- Modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre generaría impactos negativos sobre el cambio de uso del suelo, al no contar con los debidos estudios técnicos y ambientales.
- La iniciativa fue promovida hace dos años, pero fue observada por la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Agricultura y Ambiente, sin embargo, este 14 de diciembre el Pleno del Congreso la agendó y aprobó de manera inmediata.
A pocos días de culminada la COP 28 y pese a los esfuerzos del Estado por proteger a la Amazonía, el último jueves el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley relativo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que contiene medidas que permitirían el aumento de la deforestación pese a que nos encontramos en una lucha permanente contra el cambio climático. A pesar de los impactos negativos de esta norma, actores del sector privado venían promoviendo la aprobación de la misma.
El pasado 7 de julio de 2022, el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio de los proyectos de ley 649/2021-CR y 894/2021-CR, que modificaría la Ley N° 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) poniendo en riesgo a los bosques al excluir al Ministerio del Ambiente (MINAM) de los procesos de zonificación, así como distorsionar y eliminar los procedimientos que buscan regular y reducir la destrucción de bosques en tierras del Estado y en predios privados.
Según la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM, existe alrededor de 807 078 hectáreas (ha) de bosques amazónicos en predios privados, por lo que con la aprobación de esta norma en el Congreso, “estas extensiones de bosques serían el potencial directo de deforestación sin importar que alberguen una gran diversidad de flora y fauna y que proveen bienes y servicios fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes, sobre todo el de los pueblos indígenas u originarios que habitan en gran parte de la Amazonía y cuyas formas de vida dependen de los recursos que los bosques ofrecen”, alertó Iris Olivera, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
La modificatoria de la ley presenta tres cambios: El primero es la suspensión de la zonificación forestal; el segundo es la exclusión del MINAM en los procesos de zonificación forestal y en la emisión de opiniones técnicas; mientras que el tercer cambio consiste en la eliminación del procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en zonas privadas.
La especialista indicó que con estos cambios, la modificatoria de la ley se podría convertir en un mecanismo de impunidad al instalarse actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar previamente si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria, lo que beneficiaría a actores que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal.
Esta iniciativa legislativa venía siendo promovida hace dos años, pero fue observada por la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Agricultura y Ambiente, así como por el SERFOR. Por ello, el Ejecutivo observó en el 2022 esta propuesta legislativa y en marzo de este año el Congreso decidió archivar la Autógrafa.
“Sin embargo se planteó una propuesta de reconsideración desde la Comisión Agraria del Congreso y el 14 de diciembre fue puesta en la agenda del Congreso y aprobada de manera extremadamente rápida, sin deliberación y sin tomar en cuenta el impacto que tendrá en la Amazonía y en los pueblos indígenas, obviando nuevamente la necesidad de la consulta previa legislativa”, alertó.
Esfuerzos en peligro
Para DAR estas medidas promueven la deforestación en la Amazonía y debilitan los compromisos asumidos por Perú frente a la lucha contra el cambio climático, tratados internacionales sobre temas ambientales, de comercio y de derechos humanos.
Entre estos compromisos internacionales y acuerdos suscritos por Perú están la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI); el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Tratado de libre comercio (TLC) de Perú con la Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, que contiene el Anexo Forestal, para dirigir la atención a los importantes aspectos ambientales, sociales y económicos relacionados con los bosques peruanos y sus habitantes.
Cifras de deforestación
Según la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático del MINAM, una de las principales causas de la deforestación es la expansión de la agricultura, que alcanza un 51.6% a nivel nacional; mientras que el 48.4% proviene de otras causas como la ganadería a pequeña y mediana escala vinculada al cambio de uso de tierra; actividades extractivas ilegales e informales como la minería y tala ilegal; el cultivo de coca y la expansión de infraestructura con proyectos de hidroeléctricas, hidrocarburos y carreteras.
Con la pandemia este proceso se ha incrementado. Global Forest Watch identificó que en el 2019 se deforestaron 231 257 ha de bosques; mientras que en el 2020 se perdieron 278 656 ha y en 2021 se deforestaron 225 203 ha de bosques en el Perú.