- El debate fue propuesto por el congresista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión, sin previos espacios de diálogo para conocer la opinión de la ciudadanía, los pueblos indígenas y representantes de jóvenes, tal como se realizó en la Comisión anterior.
- La ratificación del Acuerdo de Escazú hubiera representado el compromiso del Estado peruano para sumar esfuerzos a fin de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales, ante la ola de violencia que se vive en la Amazonía peruana.
- La decisión reitera la postura adoptada en el año 2020 por la ex comisión presidida por el congresista Gilmer Trujillo, en donde, pese a las evidencias en contra, se alegó que Escazú atentaba contra la soberanía nacional de nuestro país, y respecto de las personas defensoras, señaló que se trataba de categorías innecesarias que quiebran el principio de igualdad.
Recientemente, el 11 de julio, en el marco de la última sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, los congresistas de dicha comisión, presididos por Ernesto Bustamante, decidieron ratificar el dictamen negativo sobre el Acuerdo de Escazú (P. L. 00239/2021-PE). En ese marco, con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión ratificó el archivamiento, ratificando la decisión adoptada en octubre de 2020 por la comisión presidida por el congresista Gilmer Trujillo.
Como es de conocimiento público, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional que fortalece los estándares para institucionalizar derechos humanos ambientales como el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Asimismo, es el primero en incluir una cláusula de protección de personas defensoras ambientales, instando a los Estados parte a la adopción de medidas efectivas que aseguren su protección y acceso a la justicia.
El tratado se enmarca en el contexto de violencia que se vive en América Latina y el Caribe que viene cobrando la vida de líderes y lideresas indígenas, al punto de tener cifras de una muerte por cada dos días desde que inició la pandemia, según estimaciones de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Aspecto que se repite en el Perú, donde hasta la fecha se registran 19 defensores ambientales asesinados y una cifra alta de personas bajo amenaza que según un informe de ORAU, DAR y PROPURUS, solo en la región Ucayali asciende a 113 comunidades cuyas tierras o bosques están en riesgo y que hay al menos una persona que se opone o trabaja concretamente en reducir o eliminar dicha amenaza principalmente representada por economías ilícitas.
Pese a la situación de emergencia, el citado cong. Bustamente refirió que la legislación peruana en temas ambientales se encuentra avanzada, y que, además, existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y las Fiscalías Ambientales (los temas ambientales están contenidos en la Constitución, la Ley General del Ambiente, Ley de Gestión Ambiental, PNA, Ley de Consulta Previa, entre otros).
En la misma línea, el congresista Donayre señaló que el Acuerdo de Escazú es innecesario, se objeta a que sometería a una normativa internacional. Asimismo, indicó que el objeto del acuerdo es internacionalizar la gestión del territorio en aras del ambiente; e introducir el control de la gestión territorial por ONG internacionales y extranjeras registradas en Perú.
Adicionalmente, destacó que el acuerdo exige a las empresas la entrega de información que no es de interés público. Por último, afirmó que afectaría a los derechos constitucionales, a la propiedad y a la libertad de las empresas.
Sin embargo, las organizaciones juveniles que promueven el Acuerdo de Escazú manifestaron su rechazo a esta posición. Elizabeth Corzo, representante de la Plataforma Escazú Joven, indicó: “Estar en contra del Acuerdo de Escazú es estar en contra de los derechos humanos y de las personas que defienden el medio ambiente. Además, pone en peligro a las juventudes, pues somos quienes vamos a asumir las consecuencias de las decisiones que están tomando ahora en esta Comisión”.
Por su parte, Aida Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explicó: “Nosotros, como sociedad civil y de la mano con las organizaciones indígenas, hemos venimos apostando por este proceso y al archivar el proyecto sobre el Acuerdo de Escazú los congresistas le están dando la espalda a la ciudadanía, a las juventudes, a las organizaciones indígenas, a las personas que defienden y protegen el medio ambiente. Perú necesita ser reconocido como un país comprometido con el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, con la protección de los derechos humanos”.
El Acuerdo de Escazú fue firmado en 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe; y contó con amplia participación del público. En ese sentido, busca vincular marcos jurídicos mundiales y nacionales, establecer estándares regionales y sentar las bases para la creación de una estructura institucional de apoyo que permita mejorar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en cuyo proceso se involucre a las personas o grupos que se verán afectados.
A la fecha, son 24 países que lo han firmado y 13 países son partes de este instrumento pionero de protección ambiental, iniciando un camino hacia economías más justas y velando por quienes arriesgan su vida por dejar un planeta más sostenible a las nuevas generaciones.
Finalmente, cabe indicar que el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para afrontar la crisis climática y diversas problemáticas en el contexto pandémico. De este modo, es necesario promoverlo y reconocer lo logrado por la sociedad civil.
Ver la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, aquí.
Datos:
- El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021.
- Chile se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú.
- El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa n.º 04645/2019-PE, junto con el expediente que contiene las opiniones técnicas favorables de diversos sectores.