- Presentamos la serie informativa “#ConsultaoAutoconsulta ¿Cuál es el camino?” donde encontrará reflexiones en el marco del Taller Estratégico sobre Protocolos de Consulta, realizado en Tegucigalpa, Honduras, los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en el que participaron organizaciones indígenas y de sociedad civil de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.
El aumento de la conflictividad social generada alrededor de proyectos de inversión en América Latina y el Caribe (LAC) es un problema creciente que afecta nuestras democracias y tiene graves consecuencias para los derechos humanos. Al centro de esta problemática, se encuentra la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) como el derecho a través del cual las comunidades indígenas, tradicionales y campesinas pueden participar de las decisiones que les afectan y determinar su propio camino hacia el desarrollo, a través de un diálogo político en igualdad de condiciones que permita la materialización del mencionado derecho.
Sin embargo, este no es el caso. Aunque los Gobiernos de la región, han asumido cada vez más obligaciones internacionales con respecto a estos temas, usualmente, no adaptan adecuadamente sus ordenamientos jurídicos internos ni destinan los recursos financieros, técnicos ni metodológicos que se necesitan para llevar a cabo procesos interculturales de CPLI con el objetivo de lograr el consentimiento de sus pueblos originarios o tradicionales a las iniciativas planteadas por los Gobiernos. En paralelo, los esfuerzos normativos y presupuestales de estos mismos Gobiernos para atraer cada vez más proyectos extractivos y de infraestructura se han intensificado.
Frente a este escenario la respuesta gubernamental ha sido una tendencia a seguir el “modelo peruano” tomando la Ley de CPLI de ese país como referente para implementar mecanismos similares. De otro lado, debido a los vacíos de este “modelo”, cada vez más organizaciones indígenas están optando por proponer sus propios Protocolos de Consulta y Autoconsulta, como una alternativa de negociación de abajo hacia arriba, que busca ampliar su capacidad de agencia, fundamentándose en su derecho a la autodeterminación.
En este sentido, DAR junto a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de LAC han iniciado un esfuerzo para analizar y promover la implementación de estos protocolos, como una forma de iniciar un diálogo necesario para fortalecer el derecho a consulta y el consentimiento libre, previo e informado como una condición necesaria para la gobernanza de los recursos naturales.
En esta primera entrega los invitamos a leer el artículo Protocolos de Consulta: Experiencias en Latinoamérica
