Lima, 24 de septiembre de 2020.- En el marco del “Intercambio de Experiencias para la protección de los y las defensoras indígenas frente a la COVID-19”, promovido por el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), los líderes y lideresas indígenas convocaron a especialistas de organismos internacionales, operadores de justicia y defensorías de la región amazónica a fin de incidir en la importancia del acceso a la justicia y medidas de protección para los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos.
“Los defensores de los derechos de la naturaleza, de la vida y de los bosques han tenido un rol importante antes, durante y luego de este contexto. Es necesario una discusión profunda para poder abordar temas de interés que afectan a los pueblos indígenas de la Amazonía”, expresó Tuntiak Katán, vicepresidente de la COICA en la apertura de este encuentro realizado el 16 y 17 de septiembre.
Problemática del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en materia de COVID-19
Durante el primer día de intercambio, se destacó el rol clave de los jueces y juezas ambientales y de las instituciones de protección en materia de derechos humanos, como las defensorías del pueblo, para reducir las brechas en el acceso a la justicia para los defensores y defensoras indígenas.
Elva Terceros y Norma Lemus, juezas de Bolivia y El Salvador, respectivamente, manifestaron las dificultades que atraviesan los pueblos indígenas para acceder a la justicia en el contexto del COVID-19 en sus países. Por su parte, Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Perú, señaló que la ratificación del Acuerdo de Escazú es vital para la defensa de los defensores y defensoras indígenas en América Latina y el Caribe.
Los representantes de las defensorías del pueblo de Perú, Colombia y Ecuador presentaron los casos y alertas de vulneración de los defensores y defensoras a los que tienen conocimiento en el ejercicio de su función. En ese sentido, Nelly Aedo (Perú) lamentó que en plena crisis sanitaria se hayan registrado el asesinato de cuatro líderes indígenas, en el marco de actividades ilegales que no han dejado de operar. Además, recalcó que, debido a la implementación del protocolo de defensores del Ministerio de Justicia, se han observado que de las 4 acciones de protección, 3 de estas están relacionadas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Fernando Fierro (Colombia) resaltó que el contexto de conflicto armado, la falta de protección por parte del Gobierno colombiano en favor de los defensores y defensoras indígenas y la inefectividad de los mecanismos judiciales son las principales falencias a superar para garantizar la protección de los pueblos indígenas. Por su parte Yajaira Curipallo (Ecuador) alertó que falta de medidas con enfoque intercultural para hacer frente a la pandemia y, en los operadores de justicia, es el principal reto por atender si queremos el acceso a efectivo de estas poblaciones vulnerables a los servicios públicos.
El rol de los defensores y defensoras indígena en la cuenca amazónica
En el segundo día del intercambio, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA, exigió el apoyo de los gobiernos de la cuenca amazónica para atender las amenazas y vulneraciones a los defensores y defensoras indígenas como la criminalización, así como las afectaciones a sus territorios y a sus derechos, en el marco de la COVID-19. Pandemia que vienen afrontando con los beneficios de la medicina tradicional y fortaleciendo la importancia de sus gobiernos autónomos. Además, demandó que la crisis sanitaria no sea excusa para olvidar otras pandemias como los incendios forestales que cada vez son más frecuentes en la Amazonía.
Desde la voz de los mismos defensores y defensoras indígenas se compartieron los retos que tienen que superar en su lucha por la defensa de sus derechos frente a la COVID-19, así como la urgencia de que los estándares internacionales de protección de derechos humanos sean aplicados de manera efectiva. Michael McGarrel, coordinador de Derechos Humanos de la COICA y punto focal político del PDDD, exhortó a los gobiernos que reconozcan el importante rol que tienen los pueblos indígenas como defensores en el cuidado de ambiente y sus conocimientos ancestrales para hacer frente a la pandemia. “Los pueblos indígenas siempre hemos luchado, somos resilientes. Es un honor luchar por mi pueblo y será un honor morir por mi gente”.
Y es que la situación de la pandemia, se suma a otros factores que venían atravesando los territorios, como la contaminación por derrames en los ríos o las amenazas del Estado y las organizaciones criminales. La defensora Sandra Tukup (CONFENIAE, Ecuador) sostuvo que las capacidades del Gobierno ecuatoriano, por ejemplo, no fueron suficientes para proteger a los pueblos indígenas en las comunidades. Asimismo, Richard Rubio (AIDESEP, Perú) informó que además de la brecha existente para lograr el acceso a educación y servicios públicos, vienen enfrentando la depredación de sus recursos, sin respetar sus derechos. “El Estado muchas veces ignora que somos nosotros seres humanos que vivimos en la Amazonia, solo piensan que acá hay recursos”, agregó.
Óscar Daza (OPIAC, Colombia) destacó que en la Amazonía colombiana se viven problemas en relación al narcotráfico y que la presencia de organizaciones criminales intimida cualquier esfuerzo de los defensores y defensoras indígenas para denunciar las violaciones de derechos humanos en sus territorios. Bernice Serataya (CIDOB, Bolivia) precisó que antes la ausencia del Estado, los pueblos indígenas han recurrido al uso de la medicina tradicional para sobrevivir a la pandemia y que el Gobierno no cuenta con una data actualizada de los infectados y muertes por la COVID-19, en territorios indígenas.
Finalmente, Mario Nicacio (COIAB, Brasil) hizo hincapié en la falta de un protocolo de atención para los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña quienes han sido los más afectados durante la pandemia. Además, al interior de las instituciones de Gobierno sigue existiendo un racismo estructural sin un diálogo que pueda solucionar dichos problemas.
Implementación del Acuerdo de Escazú requiere voluntad política
Tanto Richard Rubio como Óscar Daza recalcaron que en este contexto de pandemia, y ante las amenazas preexistentes en su territorio, es vital la implementación del Acuerdo de Escazú, como instrumento para la defensa de sus derechos. Richard Rubio precisó que desde AIDESEP se han mostrado a favor para su ratificación por parte del Congreso peruano. Y en Colombia, Óscar Daza de OPIAC señaló que ven en este convenio una esperanza para la protección de los defensores de derechos, cuyas muertes no han cesado por la pandemia. “El Acuerdo de Escazú es una avance para la cuenca amazónica que tiene muchos problemas, pero requiere de la voluntad política de los Estados”, puntualizó.
José Saldaña (abogado e investigador) y Daniel Noroña (CIDH/DESCA) resaltaron que el Acuerdo de Escazú fortalecería los ordenamientos jurídicos nacionales. Más aún pues, en palabras de Noroña, “para tener un medio ambiente sano, es necesario tener un ambiente democrático que pueda garantizar los derechos y su defensa, un rol fundamental que realizan los pueblos indígenas”.
Revive el primer día del intercambio aquí
Revive el segundo día del intercambio aquí
NOTAS
- El Intercambio de experiencias es parte del trabajo del PDDD de la COICA creado en 2018 con el objetivo de desarrollar mecanismos de prevención, protección y defensa efectiva de defensoras y defensores indígenas amazónicos que se encuentran bajo situaciones de amenaza, violencia, criminalización y persecución, es decir, en un escenario de vulneración de derechos.
- La organización de este espacio virtual fue de manera conjunta con la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú).