Escribe: Ricardo Rivera Vásquez.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El proceso de consulta pública emprendido por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) en Europa, Asia, Latinoamérica y el Caribe, con el propósito de recoger aportes de los gobiernos, sociedad civil y pueblos indígenas, es una excelente oportunidad para demandar, desde sociedad civil de América Latina y el Caribe, al banco que el modelo de desarrollo que promueven debe responder a las características y desafíos particulares de la región. Eso significa contar con medidas adecuadas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos y la protección al medio ambiente en cada uno de los proyectos o actividades que financia para que de esta forma contribuya al desarrollo sostenible que todos queremos.
El borrador del nuevo marco de políticas ambientales y sociales que, una vez aprobado, se conformarían en las salvaguardas que deben aplicar los prestatarios en todo proyecto o actividad financiada por el BID, debe considerar varios elementos.
El primero de ellos, muy importante que considerar por el banco, son las recomendaciones que la Oficina de Supervisión y Evaluación (OVE, por sus siglas en inglés) hizo llegar al directorio en 2018. Sobre todo aquellas relacionadas con la débil capacidad de la Unidad de Salvaguardas del banco y la de los prestatarios para la gestión adecuada de riesgos e impactos socioambientales en el marco de los proyectos.
Entre los hallazgos de la OVE se encuentran: saturación de carga laboral, aparente cumplimiento “formal” de las salvaguardas, personal insuficiente, débil evaluación y clasificación de los proyectos debido a una pobre identificación de riesgos e impactos de los proyectos, entre otros. A pesar de ello, el borrador publicado propone un enfoque de delegación de responsabilidades a los prestatarios, quienes además del cumplimiento de las salvaguardas, deberán realizar la supervisión y monitoreo de su propia ejecución, sin que previamente se hayan establecido planes de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento permanente del banco con modalidades de control y periodos dinámicos expresamente señalados.
Si bien los detalles procedimentales para implementar la política de salvaguardas, una vez aprobada, suelen abordarse en documentos posteriores; dado que el actual proceso responde a subsanar los hallazgos detectados por la OVE, bien haría el banco de incluir medidas específicas para la adecuada implementación de las salvaguardas aprobadas: con presupuestos, planes de capacitación, una unidad de salvaguardas fortalecida, mecanismos de supervisión dinámicos y eficaces, entre otras actividades que involucren a sus prestatarios.
Por otra parte, el banco debe garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa y consentimiento de los pueblos indígenas en concordancia a los estándares internacionales frente a los proyectos y actividades financiadas por el Banco, para dar mayores oportunidades para hacer realidad su visión de transformar a América Latina y el Caribe en una sociedad más incluyente y próspera. De esa manera, el banco ayudaría a fortalecer la defensa y labor de los pueblos indígenas como defensores de la tierra, territorio y medio ambiente afectados por proyectos de infraestructura y extractivos superpuestos a sus territorios colectivos.
Como tercer elemento, dado el proceso de debilitamiento institucional y flexibilización de los marcos normativos socioambientales experimentado en la región durante los últimos 10 años, el BID tiene la oportunidad de asumir el liderazgo en la promoción del desarrollo económico sostenible y el desarrollo social, proponiendo salvaguardas con estándares superiores a las normas nacionales, contrarrestando la tendencia al debilitamiento socioambiental.
Tras las consultas en Lima, el 3 y 4 de marzo pasado, ahora siguen en la lista Buenos Aires, Washington y Asia. La realización de las consultas en Perú, cobra especial relevancia por la experiencia del proyecto energético de Camisea (financiado por el BID en su momento), que ocasionó impactos negativos sobre derechos humanos de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN). La incidencia de sociedad civil logró convencer a la administración y directorio del banco, la necesidad de contar con un programa de mitigación de impactos, mecanismos de protección para los pueblos indígenas de la RTKNN y una política de salvaguardas para pueblos indígenas, que fue aprobada en 2006, hasta ahora vigente.
La participación de la sociedad civil y de organizaciones indígenas en el proceso de consulta, tanto presencial como virtual, se hace necesaria también durante la etapa de implementación; ello con el propósito de asegurar medidas efectivas que ayuden a mejorar el rol de las inversiones como catalizadoras del desarrollo e inclusión social en Latinoamérica, considerada como la región más peligrosa para la labor de los defensores y defensoras indígenas.