a nivel mundial. El 40% de ellas defendían derechos ambientales, de la tierra y de pueblos indígenas[3].
Foto: M. Zúñiga / DAR
Con la pandemia, es muy probable que estas realidades se agudicen aún más. Múltiples organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) vienen ya advirtiendo que la crisis por COVID-19 va a impactar de forma distinta en hombres y mujeres; y que ello, a su vez, profundizará las inequidades preexistentes, generando incluso retrocesos en los limitados avances logrados en las últimas décadas[4]. Como menciona Naciones Unidas:
“Una pandemia amplifica todas las desigualdades […] estas desigualdades, a su vez, determinan quién se ve afectado, la gravedad de ese impacto y nuestros esfuerzos de recuperación”[5].
En ese marco y aunque aún no existen estadísticas, desde ya se advierte que la pandemia amplificará las desventajas interseccionales que viven las mujeres indígenas. En este artículo se abordarán tres derechos fundamentales de las mismas: salud, y particularmente su salud sexual-reproductiva; seguridad y autonomía económica.
En relación al primero, las mujeres indígenas, al tener un menor acceso a servicios de salud y agua potable, tienen mayor probabilidad de presentar afecciones preexistentes que las vuelve vulnerables ante la COVID-19[6]. Ello considerando, además, episodios de contaminación ambiental por industrias extractivas que han y continúan impactando su salud. Se sabe que a la fecha, en la Panamazonía existen 24,408 casos confirmados de personas infectadas por este motivo, muchas de ellas son mujeres[7]. Asimismo, su salud sexual y reproductiva puede verse altamente impactada. Naciones Unidas ya señala que este es un tema público que requiere particular atención durante las pandemias. Abordar el mismo es de suma urgencia para el caso de las mujeres indígenas. Existe data que demuestra que son ellas quienes, en ciertos contextos, tienen el doble de probabilidad de fallecer por complicaciones con el embarazo y/o parto que la población general[8]. Si no se asegura su atención, los avances logrados en salud materna neonatal en los países de la región podrían retroceder drásticamente.
En cuanto a la seguridad, es ya conocido que las restricciones gubernamentales de salir de casa por COVID-19, vienen escalando la violencia hacia las mujeres en el mundo. Para el caso de las mujeres y niñas indígenas esto también se torna crítico. Según ONU Mujeres, las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia que la población en general[9]. Sólo en nuestro país, según la Defensoría del Pueblo, al año 2017 al menos un millón y medio de mujeres indígenas ha sufrido alguna vez violencia familiar. Aún más dramático. En el mismo año, había 5,013 niñas madres indígenas, de entre 13 y 14 años de edad; siendo la causa principal la violencia sexual en el contexto de la familia[10]. ¿De qué manera nuestros gobiernos están activando canales de protección con pertinencia cultural durante esta crisis?
Para el caso de las mujeres indígenas, la violencia de género no sólo es intrafamiliar. Como se mencionó anteriormente, muchas mujeres se han encontrado y se encuentran a la vanguardia en la lucha por la defensa de sus territorios y el cuidado de los bosques. Ello en un contexto en el que la crisis no ha detenido la operación de muchas empresas extractivas ni de actividades ilegales. Mujeres defensoras y comunidades enteras continúan siendo hostigadas y amenazadas por su trabajo de promoción de derechos ambientales. Las medidas de cuarentena aplicadas en los países de la región, han alterado sus protocolos de protección, exponiendo a los y las defensoras a situaciones de mayor riesgo y, en ciertos contextos, volviéndose blancos fáciles para agentes agresores[11].
Por último, en cuanto a la autonomía económica, se sabe que esta crisis por la COVID-19 va a afectar desproporcionalmente a las mujeres, quienes, generalmente ganan menos, ahorran menos y trabajan en el sector informal[12]. Esto, en definitiva, no va a ser la excepción para el caso de las mujeres indígenas; quienes, según data existente, experimentan brechas laborales y salariales agudas. En Perú, menos de la tercera parte de la población de mujeres indígenas (27%) tiene ingresos propios; y quienes los tienen, el 59% realiza trabajos de baja remuneración[13]. Ante la COVID-19, por ejemplo, el trabajo de comercialización que realizan muchas mujeres indígenas, varias artesanas, se ha paralizado. Siendo ellas las principales cuidadoras de la familia, es probable que esto impacte en otros temas clave; por ejemplo, en la educación y seguridad alimentaria. Como mencionó recientemente la presidenta de la comunidad de la etnia Yine en Perú, Karla Sebastián: Vendíamos nuestra artesanía. Ahora las mujeres se preguntan con qué dinero van a hacer estudiar a sus hijos. La vida no volverá a ser como antes”[14]. Las mujeres indígenas pertenecen a uno de los grupos poblacionales con mayor riesgo de caer en situación de pobreza o pobreza extrema, si es que no se toman medidas diferenciadas y con pertinencia cultural.
