Lima, 13 de marzo de 2020.- Con el objetivo de analizar, compartir experiencias y combatir de manera eficiente los delitos ambientales que afectan a nuestros recursos naturales, como la minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna silvestre, se realizó el V Congreso Nacional Especializado en Materia Ambiental del Perú y el I Congreso Internacional sobre Delitos Ambientales del 10 al 13 de marzo. La ceremonia de inauguración fue presidida por la doctora Zoraida Ávalos Rivera, Fiscal de la Nación, quien destacó que a través del monitoreo y cuantificación en el ámbito nacional de estos delitos, se fortalecerá su prevención y sanción, se lograrán idóneas remediaciones y reparaciones, y sobre todo, se contribuirá con la labor de los fiscales especializados en materia ambiental.
En ese sentido, la Dra. Flor de María Vega, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Material Ambiental (FEMA), declaró que casi la totalidad del territorio peruano cuenta con un fiscal especializado en materia ambiental y explicó que en abril se terminará la habilitación del laboratorio de la oficina desconcertada de peritaje de la Fiscalía de Madre de Dios. Asimismo, explicó que nuestro país está a puertas de ratificar el Acuerdo de Escazú, acuerdo fundamental que permitirá mejorar los mecanismos de acceso a la información ambiental, generar nuevas formas de participación y aspirar una mejor justicia ambiental. Por último, felicitó el rol de las FEMA, al ejercer su labor a pesar de estar sujetos al riesgo y la pérdida de vidas humanas.
Entre las ponencias presentadas, Livia Wagner coordinadora de la Red de Iniciativas Globales y Experta Senior en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, sostuvo que la minería ilegal ocupa el primer lugar del ranking del Mercado de la Criminalidad Organizada en el mundo. Sobre el contexto peruano indicó que se han acusado a dos organizaciones criminales, vinculadas a los casos “Cuellos Blancos del Puerto del Callao” y los “Cumaleros del Oriente de Pucallpa”, por los delitos ambientales de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, depredación de flora y fauna silvestre, y tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Por su parte, César Ipenza, especialista en derecho ambiental, precisó que los esfuerzos de las FEMA no deben focalizarse solo a prevenir los delitos ambientales, sino a detenerlas. También, resaltó la importancia del rol de la sociedad civil, al ser los principales socios y actores socioambientales que coadyuvan al trabajo conjunto de prevención y lucha contra estos delitos.
En el segundo día, Alexander Von Bismarck de Environmental Investigation Agency (EIA) explicó que la tala ilegal es significativa a diferencia de otros, ya que está ubicada en primer lugar de los delitos ambientales. Esto se debe a que no existe suficiente personal para fiscalizarlo o penalizarlo a diferencia de los demás crímenes. También señaló que el mayor problema de la tala ilegal son los intereses de quienes tratan de apropiarse de los recursos, siendo el tema “muy complejo porque no manejan las consecuencias de esas actividades”.
En el tercer día, Guillermo Marchesi, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo de la Fundación Expoterra, declaró que Argentina tiene varias formas de definir los daños ambientales: el daño de incidencia colectiva y los daños individuales. Actualmente, estos se reparan a través del Código Civil Argentino y las normas de la Ley General del Ambiente, que incorporan el principio preventivo y precautorio.
El último día, Carlos De Miguel, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirmó que el Perú tiene bases muy sólidas para ratificar el Acuerdo de Escazú, ya que se incluye en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General del Ambiente. El tema está en implementación, la cual es una responsabilidad conjunta de todos los estamentos del Estado. De igual modo, resaltó la importancia de la traducción en quechua del Acuerdo de Escazú, por ser el primer tratado que se traduce a una lengua originaria.
Otras exposiciones estuvieron a cargo de Nicholas Fromherz (Lewis & Clark Law School – Portland), Melanie Pierson (Fiscal Federal Adjunta de los Estados Unidos), Roberto Cabral (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), Ruth Noguerón (World Resources Institute), Shun-Ping Chau (On-Scene Coordinator/ Environmental Engineer- United States Environmental Protection Agency) y Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca – España). Además, se realizaron diversos paneles con especialistas en delitos ambientales.
Finalmente, en el marco de este encuentro se presentó el Manual de Trabajo – FEMA sobre entidades administrativas de Fiscalización Ambiental y Protocolos de Actuación Fiscal, a cargo de Flor de María Vega Zapata, Coordinadora Nacional de las FEMA y César Gamboa, Director Ejecutivo (DAR). A su vez, se dio a conocer la Plataforma para los Fiscales Especializados en Materia Ambiental con la finalidad de fortalecer sus capacidades en delitos ambientales.
La organización del primer encuentro internacional en materia ambiental del país, a los que asistieron los fiscales especializados de todas las regiones, estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público, con el auspicio de Derecho, Ambiente y de los Recursos Naturales (DAR), Proética, Wildlife Conservation Society (WCS), entre otros organizaciones de sociedad civil. Desde DAR, saludamos el esfuerzo de los operadores de justicia para capacitar y fortalecer la labor fiscal en pro de combatir los delitos ambientales.