Escribe Rodrigo Orcotorio.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
La deuda hacia los pueblos indígenas de la Amazonía es impagable. Inició con la implementación de las políticas de inclusión-exclusión en la época virreinal, consolidando el modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales. Modelo que limitó el reconocimiento de sus derechos y su autodeterminación organizativa a la fecha.
La Conquista trajo consigo diversas enfermedades infecciosas y redujo de manera drástica la población indígena, ocasionando su éxodo a zonas de difícil acceso para resguardarse de la amenaza. Es decir, “cuando los colonizadores entraron en contacto con las culturas nativas, introdujeron nuevos patógenos a los que los aborígenes no habían desarrollado inmunidad y estos últimos se vieron abrumados y diezmados por enfermedades altamente contagiosas que contribuyeron a la desaparición de sus civilizaciones”.
El reconocimiento constitucional de la pluralidad cultural de los pueblos indígenas durante los años 90 en la región (Ecuador y Bolivia con mayor desarrollo) fue una muestra de cómo las diversas luchas sociales y de reivindicación lograron incorporar su participación en las decisiones de algunos gobiernos centrales. Al mismo tiempo, en el ámbito internacional sucedía lo mismo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero con poca o nula aplicación por los gobiernos en la actualidad (Merino, 2018).
En este contexto, la COVID-19 sería contraproducente para la vida de los pueblos indígenas considerando la situación de exclusión en la región y sus bajas defensas inmunológicas a causa de los altos niveles de contaminación en el ambiente. Hasta la fecha se han confirmado una gran cantidad de infectados de coronavirus en los países amazónicos y el número de muertes ha ido en ascenso. La ciudad de Manaos del Estado de Amazonas (Brasil) ha sido la más afectada. Según datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), al 22 de mayo de 2020, el número de contagios asciende a más de 90 000 personas y alrededor de 5500 muertes.
Una historia de olvido: rezagos de enfermedades infecciosas
La amenaza a los pueblos indígenas de la Amazonía inicia con la invasión de América y la conquista de los españoles. Por un lado, el proceso de aniquilamiento de la población indígena y por el otro la supremacía de Europa sobre vastos dominios del nuevo continente. Cuando los colonos españoles llegaron a México (1518) la población indígena ascendía a 25 millones de habitantes que luego de 10 años se redujo a 16,8 millones y así sucesivamente de manera drástica[1].
Solo en el Tahuantinsuyo (Imperio Inca) se registraron alrededor de 6 a 8 millones de poblaciones indígenas prehispánicas, pero que considerando toda Sudamérica, la cifra asciende a 20 millones de habitantes. Población que fue reducida a medida que la colonización avanzó y las enfermedades epidemiológicas hicieron estragos.
Figura N° 1: Representación de la viruela
Fuente: H. McNeill (2016).
Por las secuelas producidas en los pueblos indígenas a lo largo de la historia, son considerados como parte de grupos de riesgo ante la amenaza de contraer una enfermedad a la que sus sistemas inmunológicos no estén en situación de afrontar. Por ejemplo, el brote de malaria en 1934 redujo de manera considerable al pueblo Machiguenga. A la fecha, esta enfermedad sigue siendo endémica en las zonas tropicales, dada su geografía propicia para la proliferación de zancudos portadores, no solo de la malaria sino también de dengue.
Sumado a ello, años y años de extracción de recursos naturales, con impactos negativos en la salud que solo han aumentado los niveles de pobreza en los territorios indígenas, y la falta de servicios públicos esenciales (luz, saneamiento, salud, etc.) agravan las condiciones sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas.
América Latina frente a la COVID-19
La emergencia producida por la COVID-19 ha puesto al límite los sistemas de salud de grandes potencias europeas y de los países más pobres. Países como España o Italia han padecido una grave crisis sanitaria ante el colapso de sus centros asistenciales por el alto número de infectados y de muertes. Aunque en algunos Estados fue parcial[2], se impusieron medidas restrictivas que limitaron la libre circulación de sus habitantes para minimizar la curva de contagios hasta que la capacidad del sistema de salud pueda reestablecerse (The hammer and the Dance).
Si bien las pandemias producidas por la Peste Negra o la Gripe Española tuvieron como principal foco infeccioso el continente europeo y zonas del sudeste asiático –y muchas de ellas se agravaron debido a las guerras entre naciones, siendo sus efectos devastadores para las economías de la época–, no tuvo estragos considerables en la población del continente americano.
Para los países más afectados (España, Italia, Estados Unidos, China, etc.), la pandemia ha significado la disminución considerable de sus aparatos productivos. Los principales sectores productivos operan al mínimo, avizorándose un panorama incierto para los próximos años. Situación equiparable con la crisis producida por la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y su repercusión mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, ¿Qué sucede con los países de América Latina? ¿Se encuentran preparados para las consecuencias de una pandemia?