Los temas abordados no pretenden ser exhaustivos. Sin embargo, son algunos temas clave que, ante la actual pandemia, están impactando ya la vida de las mujeres alrededor del mundo y que se agudiza cuando hablamos de la mujer indígena. Como ya lo mencionan organismos internacionales, las necesidades de protección de mujeres y niñas (y en particular de las mujeres y niñas indígenas) deben estar al centro de los esfuerzos de nuestros gobiernos en la región[15].
Conclusiones y recomendaciones
Como se menciona al inicio de este artículo, la crisis por COVID-19 nos plantea retos. El abordarlos de manera efectiva, requiere que nuestras autoridades y todos como sociedad, reconozcamos la diversidad cultural existente en nuestros países latinoamericanos. No hay que olvidar que sólo en América Latina existen 522 pueblos indígenas, de los cuales, 55 están en el Perú. Todos con características y necesidades particulares por género y por etnia que, ante una pandemia, se expresan en impactos diferenciados, directos e indirectos, importantes y urgentes.
Hoy, quizá más que nunca, necesitamos incorporar los enfoques de género e interculturalidad en todas las medidas de prevención, atención y recuperación que se tomen. Organismos internacionales vienen ya dando algunas pautas y ofreciendo asistencia técnica a los gobiernos de la región. Por su lado, organizaciones de mujeres indígenas como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas-ECMIA y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú-ONAMIAP vienen ya también exponiendo sus demandas[16].
Algunas recomendaciones/pautas generales, relativas a la incorporación del enfoque de género y atención de las necesidades particulares de las mujeres indígenas[17], son las siguientes:
- Incorporar en los sistemas de respuesta y atención, particularmente los de salud, datos desagregados por sexo, edad, auto-identificación étnica, entre otros datos clave que permitan medir impactos y tomar decisiones desde los enfoques de género e interculturalidad.
- Promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres a nivel comunitario, incluidas sus redes y organizaciones, en las acciones de planificación y respuesta de la pandemia, a fin de que sus intereses y necesidades diferenciadas sean incluidas.
- Asegurar que las mujeres accedan a mensajes de salud pública sobre el COVID-19 y otros asuntos clave en sus lenguas maternas y mediante canales efectivos. Todos los mensajes que se generen deben ser accesibles, comprensibles y culturalmente pertinentes a cada contexto.
- En los planes de salud para las poblaciones indígenas, abordar el acceso limitado existente y proponer alternativas desde una perspectiva intercultural. Poner particular énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres así como de la primera infancia.
- Garantizar sistemas de protección para las mujeres y las niñas con pertinencia cultural, asegurando su acceso en contextos de baja conectividad. Asimismo, comunicar adecuadamente de existir cambios en las rutas de derivación para casos de violencia de género o protocolos para el acceso a la justicia.
- Colocar a las mujeres al centro de las iniciativas de asistencia social y/o de reactivación económica. Asegurar que la visión de sus necesidades sea considerada e incorporada en el diseño e implementación de los paquetes de estímulos económicos.
- Fortalecer y garantizar la protección de las mujeres defensoras del territorio y medio ambiente, particularmente durante este tiempo de pandemia. Establecer medidas que resguarden su integridad y garanticen su acceso a la justicia amenazas y/o hechos delictivos.
[1] ONU Mujeres (2020a). Igualdad de género: A 25 años de Beijing, los derechos de las mujeres bajo la lupa. Págs. 4-5.; United Nations (2020). Policy Brief: the impact of COVID-19 on Women. April 2020. Pág 6.
