Foto: CIDH
-
El 04 de diciembre en el marco del Primer Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se dio inicio a las mesas de debate.
-
DAR, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentaron el evento paralelo Acceso a la información y transparencia en el ámbito extractivo y afectación de los derechos de los defensores y defensoras del ambiente.
-
Las organizaciones participantes entregaron oficialmente el informe comparativo de Transparencia de Acceso a la Información con ocho casos de América Latina y el Caribe (Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Argentina, Colombia, Brasil y Perú) a las Relatorías de Libertad de Expresión y de Defensoras y Defensores.
-
El evento además contó con las exposiciones de Salvador Herencia, Director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ottawa, Manfredo Marroquín, Director de Acción Ciudadana – Guatemala, Bienvenido Ramírez del Espacio Nacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ENTRE) y Alexandra Montgomery de la Red DESC.
-
La moderación estuvo a cargo del Comisionado Relator sobre defensores y defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez.
Durante su presentación, Ricardo Pérez, representante de DAR, señaló la importancia de trabajar junto a las organizaciones indígenas con base territorial y en fortalecerlas en la labor de proteger su derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado. Sin embargo, evidenció la existencia de problemas estructurales como la superposición de derechos, la debilidad de los sistemas de evaluación y fiscalización ambiental, la falta de acceso a la justicia y el acceso a la información. En su diagnóstico señaló las reformas institucionales y de política pública que se deben ejecutar para mejorar el panorama al que se enfrentan los defensores y defensoras.
«Desde nuestra experiencia, mientras más información se tenga sobre el desarrollo de un proyecto y la intervención se de en las etapas iniciales del mismo, hay menor riesgo de conflictividad social y, en consecuencia, menor oportunidad para la vulneración de los derechos de los defensores indígenas», señaló.
Finalmente mencionó los dos problemas más importantes que tienen que asumir sociedad civil y la CIDH, de manera conjunta. La primera es “la violencia ejercida desde el Estado, que se da en contextos el que se viola el legítimo derecho a la protesta social y la segunda es la violencia que no viene del Estado sino que es generada por economías ilegales como la tala, el narcotráfico, el tráfico de tierras para monocultivos, etc».
A su turno, el representante de República Dominicana señaló el valor que tiene el estándar EITI, y cómo se podría construir, a partir de este, un mejor estándar interamericano que indique lo mínimo que se necesita en acceso a la información en materia socio ambiental. Por otro lado, solicitó que el Comisionado de Defensores y Defensoras haga una visita a República Dominicana para ver la situación que se vive por el caso Barrick Gold, donde existen personas encadenadas exigiendo el acceso a la información, al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), reparaciones y cómo sus reclamos no son escuchados.
Manfredo Marroquín, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana – Guatemala, indicó que las poblaciones indígenas vienen sufriendo serias vulneraciones en su derecho de acceso a la información sobre los proyectos mineros e hidroeléctricos. Además, que iniciativas internacionales como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) y la negociación del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales (Principio 10), pueden ser herramientas que apoyen a los defensores ambientales en su derecho de acceder a información a megaproproyectos.
Foto: CIDH
La representante de COICA-OPIAC, Carol Gonzalez dio detalles del lamentable asesinato del líder colombiano, Mario Jacanamijoy, y de cómo la retirada de las FARC de los territorios que antes ocupaban, sin que el vacío de autoridad sea ocupado por las instituciones del Estado está afectando a las comunidades de su país. En esta situación, grupos armados, buscan controlar territorio para el desarrollo de actividades ilícitas, entrando en conflicto con las comunidades nativas colombianas. Remarcó los esfuerzos y estrategias que están desarrollando las organizaciones indígenas en Colombia y en toda la región para proteger sus derechos.
Por su parte, el Director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ottawa mencionó la importancia de tomar en cuenta la responsabilidad de los Estados desde donde proviene la inversión, tomando como claro ejemplo el caso de Canadá. Señaló que la CIDH debe promover mecanismos para que la sociedad civil canadiense pueda exigir rendición de cuentas a la actuación de su gobierno en la promoción de proyectos que pueden ser riesgosos para defensores y defensoras.
El Relator para defensoras y defensores agradeció la presencia y los aportes de sociedad civil que indican un gran avance por parte de las acciones de la CIDH con respecto a los Derechos Humanos, sin embargo, resaltó que esto contrasta con el aumento de casos de defensores en situación de violencia en América Latina, recalcó que a pesar del fortalecimiento del Sistema Interamericano con acciones de parte su Relatoría y los informes específicos que se han elaborado frente al tema, aún hay mucho por trabajar para superar el desafío de prevenir los casos de defensores aumenten al ritmo que lo están haciendo.
Finalmente, las organizaciones participantes entregaron el informe comparativo de Transparencia de Acceso a la Información con ocho casos de América Latina y el Caribe (Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Argentina, Colombia, Brasil y Perú), en donde se plantean recomendaciones a los Estados como promover el acceso a la información socio-ambiental y a los pagos ambientales y sociales, así como la transparencia en la aprobación de licitaciones, en los procesos de evaluación de los EIA, en la fiscalización y en el monitoreo de estas obligaciones durante los proyectos extractivos. Se solicitó también que organismos como la CIDH (Relatorías de Libertad de Expresión y DESCA) puedan participar en estas iniciativas y dar recomendaciones a los Estados en acceso a la información y transparencia en industrias extractivas.
Daniel Cerqueira de DPLF, indicó que con estos casos se trata de exponer cómo la inaplicación efectiva del derecho a la información pública en el ámbito de las industrias extractivas, implica la vulneración de otros derechos tales como: como la vida, salud, integridad física, ambiente sano y equilibrado, participación ciudadana, consulta previa, entre otros. Donde los que son frecuentemente perjudicados, son las poblaciones más vulnerables y sometidas a una situación de desventaja histórica, como las mujeres, pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Tanto DAR, COICA, DPLF y aliados de Guatemala y República Dominicana, así como organizaciones de América Latina y el Caribe que viene participando en estos procesos (Observatorio Regional de Inversiones, Transparencia y Derechos Humanos, y del IV Taller Regional de Lima realizado en agosto) se comprometieron a otorgar aportes a la CIDH y sus relatorías como el estudio sobre cuáles son las causas que están agudizando los casos de defensores y defensoras con derechos humanos violentados. El Comisionado presente en la mesa, manifestó que se encuentra a la espera de esta información y agradeció la presencia de todos los participantes.