César Gamboa
Asesor Senior de Dirección Ejecutiva de DAR
Recientemente, la nueva administración del gobierno peruano ha presentado una iniciativa de pedido de delegación para legislar al Congreso y esto ha generado un debate público en muchas áreas de la gestión pública. Más allá de que este gobierno es heredero de su propia responsabilidad política en los periodos políticos anteriores, lo importante es ver una oportunidad para que se mejoren los marcos políticos, regulatorios e institucionales del país, pues la desconfianza hacia el Estado se ha acrecentado por parte de la ciudadanía en la última década. Uno de esos temas medulares está relacionado con los recursos naturales, específicamente con la gestión de los hidrocarburos.
En ese sentido, el Perú fue bendecido dos veces hace más de 30 años: primero porque encontramos gas en los campos de Camisea en Cusco, y segundo, porque las empresas que exploraron no se pusieron de acuerdo con el Estado peruano y otro grupo de empresas lideradas por Pluspetrol, explotó hasta ahora lo que se conoce como el lote 88. Esta segunda bendición se manifiesta en que para ganar la licitación para la obtención del lote 88, ofrecieron una regalía para el Perú de más del 37%, puesto que ellos no habían invertido más de $400 millones de dólares en exploración. Esto permitió que establecieran un marco legal y un contrato que señala que todo el gas del lote 88 fuera para el consumo nacional, fuera un gas barato y no se exportara.
Pero como siempre sucede en la historia del Perú, la corrupción y el interés por aprovecharse de nuestros recursos para unos cuantos -recordemos los contratos Grace en 1888 y el de Brea y Pariñas en 1922, entre otros- ,uno de los campos explorados de Camisea en el Bajo Urubamba por el consorcio Shell Mobil fue otorgado directamente el año 2004 a Hunt Oil para la exportación con una justificación poco rigurosa de la proyección de la demanda de energía del Perú en sus próximos 20 años, es decir, hasta el 2024.
Finalmente, esta justificación permitió que se aprobara que el Lote 56 de los campos de Pagoreni, ubicado en el valle del Bajo Urubamba, y se exportara a través del proyecto Peru LNG desde el 2010 —incluso se permitió que el Lote 88 le “prestara” gas al Lote 56 para la exportación por un tiempo—. Si bien el mercado nacional no podría absorber toda la oferta de gas disponible, tampoco deberíamos temer un desabastecimiento si es que esta oferta asegurara y fuera un incentivo para la masificación del gas en todo el territorio nacional, especialmente en el sur del Perú. En fin, ha habido comisiones investigadoras y hasta un par de presidentes acusados en este caso.
Nuestro pasado con Camisea, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, así como el actual contexto global, nos obligan a reflexionar profundamente sobre la soberanía energética del Perú, desde el futuro que queremos asegurar como una segunda oportunidad. Ciertamente, aparecerán presiones que condicionarán el uso de nuestros recursos, pero más preocupación debemos tener por estar preparados para afrontar esos desafíos de la geopolítica en la que se ha convertido Sudamérica, especialmente entre dos potencias mundiales que se disputan mercados, recursos desde distintas perspectivas.
Entonces, esta reflexión profunda y una planificación rigurosa y vinculante deben ser producto de un claro objetivo y no de una narrativa de urgencia y sin sustento político. No puede ser que por la ruptura del ducto del gas de Camisea en marzo (Campodónico, 2026; El Gato Encerrado, 2026), es decir, por un problema de desabastecimiento debido a la precariedad de la infraestructura de transporte, ahora, si es que no tendremos gas en una década por la caída de la producción del Lote 88 de Camisea, sin un análisis más comprensivo de opciones, y que rápidamente se instale esa justificación para que se reduzca el Parque Nacional Bahuaja Sonene y se intente explotar en el área de Candamo, sin medir los riesgos antes de decidir ello.
Más allá del tremendo valor en biodiversidad del Parque Nacional Bahuaja Sonene y especialmente del área del Candamo -de por sí, merecería un debate y discusión de la afectación de nuestro patrimonio natural si es que se permiten actividades de hidrocarburos en la zona-, en las siguientes líneas ahondaremos en estas lecciones aprendidas de Camisea, especialmente para encontrar las grietas que están detrás de la narrativa de emergencia sobre el posible desabastecimiento de gas que tendremos en los próximos trece años o finalice las operaciones de Camisea del Lote 88, antes de decidir qué se afecte nuestro patrimonio natural, pensando especialmente en el beneficio de todos los peruanos y no solo en unos cuantos.