[2] CEPAL (2017). Los pueblos indígenas en América (Abya Yala). Desafíos para la igualdad en la diversidad. Diciembre 2017. En el capítulo “las mujeres indígenas”, la CEPAL aborda distintas problemáticas de las mismas, tales como la salud sexual-reproductiva, la maternidad y la violencia que se ejerce contra ellas.
[3] Según la misma fuente, el 68% de casos de asesinatos a defensores y defensoras se da en América Latina y el Caribe (208 de 304). Front Line Defenders (2020). Front Line Defenders Global Analysis 2019. Pág. 4. Fuente: Front Line Defenders.
[4] United Nations, 2020. Pág.2; UNFPA (2020). Informe Técnico COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. Marzo 2020. Pág. 2-6.
[5] United Nations (2020). Policy Brief: the impact of COVID-19 on Women. Abril 2020. Pág 21.
[6] Tales como neumonía, tuberculosis, anemia e hipertensión. ONU Mujeres (2020b). Making Indigenous Women and Girls Visible in the Implementation of the UN Framework for the Immediate Socio-Economic Response to COVID-19 Accessing Funds Through the Multi-Partner Trust Fund. Abril 2020. Pág. 4. Según datos de la Defensoría del Pueblo, a diciembre 2019, el 55% y el 67% de comunidades campesinas y nativas, respectivamente, aún no contaban con un establecimiento de salud, a pesar de que la demanda de atención era alta, particularmente en el caso de las mujeres. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la tasa de maternidad en poblaciones indígenas es bastante alta. Al 2017, las mujeres indígenas de la Amazonía tenían, en promedio, entre 4 y 5 hijos/as. Defensoría del Pueblo (2019). Informe de Adjuntía N° 002-2019-DP/AMASPPI/PPI «Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú». Diciembre 2019. Págs. 57-61.
[7] Fuente: REPAM al 4 de mayo 2020. A la fecha, no se encontró data sobre el número de mujeres indígenas infectadas por COVID-19 en América Latina. Se conoce de casos como el de una mujer brasilera de la etnia kokama que fue diagnosticada con COVID-19 en marzo 2020 y otra mujer brasilera de la etnia borari que lamentablemente falleció en abril 2020. Asimismo, ya se vienen reportando casos de mujeres indígenas contagiadas en Perú, como es el caso de una mujer indígena achuar en el departamento de Loreto. Ver: Mongabay, LAB.org y RPP.pe.
[8] Ibíd.: 5.
[9] Ídem.
[10] Cabe mencionar que la mayoría de estas niñas madres pertenecían a comunidades de la región amazónica. Defensoría del Pueblo (2019). Informe de Adjuntía N° 002-2019-DP/AMASPPI/PPI «Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú». Diciembre 2019. Págs. 64-71.
[11] Actualmente, se vienen reportando casos de vulneración de derechos de defensoras y comunidades en el marco del COVID-19.
[12] United Nations (2020). Policy Brief: the impact of COVID-19 on Women. April 2020. Pág 4
[13] Defensoría del Pueblo (2019). Informe de Adjuntía N° 002-2019-DP/AMASPPI/PPI «Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú». Diciembre 2019. Págs. 90-146.
[14] Revista Somos. El Comercio. Año XXXIII/N°1741 (2020). Artículo “Comunidades en Alerta. Una Vida en aislamiento”. 18 de abril de 2020. Este impacto se está dando a nivel de toda la región. Recientemente, mujeres indígenas mexicanas exigieron apoyo al gobierno ante problemas económicos, pero con pertinencia cultural. Ver más en FILAC y Ojo Público.
[15] UNFPA (2020). Informe Técnico COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. Marzo 2020. Pág. 7
[16] Recientemente, la ONAMIAP remitió una carta al poder ejecutivo con un conjunto de medidas urgentes a ser atendidas por el gobierno peruano.
[17] Estas recomendaciones consideran las siguientes fuentes: Llamado Colectivo de las Mujeres Indígenas ante el COVID-19. Fuente: ONU Mujeres (2020b). Making Indigenous Women and Girls Visible in the Implementation of the UN Framework for the Immediate Socio-Economic Response to COVID-19 Accessing Funds Through the Multi-Partner Trust Fund. April 2020; United Nations, 2020; UNFPA (2020). Informe Técnico COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. Marzo 2020; United Nations (2020). Policy Brief: the impact of COVID-19 on Women. April 2020.