Escribe: Rodrigo Orcotorio.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene impulsando la actualización de sus Políticas de Salvaguardas Sociales y Ambientales (políticas de salvaguardas). A finales de 2019, el BID publicó el nuevo borrador de las políticas de salvaguardas a ser sometidas a consultas públicas para recibir los aportes y comentarios de diversos interesados y sociedad civil en general hasta el 20 de abril. Cabe agregar que el borrador tuvo como principal sustento las recomendaciones formuladas por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del BID.
Sin embargo, en el actual contexto, han surgido determinadas contingencias asociadas con el brote del COVID-19 que han terminado por afectar de múltiples formas a los estados, los actores sociales, pueblos indígenas, sociedad civil, etc. Por ello, este proceso de actualización debe ser replanteado a la luz de esta pandemia y postergarse a fin de que contenga los mayores estándares socioambientales. ¿Cuán viable es proceso actual del BID?
Salvaguardas y el contexto actual: replanteamiento necesario
Creada a mediados del siglo pasado (1959), el BID tiene como finalidad ser el apoyo financiero y técnico para los países de América Latina y el Caribe en sus diversos proyectos para la reducción de la pobreza y desigualdad social. Su principal autoridad es la Asamblea de Gobernadores que representan a cada país y tienen una votación proporcional a lo que se aporta al BID.
En 2010, la Asamblea decidió realizar el noveno aumento capital que ayude a mejorar las capacidades de los estados otorgando financiamiento para cualquiera de sus proyectos o líneas de trabajo intergubernamental. Además, el BID reconoció que los países de América Latina han generado mayores ingresos per cápita y evolucionado favorablemente en términos macroeconómicos, pero no han disminuido las brechas de desigualdad, especialmente en los grupos vulnerables:
“La exclusión social afecta desproporcionadamente a grandes segmentos de la población que históricamente han estado subrepresentados, como los de las mujeres y grupos indígenas y las instituciones no son suficientemente sólidas como para contrarrestar los problemas de distribución desigual del poder y la influencia”.
Durante sus años de existencia, el BID ha planteado una serie de mecanismos para promocionar el desarrollo en la región y condiciones para su financiamiento como son sus salvaguardas. Estas se aprobaron en el año 2006, y actualmente se encuentran en un proceso de actualización. En marzo pasado se realizó la consulta pública en Lima (Perú) donde los pueblos indígenas organizados dieron a conocer el nivel de afectación que ocasionan las actividades extractivas en sus territorios y realizaron aportes que deben ser tomados en cuenta y, finalmente, integrarse en el documento final de la política de salvaguardas.
Sin embargo, de forma súbita, el proceso de consultas públicas presenciales tuvo que paralizarse debido al brote del COVID-19 y sus efectos en América Latina, pero el proceso virtual continuó. Hasta la fecha, esta pandemia viene produciendo graves consecuencias en la región desnudando una realidad innegable, como la falta de inversión en el sistema de salud y su poca capacidad de respuesta, dejando en grave estado de indefensión a los médicos, enfermeros, técnicos y personal de salud.
Sumado a ello, los Gobiernos han presentado planes de restricción de inamovilidad obligatoria y el rescate de los principales sectores productivos que finalmente afectan a los sectores informales que son los más recurrentes en la región. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha determinado que la emergencia del COVID-19 será perjudicial para las economías de la región, aumentando la pobreza de 185 a 220 millones de personas y la pobreza extrema de 67 a 90 millones de personas.
Y es que el COVID-19 afecta drásticamente a los sectores más pobres y desiguales que habitualmente sobreviven del día a día buscando bienes de primera necesidad, en medio de un sector informal que no cuenta con un nivel de empleabilidad suficiente y digno.
En ese sentido, la actualización de las salvaguardas del BID responde ante una necesidad en la región anterior al brote del COVID-19 que actualmente ha quedado desfasada. Por ello, el BID debe incorporar disposiciones en sus salvaguardas que incluyan la nueva realidad e incluir medidas para salvaguardas a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, pensando en una estrategia post pandemia y catalizando recursos para ello.