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Primera Lección: Priorizar la demanda nacional por los próximos 40 años
Una primera lección aprendida del mal manejo de nuestros recursos energéticos es que debemos asegurar la demanda de energía del Perú para los próximos 40 años, es decir, por lo menos, hacia el 2065. Mirando hacia el pasado, un craso error fue el negociado de la exportación del gas de Camisea. No por algo hubo una comisión investigadora y tenemos a un expresidente con detención domiciliaria. El milagro de Camisea fue que el Perú no tuvo que invertir en explorar, ya que Shell y Mobil lo hicieron en los ochenta y noventa, encontrando los campos de Cashiriari, San Martín y Pagoreni. Después, el gobierno peruano no se puso de acuerdo (Gamboa Balbin et al., 2008; Santillana & Salinas, 2018) con estas empresas y pudimos establecer condiciones para priorizar el consumo nacional del gas a través del bendito criterio de horizonte permanente de 20 años y que después el régimen de Toledo derogó con el Decreto Supremo 031-2003-EM, dejando de priorizar el consumo nacional para permitir que se diera a dedo el contrato del lote 56 —los campos de Mipaya y Pagoreni— a Hunt Oil, que fue investigado por la contraloría, que ha llevado a un expresidente a juicio y que ha seguido con investigaciones inconclusas (Salaverry, 2017). Ahí perdimos el control del recurso gasífero (Dávila & Gamboa Balbín, 2010; Gamboa Balbín et al., 2008).
Debemos asegurarnos de que se hagan buenos negocios y que el gas sea para el consumo nacional. Quienes ahora promueven extraer gas natural de las áreas protegidas (PL N° 14288/2025-CR, 2026) no pueden asegurarnos que sea para todos los peruanos. Pongamos el caso nuevamente de Camisea. No solo se priorizó el proyecto de exportación de gas del Lote 56 en los últimos 16 años, sino que desde que se iniciaron sus operaciones (Repsol, 2010), los beneficios económicos son menores que los que se habrían obtenido si se hubieran consumido a nivel nacional (Ruiz Caro Reyes, 2019). En consecuencia, no hay condiciones para asegurar el consumo nacional ni que los beneficios del gas lleguen a todos los peruanos. Nada nos asegura que nuevamente a dedo se entreguen nuestros recursos naturales y se tomen decisiones políticas sin ningún contenido técnico, y se apueste por la exportación de tan preciado recurso natural. El mayor reto es el riesgo de la corrupción y el interés de unos pocos en beneficiarse de nuestros recursos estratégicos (Campodónico Sánchez, 2018; Editor CNP2, 2009; Salazar, 2021).
Entonces, si existe tal urgencia de desabastecimiento del gas en un país que no termina de masificar por falta de incentivos en infraestructura, que el gas natural aún no llega a la región de Cusco de donde se extrae después de dos décadas, pues el gobierno debería estar negociando e incentivando que los operadores del lote 58 CNPC -más de 3.5 TCP-, lote 56 Hunt Oil (aprox. 1 TCP) y Lote 88 Pluspetrol sigan explorando y que el gas que exploten sea para el consumo nacional. Es posible que la fecha sea 2040, pues entonces pongámonos una meta común y ambiciosa. Si el esquema de inversión no le permite que esto sea absorbido por el mercado peruano actual, pensemos a futuro en cómo la petroquímica y otras inversiones a futuro sean una oportunidad asegurada para el país en las próximas décadas, y no caigamos en las manos rentistas e intermediarias del corto plazo que no nos aseguren que invertirán en el Perú. De eso, tenemos varios ejemplos en el pasado.
Segunda lección: Si vamos a explotar el gas, que sea a favor de todos los peruanos
En el momento pico que nos señala que debemos abandonar los combustibles fósiles y transicionar al uso de energías renovables no convencionales (Heinberg, 2009; Ortiz, 2025), es muy polémico seguir apostando por el uso del gas natural, así sea menos contaminante que el petróleo o el carbón. Sin embargo, debemos tener una mirada pragmática de las presiones que generarán los intereses geopolíticos en la región y en la Amazonía (Hegseth, 2026).