La amenaza que significa la COVID-19 en América Latina ha desnudado y recrudecido las desigualdades sociales y económicas. Una de ellas: sistemas de salud precarios que no cubren a los habitantes de los principales centros urbanos, siendo peor en las zonas rurales donde los niveles de pobreza son extremos o críticos. La pandemia saca a la luz una realidad latente que agrava la situación de los grupos vulnerables, como el caso de los pueblos indígenas amazónicos quienes han vivido la indiferencia de los Estados por años y la vulneración de sus derechos por parte de diversos actores.
Ante ello, la capacidad de respuesta de los países de América Latina ha sido diversa. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) señaló que todos los países son vulnerables a la crisis de la COVID-19, pero aquellos en vías de desarrollo sufrirán más por la falta de un sistema integral de salud que abarque a todos sus territorios. En ese sentido, los principales países de la cuenca amazónica (Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador) ostentan un número menor de camas, médicos y enfermeros por cada 10 000 habitantes, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque, Brasil, la principal potencia económica de la región, cuenta con mayores recursos para hacer frente a la actual crisis por el proceso de industrialización y producción masiva de unidades de cuidados intensivos (UCI), viene sufriendo una crecida exponencial de casos y decesos originados, principalmente, por las cuestionadas políticas de Estado del mandatario Bolsonaro. Medidas solo equiparadas con la respuesta tardía de Estados Unidos donde el número de fallecidos ha superado a China (más de 90 000 muertes).
Figura N° 2: Número de camas hospitalarias, médicos y enfermeros en países amazónicos
Fuente: PNUD (2018).
A pesar de las limitaciones, la respuesta de países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela ha sido declarar la cuarentena total y dejar que algunas actividades esenciales sigan operativas para el sostenimiento de sus economías. Pero, los altos índices de informalidad laboral diezman continuamente cualquier esfuerzo por sostener estas medidas a la par que la falta de condiciones de higiene y laborales impiden ejercer efectivamente los trabajos de mayor demanda y requerimiento.
En el caso de Brasil, el país con mayor número de personas infectadas, las medidas que se han implementado han respondido a estrategias desde los estados federados y no del Gobierno central, que motivado por reactivar la economía ha dejado de lado los esfuerzos políticos de los sectores de salud y justicia llegando a enfrentarse con dichos ministerios y prefiriendo dejar de lado a las zonas más pobres y vulnerables a la pandemia.
Las medidas de inamovilidad impuestas por varios países de Europa y la detención de sus aparatos productivos significan una gran pérdida de ingresos por la baja en la exportación de productos de alto valor o la importación de bienes de primera necesidad considerando la capacidad de los territorios de la región. Según estimaciones del FMI, algunos países de América Latina se encuentran en una mejor posición para afrontar la pandemia debido al “colchón” fiscal que los respalda y el manejo adecuado de la deuda externa en relación con el PBI nacional. En ese sentido, el FMI indica que Colombia tiene una deuda de 51% del PBI; mientras Chile, 27,7% y Perú cuenta con la más baja: 26,8%. Aunque ello no signifique que el efecto sea agrave y la desigualdad aumente de manera exponencial durante los próximos años.
Contrario a lo que pueda pensarse, el manejo de la emergencia sanitaria en la región no ha sido la más adecuada hasta ahora (Figura N° 3). A pesar del subsidio económico para los sectores más pobres y sin trabajo formal, el otorgamiento de créditos (para no romper la cadena de pago, la regular el trabajo formal y evitar la quiebra de las empresas), y las facilidades para pequeñas y medianas empresas; las brechas de desigualdades se han agudizado aún más. Esto sucede porque muchos trabajadores viven del sustento diario o se ven directamente afectados por la pandemia.
Figura N° 3: Capacidad de respuesta gubernamental por temas (barras) y evolución de enfermedad (línea)
Fuente: Directorio Legislativo (2020).
Mientras los países con mayor soporte fiscal y económico empiezan a verse perjudicados por los efectos negativos de la COVID-19, otros países como Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina no tienen las mismas condiciones para afrontar la crisis sea por el bajo crecimiento del PBI durante los últimos años, el inadecuado manejo de la deuda externa o la no diversificación de mercado interno. La cuarentena obligatoria empieza a ser inviable a medida que los niveles de pobreza van aumentado. La única salida y estrategia es comenzar con el reinicio progresivo de las actividades económicas que representan mayor demanda y rédito.
Cuadro N° 1: Reinicio de actividades económicas de países amazónicos
Aunado a los problemas existentes y a la precariedad en el sector salud de los países de la región, es importante reflexionar ¿Cómo han respondido los gobiernos ante la amenaza de la COVID-19 para los pueblos indígenas que habitan sus territorios?
COVID-19: amenaza creciente para los pueblos indígenas
Luego de casi 2 meses de cuarentena para muchos países, la respuesta ante la amenaza de la pandemia para los pueblos indígenas amazónicos ha sido limitada. Continúa la falta de identificación del número real de comunidades indígenas infectadas y la implementación de medidas diferenciadas. Además, las actividades extractivas se siguen desarrollando siendo posibles focos infecciosos y no hay un trabajo coordinado con los sectores responsables de los pueblos indígenas en los gobiernos amazónicos.
