China se consolida como un actor clave en nuestra región en los próximos años, que se verán marcados por la necesidad de reactivar las economías latinoamericanas y la creciente demanda de materias primas para la propia reactivación asiática.
En este contexto, los Estados han priorizado continuas medidas orientadas a flexibilizar y acelerar procedimientos para reactivar actividades extractivas, y el capital internacional que extrae estos recursos se suma a la promoción de proyectos de infraestructura y conectividad.
Así, se configura una reactivación económica que profundizará un modelo que ha evidenciado limitaciones durante esta emergencia sanitaria. Por ello, analizar el rol de inversores claves como China en nuestros países y recoger lecciones de proyectos en los que participa resulta fundamental para aportar propuestas hacia una reactivación sostenible.
En ese marco, los casos del Lote 58 y del proyecto Hidrovía Amazónica fueron presentados por DAR esta semana en el Quinto Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China: Condiciones y retos en el siglo XXI”, organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).
Expediente L58
El Lote 58, ubicado en la cuenca Urubamba, en Cusco, es el principal proveedor de reservas para el Gasoducto Sur Peruano (1). Este Lote se encuentra concesionado a la empresa china CNPC, la mayor empresa de producción y suministro de petróleo y gas de China (2) (3) y viene operando hace 14 años en el país, contribuyendo al rol de asegurar la seguridad energética del país a base del gas natural, recurso menos contaminante en relación a otros tradicionales.
Sin embargo, a pesar de que en el área de influencia del Lote se encuentran 14 comunidades indígenas, y que ya cuenta con tres Estudios de Impacto Ambiental (EIA), una modificación de EIA, un Plan Ambiental, y dos informes técnicos sustentatorios (ITS) aprobados y tres en evaluación, se viene omitiendo la consulta previa del proyecto.
Asimismo, en tiempos donde la transparencia de información es clave para la vigilancia ciudadana, persiste la dificultad para acceder a la información de los estudios ambientales de este proyecto, debido a que se encuentra incompleta o con difícil ubicación en los portales web del Estado. Por ejemplo, en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), no se precisa si el contenido del EIA y de la modificación del EIA del “Proyecto de Prospección de 782, 41 Km Líneas Sísmica 2D” corresponden a la versión final aprobada (4).
Sobre este caso, María Sembrero, especialista de DAR, sostiene que “el Gobierno, la empresa e incluso las instituciones financieras internacionales deben fortalecer la transparencia de la información social y ambiental en sus portales institucionales, y trabajar junto con la sociedad civil para que la transparencia sea implementada con un enfoque intercultural, de género y de derechos humanos”.
“En el Lote 58 es necesario que se implemente la consulta previa, se fortalezcan los programas de vigilancia y monitoreo indígena, se impulsen mecanismos de información interculturales. Además, la empresa debe generar mecanismos que transparenten su desempeño social y ambiental”, propone Sembrero.
Ríos profundos
El ya conocido caso del proyecto Hidrovía Amazónica es otro ejemplo donde se han identificado limitaciones técnicas, en ingeniería y en la implementación de derechos colectivos como la consulta previa.
El proyecto mantiene una concesión de 20 años que inició en 2017, sin embargo, el consorcio COHIDRO (en el que participa SINOHYDRO, miembro del grupo Power China), desistió de continuar con el proceso de certificación ambiental. Dicho desistimiento se dio en el marco de las más de 400 observaciones que identificó el Estado peruano al EIA, y más específicamente por la falta de estudios ecotoxicológicos complementarios, incluidos como acuerdo de consulta previa.
El proyecto Hidrovía Amazónica busca, a través del dragado de los ríos Marañón, Ucayali, Amazonas y Huallaga, mejorar la navegabilidad. Sin embargo, la elaboración y contenido de su EIA no se apoyó en el Estudio Detallado de Ingeniería (EDI). Este es un estudio obligatorio y, por sus características, permite definir el alcance del dragado. El EIA se presentó antes de concluir el EDI y uno de los avances de este último (5) mostró que las zonas de dragado pasarían de 13 (como se había identificado inicialmente) a más de 20. Aún no se conoce la información completa del EDI, lo que representa una debilidad en la transparencia y acceso a la información.
Asimismo, el gran pendiente actual en el marco del proyecto es el cumplimiento de acuerdos de la consulta previa llevada a cabo en el 2015 (realizada tras una acción judicial de la organización indígena ACODECOSPAT y no por voluntad inicial del Estado). Dicha consulta previa arribó a 90 acuerdos para la mejora del contrato, la elaboración del EIA y del marco normativo que debería sostener la realización de la primera hidrovía en el país.
Sobre ello, Diego Saavedra, especialista de DAR, refiere “El cumplimiento de los acuerdos de la consulta es obligatorio. Los acuerdos permiten la mejora de salvaguardas sociales y ambientales no solo para este proyecto, sino para el transporte fluvial en la Amazonía, protegiendo así el vínculo alimentario, social y cultural de las 424 comunidades que viven en las inmediaciones de los ríos que afecta el proyecto”.
Es importante resaltar que el transporte fluvial en la Amazonía peruana necesita ser mejorado y modernizado. Para ello, resulta impostergable la mejora de embarcaderos, el fortalecimiento de la fiscalización y la modernización de las flotas, entre otros, sin embargo, estas medidas no forman parte del proyecto Hidrovía Amazónica.
Casos como los del Lote 58 y la Hidrovía Amazónica relevan la necesidad del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales en las inversiones chinas, en lo que también debe participar la banca multilateral y las instituciones financieras internacionales. Esto, en aras de aprovechar las lecciones para mejorar la negociación de condiciones en las inversiones y, como resultado de ello, la calidad de vida, en el marco de una reactivación económica que deberá incluir a las poblaciones locales, la atención de sus necesidades, servicios y derechos.
Notas
- Campodónico. H. Gasoducto al sur: relanzamiento soberano. En: Otra Mirada.
2. DAR. (2019) Informe El Lote 58 del Bajo Urubamba. Las obligaciones de China frente a los derechos indígenas en el Sector Hidrocarburos.
3.CNPC. (2018). Informe anual de la Corporación Nacional de Petróleo de China.
4. Ni la página Institucional del MINEM, Item “Asuntos Ambientales de Hidrocarburos”, ni la página Minem.gob.pe presentan el contenido de los instrumentos de gestión ambiental.
5. Ver: Hidrovía Amazónica. Informe Técnico – Informe de Avance 4 del EDI. Estudios Básicos Iniciales y Cronograma de Apertura, p.74.