Si tuviéramos que aceptar una transacción, sabiendo que el impacto ambiental y climático se mitigaría satisfactoriamente, una condición sine qua non para la explotación del gas es que todos los peruanos nos beneficiemos y no sólo unos cuantos.
Pero ¿cómo es posible que después de 22 años de operaciones del proyecto de gas de Camisea, es decir, desde el 2004, aún este gas no llegue ni siquiera a la región Cusco o a todo el territorio nacional? El gas de Camisea ha llegado seguramente a México, California o España, o Japón (Urgente24, 2025), pero no a ningún ciudadano de los Andes o la Amazonia, ¿por qué? La frágil infraestructura del ducto de Camisea que conecta con Lima no se debe a una oposición inicial ambientalista, sino a una incapacidad inicial de planificar nuestro crecimiento (Subirana, 2026). No son razones ambientales las que han impedido el crecimiento de la infraestructura del gas, sino más bien la falta de interés político e inversión económica que no ha podido expandir dicha infraestructura.
Han pasado más de veinte años y la masificación del gas solo ha logrado extender el acceso a este recurso a la costa peruana de manera muy lenta. Asimismo, los casos de corrupción relacionados al proyecto del Gasoducto del Sur Andino impidieron que se construyera dicha infraestructura entre 2011 y 2015 (Salaverry, 2017). No son los trámites engorrosos que impidieron que se desarrollara la infraestructura, sino la incapacidad del Estado y la poca visión empresarial para aprovechar el negocio.
No existen las condiciones para que todos los peruanos disfruten del gas. Pues no es solo con leyes que se generan estas condiciones, sino con una institucionalidad pública fuerte y que tenga la capacidad para resguardar nuestros intereses soberanos, y en su caso, use eficientemente nuestros recursos y podamos acceder a ellos. La masificación del gas ha sido una promesa incumplida, por lo que, primero, debería probarse cuáles son las condiciones de inversión para que ello pueda cumplirse en los próximos años. Lastimosamente, en los últimos años, se ha debilitado la capacidad regulatoria del Estado (Vergara & Quiñón, 2023) y es probable que terminemos generando mayores riesgos y abriendo la puerta para que intereses particulares se aprovechen de este recurso natural.
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Tercera lección: Un gas barato no nos salga caro
El mal uso del gas natural ha estado destinado mayoritariamente a quemarlo y con ello producir electricidad (Ríos Villacorta, 2012), y no a producir industria, como idealmente se pensó con un polo petroquímico (Barandiarán Gómez, 2008), ni el canon ha terminado por beneficiar a las comunidades circundantes (Pinedo, 2026). El gas de Camisea es sui generis porque tanto el Perú como el consorcio que ganó la licitación liderada por Pluspetrol no invirtieron en la exploración, por lo que las altas regalías y el bajo precio de venta del gas serían muy convenientes para el Perú y esta situación no se repetiría en otros contratos. Nuestra saludable economía, especialmente en Lima, está atada a este bajo precio del gas hasta que deje de operar el Lote 88 de Camisea en 2040; deberemos importar diésel o gas a estos bajos precios, y los precios de la electricidad y de todo bien de consumo subirán. Esto demuestra que la falta de planificación y dejar que el mercado se regule por sí solo no es una opción. Recordemos cómo se comportó el mercado durante la pandemia, no repitamos esa experiencia.
Este regalo que significó Camisea —excepto el lote 56, un regalo destinado a la exportación (Dávila et al., 2012)— y los lotes 57 y 58, no se han encontrado más reservas de gas. De hecho, el sistema de promoción de inversiones ha sido un fracaso y se ha acusado fácilmente a la tramitología, a la complejidad de la licencia ambiental, a la consulta previa, a los pueblos indígenas de ser los culpables de este fracaso en la promoción de las inversiones petroleras en el Perú. En los últimos quince años, el sector de hidrocarburos en el Perú está en crisis, y esto se debe, primero, a que es un sistema que no ha podido beneficiar a todos los peruanos. Nadie se identifica con la molécula de gas o petróleo que se extrae de la costa o de la Amazonia. Es más, un negocio de privados. Y, por tanto, no tienen por qué defender el modelo. Segundo, los impactos históricos de conflictos socioambientales no se han resuelto. Tercero, acaso Camisea no nos enseña que, siendo una oportunidad para beneficiar a todos, no hay ninguna garantía de que realmente nos beneficie y se hagan las cosas bien a futuro. Camisea tuvo un bajo impacto en el Bajo Urubamba donde se encuentra el yacimiento, pero eso tampoco significa que las condiciones allá en el terreno no estén cambiando actualmente. Lo único que no cambió es que siempre se quiso aprovechar Camisea, como sea. No dejemos que se vuelva a intentar eso.