BID hablemos de salvaguardas
Las organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas han mostrado una gran preocupación sobre la actualización de las salvaguardas del BID. Los temas transversales que han tomado relevancia son los relacionados con la mejora de las capacidades institucionales de la Unidad de Salvaguardas y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, y medidas anticorrupción en los contratos de financiamiento, así como la promoción de transparencia en todas las fases de financiamiento, proyectos y actividades del BID para los países de la región.
Por otro lado, las organizaciones indígenas nacionales y regionales vienen implementado una serie de recomendaciones para que las políticas de salvaguardas del BID incorporen, en primer lugar, el enfoque transversal de los derechos humanos al momento del diseño de los proyectos públicos y privados y su financiamiento, además de la protección del medio ambiente. En segundo lugar, la protección de sus derechos colectivos debe ser integrada de manera particular en el análisis del documento final que pretende aprobar el BID, entre las recomendaciones están:
- Incorporar el contenido esencial de los principales convenios y/o tratados internacionales en materia de pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú), además de las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que puedan conformar un marco integral desde el financiamiento de los principales proyectos públicos y privados.
- Fortalecer de las funciones del BID para que pueda fiscalizar y supervisar el financiamiento que realiza a los Estados solicitantes, pues la actual propuesta de salvaguardas pretende dejar dicha labor a los intermediarios financieros (bancos, fondos públicos, etc.) aumentando la situación de indefensión de los pueblos indígenas.
- No incluir una identificación de los pueblos indígenas bajo ciertas condiciones, como la autoidentificación y el reconocimiento por parte de terceros. Esto contradice el contenido esencial de los principales instrumentos internacionales (Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas) que finalmente causaría la desprotección de sus derechos colectivos.
- Establecer que el prestatario (entidad pública) realice y reconozca los procesos de consulta y consentimiento a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada. De tal forma que estos procesos no sean vistos solo como talleres informativos, limitando la participación indígena. Además, que se reconozcan los protocolos de consulta y autoconsulta elaborados por los propios pueblos indígenas.
- Eliminar del borrador la posibilidad de interpretar el consentimiento de los pueblos indígenas de manera fragmentada, abriendo la posibilidad de ser otorgado a un grupo específico y no acorde a los derechos, saberes y conocimientos de los pueblos indígenas.
- Incluir la obligatoria necesidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas frente a la propuesta de ser reasentados, pues el reasentamiento involuntario vulnera y está en contra de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como las normas que los protegen.
- Incluir mecanismos de protección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), como los principios de “no contacto” y de intangibilidad de sus territorios, más aun con el actual contexto del COVID-19 que podría generar graves daños a su salud o extinción por sus sistemas inmunes frágiles.
Conclusiones
- Si bien el proceso de consultas públicas de la política de salvaguardas siguió su curso de forma virtual, el contexto actual ha impedido que pueda realizarse de forma adecuada. La principal preocupación debiera ser, cómo incorporar la situación mundial de emergencia sanitaria dentro de la propuesta de las políticas, así como el financiamiento y los préstamos financieros del BID para los gobiernos de la región (que se han visto mayormente afectados por sus sistemas de salud precarios), con estándares ambientales y de derechos humanos adecuados.
- Es urgente que dichas medidas se encuentren fiscalizadas y supervisadas por el BID de manera que los países solicitantes dirijan dicho financiamiento hacia los sectores sociales más golpeados. El caso de los pueblos indígenas en la Amazonía es particular, pues a la fecha ellos mismos han implementado medidas de restricción e inamovilidad, lo cual denota una falta de apoyo estatal y la ausencia de planes específicos que los consideren.
- Es necesario incluir las recomendaciones realizadas por la sociedad civil anteriores a la situación de la pandemia mundial respecto al marco normativo internacional de pueblos indígenas y proponer mecanismos que atiendan la situación post pandemia como protocolos de relacionamiento para pueblos indígenas.
- Finalmente, el BID debe ajustar sus salvaguardas al nuevo contexto (COVID-19) que ha evidenciado un sistema de desarrollo con limitaciones claras para presentar a los países un modelo de desarrollo alternativo, en colaboración del Business As Usual que ha generado esta pandemia, y lograr cambios estructurales en los países.