Imagen:DAR
Lima, 21 de julio de 2020. Dentro del Ciclo de conversatorios de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), se realizó un seminario web sobre “Defensores y Defensoras del medio ambiente frente al COVID-19”. Este encuentro tuvo como finalidad promover el importante rol que cumple este grupo de personas y analizar la situación de los defensores de derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria.
Durante el conversatorio se dieron a conocer las iniciativas por parte del Estado peruano, como los avances de la implementación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de los derechos humanos en el Perú”, implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en abril del 2019; y también la aprobación de los “Lineamientos de Intervención Defensorial Frente a Casos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo”. Esta última es un gran avance para unificar criterios de atención y seguimiento de los casos de riesgos y vulneraciones de personas defensoras para una labor eficaz y eficiente.
El evento contó con un panel de expertos como Joel Hernández García, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, quien afirmó que la pandemia del COVID-19 ha impactado también en la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, resaltó que las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio se encuentran dentro de los grupos que sufren más riesgos como la estigmatización, criminalización, ataques contra la vida y la integridad, entre otros. “Los Estados tienen la obligación de proteger a las personas defensoras y garantizar que puedan continuar su labor de defensa e información en este contexto”, aseveró.
Percy Castillo Torres, de la Adjuntía para los Derechos Humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, hizo hincapié en que su institución ha elaborado lineamientos para la protección de las personas afectadas. Además, instó al Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú, es un compromiso internacional que asegura la protección de defensores y defensoras del medio ambiente.
Cabe destacar que la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental ha sido considerada expresamente en el Acuerdo de Escazú, instrumento que deberá ser discutido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú antes de ser ratificado y entre en vigencia en nuestro país.
Otro de los invitados, Michael Phoenix, asesor de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, comentó que estas personas trabajan en contextos de riesgos y peligrosidad generalizados debido a que casi siempre desafían las estructuras de poder establecido (políticas, económicas y antiambientales).
Ruth Buendía, del Consejo Directivo de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), lamentó que el Gobierno no tenga las capacidades para la atención en salud de los pueblos indígenas en la crisis sanitaria por el COVID-19. Pero también propuso un diálogo para solucionar esta problemática. Ella exigió el respeto integral del territorio amazónico.
Ángel González Ramírez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, explicó que con el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” se establece un “sistema de alerta temprana” para evitar situaciones de riesgo que pudieran enfrentar estos grupos.
“Buscan destacar las acciones que realizan las personas defensoras a través de un respaldo brindado desde el Estado”, comentó. Informó que, hasta este mes, han recibido 12 requerimientos de protección. “La actividad de defensa que están alegando en la mayoría de estas solicitudes es la del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”, agregó.
Javier Roura Blanco, representante de “ProtectDefenders.eu – el mecanismo de la Unión Europea – UE para personas defensoras”, comentó que las situaciones de riesgo para las personas defensoras no han cambiado a pesar de la pandemia.
“Hay situaciones que nos han tomado por sorpresa, pero, a pesar de eso, lo que vemos es que los peligros a los que se enfrentan las personas defensoras no han caído, más bien se han mantenido”, afirmó. A la vez, lamentó que el sistema de salud no llegue a las comunidades indígenas donde se encuentran los defensores.
Finalmente, DAR saluda las iniciativas por parte del Estado peruano y de las organizaciones internacionales para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, se debe garantizar la protección integral de los territorios ancestrales, colectivos y los bienes comunes; así como el derecho a la tierra y el territorio de los defensores y las defensoras indígenas.