Los líderes de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y de la Federación de Comunidades Indígenas de Jeberos (FECONAJE) identificaron las amenazas territoriales, culturales y ambientales que están enfrentando actualmente las comunidades por la ejecución de la vía LO-107 que une Yurimaguas, Santa Rosa y Jeberos, así como el proyecto de línea de transmisión energética (proyecto paralizado en la actualidad).
Esta actividad se desarrolló del 24 al 25 de octubre en el auditorio municipal del distrito de Jeberos, provincia de Alto Amazonas en el departamento Loreto. Además, en el marco del proyecto “Gobernanza inclusiva y transparente para una infraestructura sostenible en la Amazonía Peruana”, el equipo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) capacitó a los líderes y lideresas sobre el funcionamiento del ciclo de inversiones, los procesos de certificación ambiental para proyectos de infraestructura vial, la consulta previa y la protección a personas defensoras del territorio y el ambiente.
Principales amenazas
Jesús Guerrero, presidente de FECONAJE, manifestó que, producto de la propuesta de carretera que une Yurimaguas y Jeberos, los migrantes desplazaron a los pobladores de la comunidad Jeberillos, lo que viene generando un conflicto por la definición de los hitos de los límites del distrito de Yurimaguas y Jeberos. Dicho escenario evidencia la necesidad de contar con salvaguardas ambientales y territoriales antes de la ejecución de este tipo de proyectos, con la finalidad de garantizar la seguridad territorial de los pobladores de la zona de influencia.
Asimismo, Diomar Vargas Macedo, Apu de la Comunidad Nativa de Vista Alegre, dio a conocer que en su territorio existe una plataforma de exploración petrolera, con un dragado de un kilómetro aproximadamente y que está en estado de abandono desde hace muchos años, generando contaminación y matando a sus peces. Dichas instalaciones representan un pasivo ambiental de alto riesgo para la población local.
El rol de la mujer indigena en la protección de la vida y la existencia de los pueblos es clave, ya que ellas promueven la difusión de las lenguas originarias, tradiciones, costumbres y buen manejo de la economía familiar. Sin embargo, en los últimos años, la violencia contra las mujeres indígenas en el distrito se ha incrementado (violaciones, violencia física y psicológica), de acuerdo a lo manifestado por Teresa Vargas, lideresa de CORPI-SL. Además, mencionó que se evidencia la falta de atención de las principales autoridades locales como la subprefectura, la DEMUNA, y el Ministerio Público, existiendo barreras significativas dado que las mujeres que quieren presentar denuncias deben viajar hasta Yurimaguas o Lagunas, lo cual dificulta el registro y atención de estos casos. CORPI-SL se comprometió a acompañar técnicamente en la protección y fortalecimiento del rol y participación de las lideresas indígenas en el desarrollo sostenible de sus comunidades.
Infraestructura sostenible para un desarrollo integral
Se reconoció colectivamente la importancia de la infraestructura para el desarrollo local; sin embargo, en la misma medida, se identificó una serie de condiciones previas que debería considerarse para garantizar la seguridad territorial y otros derechos colectivos de los pueblos indígenas. Resaltaron que para ello, requieren conocer sus derechos colectivos, mantener organizaciones fortalecidas y unidas, y contar con adecuadas capacidades y sistemas de vigilancia y monitoreo territorial.
Como parte de los compromisos generados, CORPI-SL elaborará una agenda de trabajo que incluya un programa de capacitación sobre sistemas de vigilancia y alerta temprana. Asimismo, socializaron los avances en la implementación con materiales y equipos para la realización de acciones de vigilancia por las comunidades miembros de la FECONAJE, así como también revisaron las herramientas propuestas para el seguimiento y monitoreo a proyectos de infraestructura vial y la guía intercultural sobre los potenciales impactos generados.
Adicionalmente, acordaron elaborar un protocolo de consulta previa, complementario a lo normado, que permita fortalecer la participación de las propias comunidades en la planificación de su desarrollo.