Lima, 08 de junio de 2018.- El miércoles 6 se realizó el taller sobre Financiamiento Internacional, rendición de cuentas y el rol de la sociedad civil organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) junto con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, en donde se presentó el funcionamiento de este mecanismo con la finalidad de que las organizaciones de la sociedad civil accedan a este y puedan usarlo de manera efectiva en los casos de vulneraciones que se puedan generar en el marco de proyectos financiados por el BID.
En este Taller participó Victoria Márquez, Directora del Mecanismo Independiente del BID, junto con Martin Packmann y Gastón Aín Bilbao, miembros del equipo del MICI. También se contó con la presencia de Hugo Che Piu y Francisco Rivasplata, miembros de DAR quienes participaron en la mesa exponiendo el contexto de las inversiones en la región así como los primeros hallazgos del análisis comparativo de las salvaguardas de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que financian proyectos en Latinoamérica.
El MICI, es el mecanismo creado para recibir reclamos de personas o comunidades afectadas respecto de operaciones de financiamiento del Grupo BID en el que no se estén siguiendo los estándares en materia de pueblos indígenas, consulta previa, enfoque de género, trasparencia institucional, acceso a la información, gestión de desastres, servicios públicos domiciliarios, salvaguardas sociales y ambientales y reasentamiento involuntario.
Actualmente existen 19 mecanismos de rendición de cuentas (no judiciales) en el marco de las Instituciones Financieras Internacionales que trabajan en red para generar un espacio de último recurso que mitigue o repare los daños causados por los proyectos financiados por las IFI en el mundo.
“Es importante la labor que desempeña el Mecanismo considerando que en la región la mayor parte de conflictos que existen se originan en temas socioambientales y que América Latina recibe proyectos de todo tipo que son financiados por IFIs y deben de ser supervisados para que cumplan con los estándares internacionales. Lastimosamente, no existen normas internacionales vinculantes para las empresas aunque se está trabajando arduamente para que los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas sean incluidos de manera vinculante en el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Hasta entonces, las salvaguardas y las herramientas de rendición de cuentas de las IFIs necesitan ser fortalecidas y difundidas”, señaló Francisco Rivasplata, Coordinador del Programa Derechos y Amazonía de DAR.
Por su lado, Victoria Márquez señaló la relevancia “que la sociedad civil conozca del mecanismo y que las organizaciones respalden a las comunidades o a las personas que son perjudicadas -de alguna manera- por los proyectos que las IFI financian, ya que esto genera mayor solidez en la defensa y permite un apoyo técnico que influye en la notoria asimetría entre grandes empresas y personas o comunidades”.
Las Instituciones Financieras como el Grupo BID no solo deben velar por el respeto de los estándares internacionales al momento de conceder el préstamo a un proyecto ejecutado por un tercero, sino que además tiene la obligación de supervisar que en la ejecución estos estándares se sigan respetando. Debido a esto, la labor de la IFI no se limita al financiamiento en sí, pues tiene una responsabilidad que trasciende al tema técnico y económico, que debe prestar especial atención a los efectos de los proyectos que financian en las comunidades y en el territorio donde se desarrollan.
Para llevar a cabo un reclamo es importante conocer (1) qué institución del Grupo BID financia el proyecto, (2) cuál es daño, ya sea este real o potencial, (3) cuáles son las salvaguardas establecidas por el Banco a la entidad ejecutora del proyecto y (3) verificar si se accedió de alguna manera a las autoridades inmediatas de la IFI.
El MICI cuenta con dos tipos de mecanismos cuando le llega una queja: la “Fase de consulta” y la “Fase de verificación de la observancia”. El primer mecanismo es un proceso voluntario y flexible, diseñado en función de las preferencias de las partes, que busca lograr un acuerdo y una solución concreta para corregir la medida. En este caso el papel del MICI es de mediador/facilitador independiente para lograr un acuerdo que será monitoreado. En el segundo mecanismo, se realiza la investigación interna para conocer la conducta de la IFI y el cumplimiento de la política y estándares. En esta fase se investiga solo lo señalado por la queja como dañino y termina con la emisión de un Informe con conclusiones y recomendaciones.
“Estos mecanismos resultan una herramienta valiosa para la sociedad civil y las organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente pues generan un último recurso para lograr que las grandes Instituciones Financieras Internacionales, los Estados y las empresas ejecutoras de proyectos deban considerar el tema de la protección de las personas que puedan resultar dañadas y del impacto socioambiental que se puede generar en sus actividades”, señaló la Directora del Mecanismo.
A partir de este taller, tanto DAR como el MICI buscan fomentar la utilización del Mecanismo para la rendición de cuentas con la finalidad de mitigar y, en lo posible, reparar los daños causados por proyectos de inversión financiados en nuestros países.