- Delegación del MINJUSDH visitó la comunidad Centro Arenal, con el propósito de recoger las demandas de defensoras y defensores indígenas que se encuentran amenazados por el desarrollo de actividades ilícitas en su territorio.
- La visita se dio como parte del seguimiento de la implementación de la Resolución Viceministerial N° 004-2022-JUS/VMDHAJ, que aprobó medidas de protección en beneficio de personas defensoras de la comunidad. Proceso apoyado técnicamente por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Cansados de las reiteradas amenazas y desencuentros debido a sus acciones de defensa y vigilancia ante actividades ilícitas asociadas a la construcción de una carretera de nivel nacional, los pobladores de la comunidad nativa Murui Buue denominada “Centro Arenal”, ubicada en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, participaron en una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ente rector del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH); y el Ministerio de Cultura, integrante del mismo.
En este espacio, los pobladores exigieron mayor celeridad en la atención y respuesta a las denuncias que plantearon ante las autoridades competentes por actividades ilícitas, como la tala ilegal que se realiza en su territorio. También, enfatizaron en la necesidad de que las medidas de protección y el enfoque de prevención apunten hacia los problemas de fondo referidos a la inseguridad jurídica territorial que les afecta; especialmente, ante las intenciones de construir la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, la cual atravesaría la comunidad, dividiéndola en dos, además de propiciar el incremento de invasores, y actividades ilícitas.
La comisión del MINJUSDH, liderada por Ángel González Ramírez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, anunció que para mayo tienen previsto desarrollar una Mesa multisectorial en Centro Arenal con la presencia de otras instituciones e instancias del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Asimismo, informó que para el 10 de abril desarrollarán un taller en el que participarán miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y organizaciones indígenas, con el propósito de que interactúen y conozcan la problemática indígena.
Por otro lado, los pobladores de Centro Arenal reconocieron el trabajo de articulación de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), para llevar a cabo la reunión con el MINJUSDH. Asimismo, Ela Núñez Ramírez, presidenta del Comité de Monitoreo y Vigilancia de Centro Arenal, hizo referencia al trabajo que vienen realizando desde la comunidad para la implementación del Sistema de Atención y Alerta Temprana (SAAT), el cual es coordinado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), lo que les ha permitido obtener información sobre el aumento de deforestación en sus territorios y las invasiones asociadas: “Con los drones, y la laptop que tenemos, ya el jefe de la comunidad envía la información que captamos de nuestros linderos a las autoridades competentes y eso hace que los infractores nos amenacen”, señaló Núñez Ramírez.
Ela Núñez también denunció que hace un mes atrás, invasores y sujetos extranjeros, amenazaron con quemar su oficina SAAT así como la maloca de reuniones de su comunidad, por lo que la vigilancia de la comunidad fue el mecanismo de defensa para controlar esta situación.
A su vez, el jefe de la comunidad, enfatizó que requieren efectividad con las pruebas que ellos presentan de todas las amenazas que vienen sufriendo. De igual manera, solicitó que no se espere una muerte para que recién las autoridades intervengan. Pidió también contar con un puesto policial en su comunidad, ya que en las noches la zona parece “tierra de nadie” y sus niños y niñas se ven expuestos a diversos peligros de gente extraña transitando por esta zona.
En respuesta, el director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, se comprometió a gestionar un defensor público para los casos de amenazas de defensores de la comunidad y así brindar apoyo legal a la comunidad. Finalizó diciendo que esta reunión será la primera de varias reuniones que tendrán con Centro Arenal, y que espera que más sectores se aúnan a las mismas para lograr cumplir con los objetivos de proteger a los defensores de manera integral.
Dentro de la comisión que acompañó a Ángel González, estuvieron Paola Rojas, coordinadora del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos de la DPGDH; José Talavera y Samantha Vásquez, consultores de la DPGDH y Ricardo García Pinedo, director del Programa Sectorial III de la Dirección de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura. Por parte de la cooperación internacional se tuvo la presencia de representantes del Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).