- Las organizaciones se comprometieron a entregar a la CIDH información complementaria sobre casos de vulneración de derechos a partir de proyectos de infraestructura, entre ellos, la Hidrovía Amazónica.
Lima, 15 de mayo de 2018.- El jueves 10 de mayo último se llevó a cabo la audiencia “Debida diligencia, prevención y acceso a la justicia por violaciones de derechos humanos de empresas en las Américas”, la cual fue solicitada por Conectas Direitos Humanos, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), International Corporate Accontability Roundable (ICAR), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Observatorio Ciudadano y Project on Organizing Development Education and Research (PODER). Asimismo, entre los solicitantes también estuvieron Centro Humboldt de Nicaragua y OPIAC de Colombia en acompañamiento a los representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El objetivo de esta audiencia fue presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un resumen de las principales áreas de interés sobre debida diligencia en relación a los derechos humanos, desde una mirada de casos concretos de la región latinoamericana, en el marco de elaboración de un informe sobre directrices de Empresas y Derechos Humanos de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA).
El Perú no fue ajeno a la problemática entre la relación de empresas y derechos humanos. Vanessa Cueto, presidenta de DAR, señaló en la audiencia que el Gobierno peruano aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que se comprometió a implementar de manera progresiva los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de la adopción de un Plan Nacional de Acción específico sobre empresas y derechos humanos.
No obstante, precisó que la elaboración del Plan Nacional previo adoleció de vicios en la participación de sociedad civil y de organizaciones representativas indígenas, lo que fue evidenciado en diversas comunicaciones de la CNDDHH de Perú. Por ello solicitó a la CIDH que recomiende al Estado peruano que garantice para el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos -cuya meta de culminación es el 2019- mecanismos de participación efectiva de los pueblos indígenas en el diseño, elaboración, desarrollo e implementación de este instrumento, así como que se mejoren los mecanismos de transparencia y acceso a la información con enfoque intercultural.
En la audiencia referida, el Vicepresidente de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, llamó la atención sobre la gravedad de que actualmente las grandes empresas están involucrándose en las designaciones de los funcionarios o bienes judiciales, como de las Cortes Constitucionales, o fiscales y procuradores, lo cual pone en grave riesgo la situación de las víctimas.
Por su parte, la Comisionada Flavia Piovesan saludó a la sociedad civil por la cualificada contribución con la Relatoría DESCA y resaltó la importancia de fortalecer la óptica preventiva para mitigar las violaciones de derechos humanos a través de estudios de impacto ambiental y el deber de identificar los reales impactos. La comisionada destacó el deber del Estado de desarrollar un marco legislativo en el sentido de leyes obligatorias de debida diligencia justamente para determinar el deber del Estado de proteger los derechos humanos; y consideró de suma importancia el derecho a la participación efectiva de los más afectados como comunidades, pueblos indígenas y originarios, siendo el proceso incluyente más importante que el resultado.
Además, Soledad García, Relatora DESCA, subrayó la importancia de la audiencia por la información proveída en un momento crucial en la elaboración del cuestionario específico sobre Empresas y Derechos Humanos y señaló que considerará esta audiencia como parte del proceso de elaboración del informe temático respectivo. Dada la importancia de la audiencia, anunció la posibilidad de ampliar el plazo del cuestionario hasta fin de mes.
Asimismo, la relatora DESCA señaló que la audiencia representa una enorme oportunidad y una necesidad urgente de definir claramente los estándares interamericanos en esta materia a raíz del contexto de varios países en la región, como el caso de Nueva Segovia en Nicaragua y el caso de los pueblos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como demás casos detallados en el Informe presentado en la audiencia como: Belo Sun (Brasil), Refinería de alúmina Hydro Alunorte (Pará), desastre de la presa del río Doce (Brasil), proyecto de explotación de gas en el Bajo Urubamba (Perú) y los proyectos Hidroeléctrico Osorno y Mina la Coipa (Chile).
Finalmente, la Relatora DESCA solicitó a los peticionarios que contribuyan con un informe detallado de los proyectos de infraestructura a nivel regional para que pueda ser anexado al Informe sobre Empresas y Derechos Humanos.
Por último, los solicitantes pidieron a la CIDH que recomiende a sus Estados:
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- Aseguren el cumplimiento del principio de debida diligencia de las empresas, principalmente en proyectos a gran escala que generan graves impactos socioambientales.
- Adopten marcos normativos y políticas públicas consistentes con las obligaciones estatales de prevención y garantía frente a la actuación de las empresas, de conformidad con los parámetros establecidos por los órganos del SIDH.
- Cumplan el marco legal sobre el derecho de acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales.
- Generen mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental.
- Garanticen mecanismos de participación efectiva e intercultural, así como mecanismos de transparencia y acceso a la información, en el diseño, preparación, implementación y desarrollo de políticas, planes y programas sobre empresas y derechos humanos.
- Que el proceso de evaluación de impactos sean dirigidas por las comunidades afectadas y que se institucionalice los programas de vigilancia y monitoreo ambiental indígena.
- Desarrollen marcos normativos, políticas y la institucionalidad necesaria para prevenir que defensores ambientales e integrantes de comunidades que se oponen a la presencia de megaproyectos en sus territorios sean objeto de intimidaciones, hostigamiento y criminalización, por parte de empresas.
- Ratifiquen el acuerdo regional de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental de Escazú.
- Establezcan regulación específica, exigiendo a las empresas registradas o que operen en su jurisdicción, un mapeo y publicación de las compañías que conforman sus cadenas de suministro.
- Que la Relatoría Especial sobre DESCA incorpore la información documentada en esta audiencia en su Informe sobre Empresas y Derechos Humanos. En particular, recomendamos que este informe haga mención a casos concretos donde las políticas y marcos normativos estatales hayan favorecido la comisión de graves violaciones de derechos humanos, a raíz del incumplimiento del deber de diligencia empresarial.Adicionalmente, se espera que la CIDH recomiende a los Estados que consideren el enfoque de género y los impactos diferenciados en las mujeres y poblaciones indígenas en la elaboración de políticas, planes y programas sobre empresas y derechos humanos.
