- El principal hallazgo del estudio fue la titulación de solo 147 comunidades nativas tituladas de un total de 719. Lo que representa el 20 % de la meta trazada.
- Se analizaron nueve proyectos con financiamiento internacional y nacional.
Ayer, 30 de noviembre, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) presentó el estudio “Análisis del funcionamiento de los fondos climáticos y otras fuentes para el saneamiento físico y legal de las comunidades nativas en el Perú 2011-2020”, con el objetivo de brindar un balance y analizar la efectividad del financiamiento climático y otros fondos que fueron destinados al saneamiento físico legal de las comunidades nativas del Perú en el periodo 2011-2020.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de César Gamboa, director ejecutivo de DAR, quien comentó que el objetivo de esta investigación apunta a recoger lecciones aprendidas y opciones de mejora para que los fondos climáticos y otros, que se destinen con este fin, logren resultados más efectivos, evitando procedimientos burocráticos que limiten la satisfacción de los beneficiarios, que son las comunidades nativas. Por su lado, Suyana Huamani, autora del estudio, presentó como principal hallazgo, que de los nueve proyectos analizados que cuentan con metas de titulación, se logró el cumplimiento del 20 % de las metas previstas. Ello durante el período 2011-2020. “Identificamos que entre los diferentes proyectos que se aprobaron en este periodo, se tenía una meta conjunta de titular 719 comunidades, de la cual se logró titular 147 comunidades, lo que representa el 20 % de la meta total”, enfatizó.
“Hay proyectos que están más retrasados que otros. Entre los que tienen un performance más bajo, tenemos tres que son proyectos de préstamo. Este tipo de proyectos deben cumplir con una serie de procesos administrativos que los hacen engorrosos. En el caso de los proyectos FIP, todavía no inician en campo los procesos de titulación”, añadió la autora.
Además, en el estudio se identificó que existen tres formas definidas de involucrar actores en esta titulación. Una es mediante los gobiernos regionales, quienes finalmente destinan los recursos y deciden cómo se administran. En la segunda modalidad, los gobiernos regionales reciben el soporte por parte del proyecto para la ejecución de sus planes de titulación. Mientras que la tercera modalidad considera tercerizar el trabajo.
Entre los panelistas, estuvieron representantes del Estado, organizaciones indígenas, representantes de sociedad civil y cooperación internacional, quienes en base a sus funciones y experiencia comentaron los hallazgos de esta investigación.
En el primer bloque de panelistas participaron Carmen Romero, Directora General encargada de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del MIDAGRI; Ana Mendoza, especialista SIG de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR; y Warren Guerrero, especialista de la Disafilpa[1] de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Loreto.
En el segundo bloque participaron Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU); Lelis Rivera, Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo Indígena Amazónica (CEDIA); y Diana Rivera, ex coordinadora nacional del Proyecto PNUD-DCI – I Etapa.
El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques, consideró que el estudio refleja la situación real de estos proyectos de titulación. “Si hacemos un análisis completo de lo que ha pasado, podemos indicar que sin la lucha del movimiento indígena, no hubiésemos avanzado con los procesos de formalización de los territorios. Asimismo, sin el apoyo de la cooperación internacional, los pueblos indígenas no estaríamos contando con un área territorial reconocida. La única fuente de vida es la tierra y hay un deber del Estado para cumplir con estas demandas”, agregó.
Asimismo, es importante resaltar y reconocer el valioso trabajo de instituciones de la sociedad civil, entre ellas, el Instituto del Bien Común (IBC) y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), quienes han aportado al avance de estos procesos en el País.
Avances y desafíos
De acuerdo al estudio, un avance ha sido la consolidación del marco institucional en los últimos años. Además, el financiamiento ha logrado que la titulación avance, lo que lleva a una mayor claridad para llevar a cabo los procesos de titulación en el futuro.
En cuanto a los desafíos que todavía hay que superar con respecto a la titulación, se encuentra la necesidad de crear mecanismos más eficientes para el uso de recursos financieros disponibles para reducir la brecha de titulación de las comunidades nativas. Asimismo, es importante contar con financiamiento público y privado para cerrar las brechas de titulación, porque todavía existen más de 600 comunidades que no cuentan con títulos de propiedad.
Además, es importante involucrar más a las organizaciones indígenas a la hora de asignar presupuestos y proyectos para la titulación de comunidades nativas, considerando que los territorios indígenas es una de las formas más efectivas para lograr la deforestación evitada.
Si bien el desafío todavía es grande, desde DAR creemos que trabajando de la mano, tanto el Estado, como organizaciones indígenas, representantes de sociedad civil y cooperación internacional, se podrá avanzar en la titulación para el beneficio de las comunidades nativas del Perú.
Dato: La publicación “Análisis del funcionamiento de los fondos climáticos y otras fuentes para el saneamiento físico y legal de las comunidades nativas en el Perú 2011-2020” estará disponible en los próximos días.
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