Lo cierto es que no han existido los incentivos externos para explorar, puesto que los precios del petróleo y especialmente del gas no eran altos como para asumir tales inversiones en la Amazonia. Si bien es cierto, empresas petroleras junior venían atraídas por Road Shows pero solo venían a especular. Comparando incluso con Colombia, que está de capa caída en cuanto a inversiones en el sector, el Perú ha perforado 5 pozos en el último lustro y Colombia ha perforado la misma cantidad en el último año.
Los incentivos internos han sido variados, pero también han estado presentes. Es cierto que han aparecido costos, pero Camisea ha sido un buen negocio. Tanto el gas natural como, sobre todo, el GLP han sido un negocio rentable, pero no ha sido la extracción del crudo (Salazar, 2021). De hecho, habría que preguntarse por qué el consorcio Pluspetrol no ha explorado desde el 2013 todo el lote 88 ya que se les aprobó un estudio de impacto ambiental y hasta ahora no ha perforado los pozos requeridos para encontrar otros Cashiriari o San Martín. Los incentivos han estado presentes, pero son los cálculos empresariales los que han gobernado las exploraciones, dejando de lado los intereses nacionales.
De hecho, distintos gremios empresariales han impulsado varias veces facilitar las inversiones hidrocarburíferas, proponiendo modificar la extensión de los contratos a más de sesenta años o reducir las regalías para el Estado, incrementando las potenciales ganancias empresariales y reduciendo las potenciales ganancias del Estado. Los posibles descubrimientos de gas natural ya no serían tan baratos como los de Camisea. Si se intenta modificar el marco legal para ampliar los contratos a más de 40 años, si se pretende reducir las regalías, es con la intención de que el gas de los nuevos descubrimientos sea barato, para incentivar que se explore y se perfore, no donde ya sabemos que hay gas natural. Está todo el cinturón del gas surandino donde se puede seguir explorando y arriesgando para encontrar gas.
Finalmente, se está negociando con TGP ahora una nueva adenda para la concesión por 10 años (Ministerio de Energía y Minas, 2025). TGP ha propuesto modificar una serie de cláusulas del contrato original de transporte del gas y GLP, incluso afectando la integridad corporativa y colocando en sospecha cualquier trato bajo la mesa, generando alguna sospecha de corrupción, en un país que ha estado viviendo este tipo de situación en los últimos años (Cárdenas, 2026). Lo que pretenden es reducir sus costos y aumentar las ganancias.
Cuarta lección: Ser eficientes y sostenibles
Nuestras élites quieren repetir lo que hicieron con Camisea décadas atrás, lo mismo con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri (PL N° 14288/2025-CR, 2026). Es por ello pertinente la vieja acusación del perro del hortelano (García, 2007), esa que señalaba a los ambientalistas como los que impedían que los peruanos pudieran aprovechar libremente de sus recursos naturales, aunque era más probable que con preservar nuestra biodiversidad y los derechos humanos, no dejamos que algunos cuantos se aprovechan de los bienes comunes y de los beneficios que deben tocarnos a todos los peruanos más bien. Ahora quieren extraer gas sin ninguna garantía de que no haya un impacto en los bosques amazónicos del Perú. Fuera de los argumentos científicos y del alto valor de biodiversidad que tienen estas áreas protegidas, donde habitan comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI), además de los argumentos constitucionales y legales para su protección, existen argumentos de política que vale la pena resaltar en este contexto tan complejo y de la lucha contra el calentamiento global, pues el mantener nuestro patrimonio natural se vuelve esencial para resguardar lo que nos depara en el futuro en una guerra global por los recursos naturales.
