Miércoles 8 de mayo, Jamaica. Hoy, en el marco de las 172° periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) se llevó a cabo la audiencia de “Empresas y derechos humanos en las Américas”, en la que participaron Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Conectas Direitos Humanos, Global Justice Clinic NYU School of Law, International Commission of Jurist (ICJ), International Corporate Accontability Roundable (ICAR), Observatorio Ciudadano, Project on Organizing Development Education and Research (PODER) y Justicia Global (Brazil).
Esta audiencia da continuidad al debate sobre la debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas durante el período de sesiones en Santo Domingo en el año 2018 que tuvo como objetivo presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudios de casos sobre remediación de violaciones de derechos humanos causados por empresas en la región latinoamericana y el Caribe, así como identificar las medidas que puedan mejorar el acceso a remedios efectivos por parte de las comunidades afectadas por las operaciones de dichas empresas.
Foto: Johana Mendoza/DAR.
Jefferson Nascimento, representante de CONECTAS, señaló que “el tercer pilar de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (remediación) es ampliamente conocido como el talón de Aquiles en la implementación de dichos Principios, pues en la actualidad existen numerosos casos de serias violaciones de derechos causadas por empresas que no generan responsabilidad alguna, ni tampoco se da una reparación justa e integral a las víctimas”. Tales como los casos de Brasil, Chile, Haití, México y otros presentados en el Informe final de la presente audiencia.
El Perú no fue ajeno a esta problemática. Al respecto, Francisco Rivasplata, representante de DAR y de la Coalición Regional sobre la Transparencia y la Participación Ciudadana, indicó que uno de estos casos es el proyecto Camisea, en cuya zona después de 15 años de explotación, aún no se cuenta estudios sobre la calidad del suelo y el agua pese a los constantes derrames que han afectado el medio ambiente, vida e integridad de comunidades y asentamientos en el área de influencia del proyecto. “A pesar de esto, no se han podido evidenciar acciones para remediar, efectivamente, el daño producido. Todo ello en un contexto interno en el cual el Estado viene promoviendo un proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Por esta razón, se hace imperativa la participación de las organizaciones de base, organizaciones indígenas y sociedad civil en la elaboración del mencionado Plan”, señaló.
Foto: Johana Mendoza/DAR.
Por su parte, Raphaela Lopes, representante de Justiça Global y de Red Desc, señaló que en Brasil tienen un caso específico sobre la falta de remedios efectivos. Así el 5 de noviembre de 2015 se rompió una presa de desechos de la empresa minera Samarco, que es una joint venture entre la empresa brasileña Vale y la empresa anglo- australiana BHP Billiton, que afectó la cuenca del río Doce y causó la muerte de 18 personas y la desaparición de una persona. Así también se generaron impactos socio-económicos para las millones de personas que dependían del rio, incluso indígenas y otras poblaciones tradicionales. “Pese a estos impactos, y tras casi cuatro años de desastre, solo se han celebrado tres acuerdos entre el Estado y las empresas involucradas sin la participación efectiva de los afectados y se ha aprobado una ley que flexibiliza el licenciamiento ambiental, pues afecta las funciones de los órganos fiscalizadores. Recientemente, el 25 de enero de 2019, se rompió la presa I de la mina de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de propiedad de Vale causando contaminación en el río Paraopeba, que integra otra grande cuenca del país: la de rio São Francisco. Hasta el momento se han identificado 237 fallecidos y 33 siguen desaparecidos”, señaló en la audiencia.
En este contexto, la Comisionada Flavia Piovesan, relatora sobre los Derechos las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y Encargada de la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores, resaltó la importancia de este tercer pilar sobre remediación jurídica efectiva y destacó la claridad de la audiencia con respecto a que la reparación debe ser: transparente, es decir con información confiable; integral y accesible; con una participación significativa en todo el proceso de desarrollo e implementación de los mecanismos de reparación; y, que implique una rendición de cuentas. Asimismo destacó tres puntos clave a tener presente en este aspecto: (i) la remediación jurídica efectiva, (ii) el alcance de la extraterritorialidad de las operaciones empresariales y (iii) la importancia de identificar buenas prácticas que hubieren en la región.
Además, Soledad García, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), subrayó también la importancia de la audiencia y anunció que ya se ha aprobado el preinforme sobre Derechos Humanos y Empresas que está próximo a publicarse, pero que seguirán recabando casos de vulneraciones de derechos humanos por actividades empresariales para dicho informe. Asimismo, la relatora DESCA señaló que la audiencia representa una enorme oportunidad para la CIDH de especificar garantías de no repetición.
De izquierda a derecha: Marcel Didier (Observatorio Ciudadano), Francisco Rivasplata (DAR), Jefferson Nascimento (CONECTAS), Soledad García (Relatora Especial DESCA) y Raphaela Lopes (Justicia Global y de Red Desc.). Foto: Johana Mendoza/DAR.
Todos los participantes, peticionarios y comisionados, resaltaron la importancia de la adopción de instrumentos de protección de los derechos humanos, tales como el Acuerdo de Escazú a nivel regional y la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos en el Perú.
Por último, los peticionarios solicitaron a la CIDH lo siguiente:
- Que recuerde la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia en materia de derechos humanos, en particular en los casos en que las empresas son los actores que violan derechos, incluyendo a las empresas que operan en su territorio y a las empresas nacionales que operan fuera de sus fronteras.
- Que utilice todos sus pilares de trabajo para garantizar el pleno acceso a la justicia en violaciones de derechos humanos relacionadas con el accionar empresarial en las Américas.
- Que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales, así como en sus informes temáticos, de países y otras actividades de monitoreo y promoción, incluso el Informe sobre Derechos Humanos y Empresas desarrollado por la REDESCA, estándares relacionados con la aplicación los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, en particular el Pilar 3 que trata de acceso a mecanismos de reparación.
- Que inste a los Estados miembros de la OEA a que se involucren en el proceso de discusión de un tratado vinculante en la ONU, como complementación a los principios rectores;
- Que inste a los Estados a involucrar de manera efectiva a las organizaciones de base, los pueblos indígenas y la sociedad civil en la elaboración de los diagnósticos y líneas de base para la aplicación de los Principios Rectores en los países de la Región;
- Que enfatice la importancia del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos en temas relacionados con empresas y recuerde a los Estados su obligación de garantizar condiciones adecuadas para ejercer esa labor.