Escribe: Aída Gamboa Balbín.
El Banco Mundial (BM) otorga una serie de préstamos para la implementación de diversas políticas de desarrollo en los países de la región, que necesitan integrar mejores mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación.
De 2008 al 2013, el BM dio tres préstamos al Gobierno peruano para desarrollar políticas que fortalezcan la gestión ambiental del país, que no han tenido buenos frutos ni resultados compartidos con la ciudadanía. Más bien, lo producido en el país entre 2013 al 2015, son diversos cambios normativos sin la transparencia y participación adecuada con pueblos indígenas, sociedad civil y gobiernos regionales. Estos cambios, por el contrario, han debilitado los procesos de evaluación y fiscalización de impactos ambientales, así como a instituciones del sector (OEFA). Un reto pendiente sería que los resultados de estos préstamos se difundan para que la ciudadanía conozca en qué se ha endeudado el Estado y si contribuyó con el fortalecimiento de las políticas en cuestión.
El BM también ha financiado desde el 2005 en el Perú, la implementación de políticas de transparencia a través de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Sobre esta iniciativa, una tarea pendiente será la inclusión de un estándar ambiental que contenga la información sobre los procesos de evaluación de impactos ambientales, supervisión y fiscalización ambiental, pagos y gastos ambientales de las empresas, entre otros. Esta es la principal demanda de diversas organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica, que podría ayudar a reducir la conflictividad social en territorios donde se desarrollan actividades extractivas.
Este tipo de préstamos financiados por el BM, necesitan integrar mecanismos de participación con población y sociedad civil. De igual modo, las instituciones públicas deben instaurar una política de transparencia sobre los préstamos que permita la publicación o el fácil acceso a objetivos, informes, desembolsos, entre otros. Así se contribuiría al fortalecimiento de la transparencia en el país y mejoraría la confianza de la población con sus autoridades sobre el endeudamiento público.
Columna Amazonía y Buen Gobierno publicada en Diario Uno, el lunes 2 de noviembre de 2015.