Escribe: Jackeline Borjas.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En medio de la COVID-19, se han registrado muertes de comuneros indígenas. No necesariamente a causa del virus, sino también por la violencia y conflictos vinculados a la defensa de los derechos humanos, como al agua, territorio y medio ambiente, que venían desempeñando.
Antes de la pandemia, ya existía una situación de violencia y vulnerabilidad a los líderes indígenas que ejercen la defensa a los derechos humanos[1]. Por esta labor, se convierten en la población con mayor riesgo durante el periodo de cuarentena o aislamiento social obligatorio decretado por los gobiernos de la cuenca amazónica.
Es así que el 5 de mayo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos que cumplían con órdenes de confinamiento, cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio en sus viviendas[2].
Por eso, en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis de la pandemia del COVID-19, la CIDH exhortó a los Estados para que protejan y garanticen la labor de defensa de derechos humanos que ejercen defensoras y defensores de la región. Además, a que presten especial atención al impacto diferenciado de las medidas de aislamiento frente a la labor de defensa y fiscalización de derechos humanos[3].
A continuación damos a conocer algunos de los casos reportados de defensores indígenas asesinados durante la COVID-19.
Perú: Arbildo Meléndez Grández
Entre 2013 y 2020, se han reportado nueve asesinatos de líderes indígenas de la Amazonía peruana. Sus presuntos verdugos traficantes de tierras y taladores ilegales, quienes a la fecha no han sido condenados[4].
Tabla N° 1. Líderes indígenas de la Amazonía peruana asesinados (2013-2020)
Elaborado por: Ojo Público, Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El último asesinato a un líder amazónico, en Perú, ocurrió el pasado 12 de abril, durante el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno peruano. Su víctima fue Arbildo Meléndez Grández, del pueblo Cacataibo. Pertenecía a la comunidad nativa Unipacuyacu, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. En horas de la mañana, el apu Arbildo Meléndez salió de su comunidad para buscar provisiones, pero horas después lo hallaron muerto con un disparo en el cuerpo[5].
Desde hace varios años, el apu Meléndez solicitaba la titulación del territorio de su comunidad, (22 mil hectáreas aprox.). Por ello, recibió amenazas de muerte por parte de invasores vinculados al cultivo ilegal de coca y al tráfico de tierras[6]. La declaración de emergencia sanitaria supuso no solo la suspensión de su solicitud de titulación por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, sino que lo expuso al riesgo de muerte, por ejercer su derecho a la defensa de su territorio.
Brasil: Zezico Rodrigues Guajajara
Zezico Rodrigues Guajajara del pueblo Guajajara fue asesinado cuando regresaba a su aldea Zutiwa, ubicada en el territorio indígena de Araribóia, en el estado amazónico de Maranhão, en Brasil[7]. El asesinato se produjo el 31 de marzo del presente y fue presuntamente perpetrado por madereros ilegales locales.
El líder Zezico demandaba la protección del territorio Araribóia y del pueblo Awá-guajá en aislamiento voluntario, quienes allí habitan, frente a amenazas, como la tala y comercio ilegal de madera. Había sido recientemente electo coordinador de la Comisión de Jefes y Líderes Indígenas del Territorio Indígena de Araribóia (Cocalitia). Fue uno de los promotores históricos de los Guardianes del Bosque, un grupo de 120 voluntarios indígenas que protegen el territorio de Araribóia de la tala y el comercio ilegal de madera.
Su muerte demuestra que las medidas de aislamiento e inmovilización son aprovechadas por los invasores ilegales para perpetrar asesinatos de los líderes que se oponen a sus actividades.
Colombia: Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera
La situación se repite en Colombia, país con mayor número de líderes sociales asesinados. En 2019, la gran mayoría de los 107 tuvieron lugar en áreas rurales, donde el 98% tiene presencia de economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados[8]. Siendo los más afectados, los pueblos indígenas, y los defensores y defensoras de derechos humanos.
En 2020 las cifras han aumentado producto de las restricciones de la pandemia. El 23 de marzo, Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera del pueblo Embera, comunidad de Buenavista, en el departamento de Valle del Cauca, fueron asesinados por disparos de bala. Desconocidos llegaron a su casa mientras acataban las medidas de inmovilización[9]. Si bien se ignora a los autores, se sabe que en medio de territorios indígenas, el norte del Cauca es una vía para el tránsito de armas y narcóticos, lo cual pone en riesgo a los pueblos indígenas de la zona, quienes han cerrado sus fronteras como medida de protección frente a la COVID-19[10].
Conclusiones y recomendaciones
Los y las defensoras indígenas de derechos humanos son blanco de ataques debido a que informan sobre actividades ilegales, actos de corrupción, defienden y reclaman derechos colectivos frente a una serie de intereses económicos que van desde proyectos de minería, energía, agroindustria y ganadería extensiva hasta economías ilícitas[11].
El contexto de emergencia no ha detenido sus muertes y las restricciones establecidas por los gobiernos agravan su vulnerabilidad, pues están expuestos en sus residencias sin movilización ni protección (los perpetradores saben perfectamente dónde viven). Estas restricciones de desplazamiento han generado situaciones de desprotección de las comunidades y sus líderes, así como falta de apoyo externo.
Bajo el argumento de la emergencia por la pandemia, los gobiernos no están realizando acciones de protección a los defensores y defensoras indígenas. Sus medidas no se pueden limitar a solicitar que permanezcan en sus viviendas, sino tienen la obligación de desarrollar protocolos de actuación y protección para los y las defensoras de derechos humanos.
En ese sentido, se recomienda a los gobiernos:
- Adoptar medidas de reconocimiento legal del derecho a defender los derechos humanos.
- Promover políticas de protección a los y las defensoras indígenas, así como herramientas y sistemas de alerta específicos.
- Incluir medidas específicas de protección de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos en los planes de prevención y atención de la COVID-19.
- Asegurar que la situación de vulnerabilidad de los y las defensoras indígenas no se agrave por las medidas de restricción y confinamiento por la COVID-19.
En consecuencia, en medio de las medidas de restricción de derechos que se implementan en la región, el rol de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos es de vital importancia pues son quienes denuncian y ponen en evidencia los actos de abuso de poder, irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales, privados e ilegales. Su trabajo de fiscalización es un pilar para la democracia.
[1] CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 293. Citado en: CIDH, Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia (6 de diciembre de 2019).
[2] CIDH. “La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19” (Comunicado de Prensa del 5 de mayo de 2020).
[3] Ibídem.
[4] Ojo Público. “Morir por la tierra: nueve indígenas asesinados en la Amazonía desde el 2013”.
[5] Ojo Público. “Crimen en la Amazonía: asesinan a líder indígena Cacataibo en Huánuco”.
[6] Ibídem.
[7] Mongabay Latam. “Los ataques persisten, aún en medio de la crisis causada por el COVID-19”.
[8] Nota informativa sobre Defensoras y defensores asesinados durante 2019 en Colombia (14 de enero de 2019).
[9] Ibídem.
[10] Semana sostenible. “En plena cuarentena, indígenas y defensores son víctimas de los grupos armados”.
[11] Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos Michel Forst en su Visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.