Escribe: Ricardo Rey Rivera Vásquez
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Coalición Regional por la Transparencia y la Participación
Los talleres presenciales para la consulta de las salvaguardas del BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), programados durante este mes en Bogotá, Argentina, Jamaica y Panamá, generan gran expectativa en sociedad civil que monitorea el proceso de adopción de nuevas políticas de salvaguardas socioambientales que se aplicarán en todas aquellas actividades y operaciones con fondos de este banco multilateral, creado en el seno de la Organización de los Estados Americanos con el propósito de financiar el desarrollo de América Latina y el Caribe.
Ya sea que se trate de un proceso de “modernización” de sus políticas y prácticas actuales o la “adopción” de una nueva, el BID Invest las ha presentado (publicado) como borrador. Este borrador de políticas incorpora ocho estándares de desempeño (performance standars) de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, aprobados en el año 2012 y posteriormente mejorados con el Marco Ambiental y Social de 2016, para que ambos instrumentos caminen en paralelo.
Sin embargo, una de las principales observaciones de sociedad civil sobre el proceso y el contenido del borrador es que se trataría de “una revisión sin ser revisión”. Esto pone de manifiesto la necesidad de que el BID Invest no solo incorpore los estándares de desempeño, sino también las lecciones aprendidas de su aplicación (fortalecimiento de la política y de la implementación operativa).
Lecciones que el propio presidente del Banco Mundial consideró como una necesidad imperativa para no repetir las experiencias de financiamiento que terminó por afectar derechos humanos o se desarrolló con poca transparencia. Todo ello, debido a la incapacidad de aplicar salvaguardas en operaciones o actividades ejecutadas a través de intermediarios financieros.
Entendiendo que la sostenibilidad de las inversiones bien planificadas, evaluadas y supervisadas tiene un enorme impacto positivo en el cierre de brechas y la creación de oportunidades para el desarrollo, la demanda de la sociedad civil incluye además la necesidad de incorporar dos estándares adicionales referidos a temas de género y participación de comunidades y partes interesadas. El propósito de estos estándares es conducir la brújula de planeamiento a la “generación de beneficios”.
En otras palabras, pasar de un documento declarativo de las mejores intenciones de “no causar perjuicios” a un esfuerzo de implementación adecuado y una unidad interna que goce de independencia y autonomía para desarrollar sus actividades. En un contexto de debilitamiento de estándares nacionales, las salvaguardas de las instituciones financieras internacionales (IFI) y sus mecanismos de aplicación, evaluación y monitoreo deben asegurar y garantizar inversiones respetuosas en materia socioambiental.
Los recientes hechos devastadores en la Amazonía, que comprometen la subsistencia de pueblos indígenas, la biodiversidad y los bosques amazónicos, y que llamó el interés mundial de contribuir a los esfuerzos para hacer frente a los impactos del cambio climático, así como las herramientas para la mitigación y adaptación a este, demanda un alto compromiso del Grupo BID, así como de todos los bancos multilaterales, con el desarrollo sostenible.
Fuente: Coalición Regional por la Transparencia y la Participación