A través de diversas experiencias se conocieron los logros y desafíos que enfrenta la cogestión en áreas protegidas.
Como parte del III Congreso de Áreas Protegidas, se dio lugar al foro “Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas: Participación y Cogestión para visibilizar las acciones de los Pueblos Indígenas y el Estado en Áreas Protegidas”, en el que organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miskitu Asla Takanka (MASTA), Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración (ANECAP), Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Machiguenga (ECA MAENI), Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Chayu Nain (ECA Chayu Nain), Rain Forest Noruega (RFN) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), compartieron sus experiencias vinculadas a esta temática y comentaron acerca de las oportunidades y desafíos que representa la implementación de este modelo de gestión.
Pilar Camero, representante de DAR, mencionó que los pueblos indígenas están logrando tener cada vez más mayor protagonismo, tomando decisiones en planificación, supervisión y monitoreo en la gestión de las áreas protegidas. Adicionalmente, manifestó que la cogestión implica que todos los actores se involucren en la administración del espacio.
Por su parte, el presidente del ECA MAENI, Héctor Kaibi Omenki resaltó que en el marco de la cogestión, es posible construir el desarrollo local a partir de las prioridades de los pueblos indígenas, incorporando los planes de vida en instrumentos de gestión pública como los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). En el 2018, el ECA MAENI e instituciones aliadas, lograron la incorporación de dos planes de vida en el PDLC de la Municipalidad Distrital de Echarati para su implementación.
En el caso de Amazonas, la cogestión en áreas protegidas también ha potenciado la economía de las comunidades, Javier Nampag Esamat, presidente del ECA Chayu Nain , conformada por apus de 11 comunidades, destacó que a través de alianzas con diversas entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, PROFONANPE y otras organizaciones, han logrado importantes proyectos productivos de cacao y plátano, proyectos de monitoreo de fauna en peligro de extinción, promoción del turismo vivencial y fortalecimiento de capacidades de las comunidades para la administración de proyectos.
Coincidieron que es clave continuar fortaleciendo la cogestión de las áreas naturales protegidas, asegurando el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, incrementando los beneficios de la conservación de las áreas naturales protegidas de manera justa y equitativa para las comunidades, tal como lo mencionó Zoila Ochoa, representante de AIDESEP “Queremos que los beneficios lleguen a las comunidades de las reservas con más claridad y efectividad, se debe relacionar el Estado y pueblo”. Por su parte Fermin Chimatani, representante de ANECAP, agregó: “Para que se dé la cogestión, los actores deben estar en igualdad de condiciones, el costo de la conservación lo asumen las comunidades, tenemos que ver de qué manera se dan los beneficios de manera más equitativa”.
Finalmente, Norvin Goff, representante de –MASTA, relató la experiencia del Protocolo bio-cultural del pueblo Miskitu para ejercer el derecho a la consulta y consentimiento libre, previa e informada. En palabras del ponente: “El protocolo Biocultural es una herramienta metodológica para garantizar la aplicación de este derecho”.
Monica Camacho, panelista en representación de la organización Rainforest Noruega como al respecto:” en el marco de la consulta previa, libre e informada, es importante que el Estado no solo informe sobre los impactos positivos de los proyectos sino también sobre los negativos, especialmente sobre los pueblos indígenas”. Asimismo, reconoció la importancia de generar intercambio de experiencias con comunidades que han pasado por estas experiencias. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo de las áreas protegidas, manifestó que se deben hacer pagos por servicios ambientales y creación de impuestos en actividades extractivas.
Finalmente, Elcio Da Silva Machineri, representante de la COICA agregó que “es importante la gestión conjunta entre Estado y pueblos indígenas ya que reduce los conflictos y hay posibilidad de mayor protección del territorio”.