El intentar menoscabar nuestras áreas protegidas no es algo novedoso. Hace más de quince años se intentó reducir la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene para permitir realizar actividades extractivas en el Candamo y un congresista americano señaló que era contrario al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú, pues una de sus cláusulas señala que ninguna de las partes puede debilitar el marco regulatorio ambiental para justificar la promoción de las inversiones. El contexto político ha cambiado, pero no debería cambiar la interpretación de las normas, ciertamente.
Ha habido otros intentos posteriores (Gamboa Balbín, 2013), y los hechos han mostrado que los riesgos de los impactos ambientales y sociales han estado presentes en estos años por la reducción de la capacidad regulatoria del Estado. Primero, nunca se ha comprometido el Estado a mejorar sus estándares ambientales y sociales con operaciones como el ducto de alcance extendido para impedir al máximo el impacto en este tipo de áreas protegidas. Queda a discreción del operador utilizar este tipo de prácticas y no sería una exigencia mayor que la de una buena práctica.
Segundo, en estos años, se han aprobado normas para debilitar la institucionalidad y la regulación ambiental y su fiscalización y monitoreo. Esta flexibilización trae más dudas sobre si el Estado está en capacidad de velar por la seguridad de los objetos de conservación si realiza una operación petrolera en un ecosistema frágil. Finalmente, si ocurriera un daño, como ocurrió con los derrames de 5500 barriles de petróleo en la Amazonía de Loreto en ríos y bosques amazónicos (Editor Gobernanza y Gestión Ambiental, 2022; Honty, 2016; Oxfam, 2023), o medio millón de galones de petróleo, 12.000 barriles vertidos en el mar peruano en Ventanilla (Fundación Medio Ambiente y Derechos Fundamentales, 2026; Instituto del Mar del Perú, 2026), nada nos asegura que la remediación se realice con la eficiencia requerida. De hecho, la remediación histórica de la contaminación petrolera en Loreto recién se ha iniciado después de 50 años de operaciones petroleras en esa región en 2025.
Reflexiones finales
El principal problema de no priorizar “el país que queremos” nos ha vuelto a la fragilidad y a reconocer nuestra falta de planificación y a dejarlo todo al interés del mercado. Para nada es una situación nueva ni que no se hayan planteado soluciones antes (Dávila & Gamboa, 2010). Fácil es encontrar un chivo expiatorio (Villanueva, 2026), como tantas veces ha sucedido en la historia, para no discutir los temas de fondo, no identificar a los responsables de nuestros errores u obtener lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores del pasado.
No estamos en contra de aprovechar el gas natural del Perú, pero sí estamos en contra de que nuevamente se intente beneficiar a algunos con este recurso tan preciado. Esta parece ser la historia del Perú, la historia de las malas decisiones, la historia de la corrupción (Quiroz, 2019). Para evitarlo, generemos un debate transparente, amplio y franco, técnico y con propuestas para que le sirva al próximo gobierno para tomar mejores decisiones (Alza, 2026).
La salida fácil a la ruptura del ducto es construir un ducto en paralelo para tener mayor capacidad de transporte (Gestión, 2026; Tamayo, 2026), y seguro habrá presiones para que la misma concesionaria sea la misma que lo administre, sin haber hecho ningún mérito para ello. Debería licitarse y generarse una libre competencia en el transporte del gas. Pero sobre todo, evitar que sea opaco cómo se entregan las concesiones y responder a una planificación de largo plazo. Así, primero, es necesario tener una política real y estratégica que establezca reglas para priorizar el consumo nacional, que el gas beneficie a todos los peruanos, que el gas sea accesible y barato, y que sea sostenible, es decir, que no se afecten las áreas protegidas, pues aún hay mucho terreno por explorar. Asimismo, estas medidas deben estar engarzadas en una política que busque la diversificación de nuestra matriz energética; las hidroeléctricas y las energías renovables no convencionales deben pasar por estos criterios de ponderación: seguridad, equidad, rentabilidad y sostenibilidad energética (Gamboa, 2011). El Perú tuvo préstamos con el BID hace 15 años de 360 millones de dólares y se produjeron documentos de planificación (R. GARCÍA Consultores S.A. et al., 2012). Quizás no son buenas recetas, pero para algo deben servir las lecciones aprendidas de lo bueno y lo malo que ya hemos hecho. No volvamos a cometer los errores del pasado. Que nos enseñe a tomar mejores decisiones pensando en el futuro de nuestros hijos.
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