Colombia fue el primer país que implementó, en forma temprana, una estrategia diferenciada en favor de los pueblos indígenas. El 13 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó la Circular Externa N° 000015-2020 que establece algunas recomendaciones para la protección de los pueblos indígenas, como el aislamiento territorial de los pobladores, la prohibición de actividades comunitarias o de asistencia masiva y la promoción de la vigilancia indígena, así como otras acciones informativas y comunicativas.
Perú, luego de casi 50 días en estado de emergencia, aprobó el Decreto Legislativo N° 1489 (Estrategia Multisectorial para proteger a pueblos indígenas u originarios frente al COVID-19). La norma establece de manera general y poco precisa una serie de acciones relacionadas con la respuesta sanitaria para fortalecer, todavía, el diseño de una medida para la prevención, atención y seguimiento de la emergencia de dichos pueblos.
Asimismo, señala la aplicación del control territorial –luego de identificarse varios casos de indígenas contagiados y fallecidos por la falta de alerta oportuna– y el cierre de fronteras territoriales. Preocupa que aún no se planteen medidas que integren las particularidades de cada pueblo indígena que habitan en nuestro territorio. Más aun cuando en las zonas tropicales aquejan enfermedades preexistentes como malaria, dengue y otras enfermedades parasitarias.
México ha implementado una medida diferenciada para las comunidades indígenas y afromexicanas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó una guía para la emisión de información relacionada con la epidemia traducida en las principales lenguas indígenas del país, luego de confirmarse 45 indígenas fallecidos por la COVID-19. En ese sentido, Colombia, México y Perú serían los únicos países que han implementado medidas, aunque de diferente alcance, para los pueblos indígenas. Otros países donde la enfermedad ha generado el colapso del sistema sanitario e incontables muertes, como en el caso de Ecuador, no hay señales de aprobación de alguna medida diferenciada en favor de los pueblos indígenas, a la fecha.
El panorama entonces nos indica que de los 17 países de América Latina el Caribe con población indígena solo 3 han tomado medidas diferenciadas. Recordemos que son los pueblos indígenas quienes han trascendido más allá de sus territorios y del tiempo. Son quienes deben ser visibilizados como parte de una estrategia que implique su protección por ser grupos en situación de vulnerabilidad.
Sería un error dar cabida a propuestas como la del Gobierno de Colombia que en un principio promovió la consulta previa “virtual”, debilitando aún más la participación y autodeterminación indígena. Por su parte, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Legislativo N° 1500 que implementa procesos de participación ciudadana en materia ambiental de forma virtual mientras duren las medidas relacionadas con la pandemia, lo que se entiende dada la situación, pero es riesgoso si esto se mantiene como regla una vez superada la crisis mundial.
Es urgente que se priorice la elaboración de protocolos o mecanismos de seguridad y sanitarios para implementar los procesos de participación ciudadana en la explotación de los recursos naturales que permitan continuar con el objetivo de estos procesos sin desvirtuarlos.
Conclusiones y recomendaciones
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa aún desconocida, sin estudios concluyentes sobre los niveles de afectación en la población en general y las formas de tratamiento. El principal objetivo de varios países a nivel mundial es frenar el índice de contagios sin que pueda afectar el crecimiento económico. Este ha sido el caso de los países europeos que cuentan con un robusto sistema de salud a pesar de que en varios momentos se encontraron al límite del colapso y que cumplieron con aplanar la curva de contagios paulatinamente (España, Italia, Reino Unido, etc.).
Sin embargo, ¿qué sucede con América Latina sabiendo que la COVID-19 produciría mayores estragos para la región y para los pueblos indígenas? En efecto, la situación de varios años de explotación indiscriminada en los territorios indígenas y la ausencia del Estado para la implementación de servicios públicos básicos añaden un factor que agrava la atención de los pueblos indígenas ante la emergencia sanitaria, por la falta de hospitales públicos y atención diferenciada.
El reconocimiento obtenido, hasta ahora, de los pueblos indígenas y sus derechos no debe afectarse de ninguna manera a pesar de que el estado de emergencia en varios países viene encaminándose hacia la flexibilización de la protección de determinados derechos fundamentales. Los gobiernos deben resguardar los derechos reconocidos en favor de los pueblos indígenas.
Ello significa no legitimar marcos legislativos y políticos que favorezcan un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales con ausencia de derechos humanos y salvaguardas ambientales. Derechos como la consulta previa, libre e informada suponen un reto, pues implica rediseñar canales de participación integrales, que no debe mermarse en el nuevo contexto que conlleva la COVID-19.
[1] La situación ha cambiado drásticamente ya que actualmente suman alrededor de 11 millones de pueblos indígenas (10%), según datos gubernamentales del país mexicano.
[2] El caso de países con una ideología liberal y un modelo económico privado han dispuesto medidas de confinamiento parcial dejando a sus ciudadanos la potestad de salir recomendando el distanciamiento social. Suecia ha sido el máximo representante de aquellas medidas, a pesar de las críticas recibidas.