El 23 de julio de 2021, en el marco del seguimiento que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) viene haciendo al rol de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), envió una carta institucional al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de brindar recomendaciones a las “Guías de Implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS)” a partir de un análisis detallado.
En ese sentido, y en conjunto con instituciones aliadas de la sociedad civil[i], se propiciaron espacios en los que se aportaron recomendaciones generales y específicas a las diez Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS). Dichos espacios tuvieron como finalidad diseñar recomendaciones que puedan fortalecer las salvaguardas relacionadas com prevenir y mitigar los riesgos sociales y ambientales, los cuales se dan en la etapa de implementación de los proyectos realizados en América Latina y el Caribe.
Es así que, por un lado, las principales recomendaciones y elementos que fueron incorporados parcialmente a la Guías de Implementación, versaron en la Norma de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) 1 y 5. Respecto a la NDAS 1, sobre Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, se incluyeron los términos “consentimiento previo, libre e informado” y “consulta significativa” (GL97). En cuanto a la NDAS 5, que trata el tema de adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, se incluyeron los términos “medidas correctivas viables” (GL70), “consentimiento previo, libre e informado” (GL44).
No obstante, existen recomendaciones que aún se necesitan incorporar como el “Principio de no regresividad en la protección de derechos humanos” (principio de progresividad). Además, no se tomó en cuenta la importancia de implementar un tratamiento diferenciado en la identificación de impactos ambientales y sociales. De igual manera, no se consideró que persiste una inviabilidad de proyectos de inversión vinculados a “daños ambientales y sociales negativos” y no se brindó una aclaración respecto a términos ambiguos y obligaciones del BID bajo el principio de “debida diligencia”.
De igual manera, no se incorporó de manera plena el enfoque de derechos colectivos sobre concepto de libre determinación de pueblos indígenas, consulta previa y otros derechos consagrados y reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros tratados.
Como bien se sabe, el banco ha desembolsado 49,481,946 USD[ii] durante el periodo 2017-2021, en la implementación y preparación de 18 proyectos, de los cuales 2 están relacionados a sectores claves como Medio Ambiente y Desastres Naturales, Energía e Inversiones Sociales. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil reclaman mayor apertura a las IFIs en la elaboración de herramientas de gestión vinculadas a proyectos que podrían afectar la salud, territorio y derechos de poblaciones vulnerables.
De esa forma, el portafolio de préstamos debe contemplar aspectos relacionados a los derechos humanos de poblaciones indígenas y aclarar terminología empleada en documentos que orienten a los prestatarios con el propósito de fortalecer el desempeño de proyectos y sus resultados ambientales y sociales.
Si desea mayor información sobre los aspectos que han sido incorporados o no, revisar siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1LldT4lFrXuGtMpCQeeWj4jfG54tq0PmS–RV5pe-7C8/edit
[i] Más información en el siguiente link:
[ii] En el sector Medio Ambiente y Desastres Naturales (2017-2021) 46,100,287 USD en la implementación de diez (10) proyectos y 1,246,825 USD en dos (2) proyectos que aún se encuentran en la etapa de preparación. Mientras que en el sector Energía (2019-2021), el BID orientó 1,632,834 USD a la implementación de tres (3) proyectos; y, finalmente, en el sector de Inversiones Sociales (2020-2021) direccionó 502,000 USD en la implementación de tres (3) proyectos. Fuente: https://www.iadb.org/es/paises/peru/un-vistazo-los-proyectos